Plataforma pro Mezquita pública pide que no se perpetúen las inmatriculaciones de la Iglesia

La plataforma ciudadana Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos ha dado un paso más en su defensa de la titularidad pública del principal monumento cordobés y se ha dirigido al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedirle que dé un paso atrás con respecto a la reforma de la Ley Hipotecaria que preparaba su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón.

Gallardón dio a conocer el proyecto de reforma de la Ley Hipotecaria que, si bien eliminaba el actual artículo 206 por el cual la Iglesia ha inscrito cientos de bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad sin más certificados que los expedidos por la propia jerarquía eclesiástica, de entrar en vigor tal y como preveía el anterior ministro perpetuaría las inmatriculaciones ya hechas hasta la fecha –entre ellas la de la Mezquita de Córdoba- y no habría manera de deshacerlas de forma conjunta en un futuro.

Por ese motivo, la plataforma que defiende una Mezquita-Catedral de titularidad pública ha remitido al ministro Catalá –conjuntamente con la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro- una carta en la que solicita “la retirada inmediata de la amnistía registral que se esconde tras el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria” que actualmente tiene el Gobierno sobre la mesa.

En este escrito, al que ha tenido acceso eldiario andalucia, se refieren así con “amnistía registral” a la imposibilidad de deshacer las inmatriculaciones ya hechas por la Iglesia en cientos de bienes que ambas plataformas consideran públicos si entra en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria que preparó Gallardón. Porque, si bien con la nueva ley se considera que el artículo 206 de la actual no se ajusta a los principios constitucionales de igualdad y aconfesionalidad del Estado, nada se dice de las inscripciones hechas por la Iglesia con anterioridad beneficiándose de ese artículo.

Inconstitucionalidad y derogación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria

Así, la plataforma pro Mezquita pública solicita al ministro Rafael Catalá que “rompa la alianza que su antecesor mantenía con la jerarquía católica” y “cumpla con su deber en defensa del patrimonio público y la legalidad constitucional (…) reconociendo de manera expresa la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y, en consecuencia, su derogación desde la entrada en vigor de la Constitución Española”.

Las dos plataformas firmantes del escrito para el ministro de Justicia y apoyadas por cientos de miles de ciudadanos que han expresado su adhesión a sus peticiones, defienden “el carácter público del patrimonio cultural, histórico y artístico usurpado en todo el territorio de Estado por la jerarquía católica al amparo de una norma predemocrática e inconstitucional”.

Y asimismo, más allá de esta petición al ministro de Justicia y al Gobierno central, también se han dirigido a los grupos políticos del Congreso, el Senado y los distintos Parlamentos autonómicos con el fin de pedirles que utilicen sus medios jurídicos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria e impugnando cada una de las inmatriculaciones ya hechas.

Así, exigen a los distintos grupos parlamentarios “que actúen por las vías jurídicas oportunas para impugnar este enorme expolio cultural sin precedentes en un país democrático, cuya inconstitucionalidad han reconocido el Pleno del Parlamento de Andalucía y la mesa de portavoces del Parlamento de Navarra”.

Por eso, piden que los grupos políticos actúen “elevando un recurso directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que declare nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones ejecutadas por la Iglesia Católica al amparo de normas fraudulentas y franquistas que les permite actuar como administración pública y a sus diocesanos autocertificarse como si fueran fedatarios públicos”. Y, en segundo lugar, solicitan asimismo que impugnen “cada una de las miles de apropiaciones practicadas, con la petición a los jueces ordinarios para que eleven cuestiones de inconstitucionalidad” sobre ello.

Reunión con grupos políticos del Congreso

Para la plataforma pro Mezquita pública “existen argumentos jurídicos solventes que sostienen que es viable, necesario y urgente elevar el recurso (de inconstitucionalidad) directo”, aludiendo también así a la negativa de la Mesa del Parlamento andaluz a presentar dicho recurso de inconstitucionalidad bajo el argumento de que el plazo para hacerlo ha vencido. “En todo caso, es al Tribunal Constitucional a quien correspondería considerar o no su admisión”, dicen.

Con el fin de tratar este asunto, los representantes de la plataforma cordobesa han solicitado una reunión con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados “para informar de la gravedad de la situación y ofrecer nuestra ayuda”, ya que consideran que “los partidos políticos con representación parlamentaria tienen la misión constitucional de defender el interés público”. “Aparquen sus legítimas diferencias y sumen sus esfuerzos”, exigen.