Moreno desecha para Andalucía la quita de deuda pactada entre PSOE y ERC pero exige un fondo equivalente de 17.800 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha sido el primer barón territorial del PP en dar un sonoro portazo al acuerdo suscrito este jueves por PSOE y ERC que contempla una condonación parcial de la deuda autonómica con el Estado. Andalucía es la tercera comunidad con mayor volumen de deuda -aunque no en relación al PIB-, que supera los 38.018 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Hacienda.

El 75% de esa deuda (25.409 millones) es con el Estado, a través de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el sistema que ayudó a financiar a las comunidades cuando los mercados cerraron el grifo, en plena crisis financiera internacional. El resto es deuda con entidades bancarias.

El PSOE ha anunciado este jueves, desde Barcelona, el pacto político que puede allanar la investidura de Pedro Sánchez, que incluye “un mecanismo para mejorar la financiación de Cataluña, que será extensible al resto de comunidades, y por el que el Estado asume parte de la deuda autonómica”.

La condonación de deuda pública beneficiará a todas las comunidades de régimen común que quieran adherirse a este sistema pero, de momento, el acuerdo sólo cuantifica la quita de deuda catalana: 15.000 millones de euros, más otros 1.300 millones en intereses que el Estado habría percibido por ese dinero. En total, 16.300 millones, que representa en torno al 20% de la deuda total de Cataluña.

Ese 20% no es extrapolable al resto de comunidades porque, de ser así, el beneficio sería muy inferior para algunas regiones que no arrastran una deuda tan abultada como la Generalitat (en torno a 85.000 millones de euros). El Gobierno se ha comprometido a hacer un cálculo 'a la carta' para cada región, separando la parte de deuda vinculada al “impacto negativo del ciclo económico”, esto es la crisis financiera de 2012 que golpeó a todas las administraciones públicas, y la parte de deuda relacionada con la mala gestión en el gasto público.

Esa indefinición para el resto, frente a la concreción de la cifra exacta que percibirá Cataluña, ha puesto en pie de guerra a las 14 regiones gobernadas por el PP, con Andalucía como punta de lanza.

Andalucía, cálculo por peso poblacional

Hace sólo una semana, cuando se especulaba sobre los acuerdos que negociaba el PSOE con los independentistas catalanes a cambio de la investidura de Sánchez, el Gobierno andaluz ya anticipó que “si hay una quita de la deuda para Cataluña, Andalucía también exigirá una condonación de su deuda”, en palabras del portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.

Sin embargo, ha sido el propio presidente andaluz quien ha dado un volantazo de criterio a los pocos minutos de anunciarse el acuerdo entre PSOE y ERC: “Sánchez le perdona al independentismo 15.000 millones de deuda más 1.300 millones de intereses. Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas”, ha escrito Moreno en su cuenta de la red social X (antes Twitter), para reclamar, acto seguido, 17.800 millones de euros.

La Junta saca esa cifra calculando el “equivalente” al montante catalán, teniendo en cuenta el peso poblacional de Andalucía: “los 16.300 millones de euros para Cataluña equivalen a una condonación de 2.099 euros por habitante, según el último dato del censo de Cataluña publicado en el Instituto Nacional de Estadística. De ahí salen los 17.800 millones que reclama Andalucía, según también el último dato del censo de Andalucía publicado por el INE”, explican fuentes del Ejecutivo andaluz.

Además, la Junta mantiene la reivindicación del fondo de compensación transitoria para “recuperar los 15.000 millones en los que el actual sistema de financiación ha perjudicado a Andalucía con respecto a la media de España desde 2009”, una partida que también reclaman las otras dos regiones infrafinanciadas: la Comunidad Valenciana y Murcia.

La posición de Moreno, por tanto, se mantiene en la línea dura de confrontación del PP contra la negociación de investidura de Sánchez con los independentistas catalanes, esgrimiendo el discurso del “agravio territorial” y el alegato de la “igualdad de todos los españoles”. La Junta de Andalucía no quiere quitas de su deuda con condiciones impuestas por el Gobierno, pero sí exige el dinero. Es decir, reclama un cálculo equivalente a lo que recibirá Cataluña, basado en criterios de peso poblacional, como establece el Estatuto andaluz de Autonomía y, en parte, el actual modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014.

Los cálculos que hace Moreno son aleatorios, nada tienen que ver con los criterios que establece el acuerdo suscrito entre PSOE y ERC. Sin embargo, los términos de ese acuerdo son lo suficientemente ambiguos como para que cada comunidad extraiga sus propios números interesados. El texto dice literalmente esto: “el porcentaje de asunción de deuda autonómica por parte del Estado se determinará de manera objetiva observando el impacto en la deuda que supuso el impacto negativo del ciclo económico en la anterior crisis financiera y la posterior crisis de deuda que derivó en un deterioro de las cuentas públicas autonómicas.

En el caso de Cataluña, son 15.000 millones de euros, es decir, el 20% de su deuda pública. Fuentes del Gobierno en funciones explican a este periódico que ese porcentaje “no tiene por qué ser el mismo para todas las comunidades”. Si lo fuera, de hecho, la condonación de la deuda andaluza -cifrada en 25.409 millones- sería ostensiblemente inferior.

“Café para todos”

El Ejecutivo central admite que el peso político de los partidos independentistas catalanes ha forzado a abordar, por anticipado, el problema de la financiación autonómica, con un sistema de reparto caducado hace nueve años. Pero en el mecanismo pactado con ERC, dicen, se ha aplicado “el café para todos”, y tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana serán “las grandes beneficiarias” si deciden acogerse.

Este mecanismo, de momento, está definido en términos políticos. De prosperar, recaerá en manos del Ministerio de Hacienda, que tendrá que elaborar un decreto ley con las condiciones de refinanciación de la deuda autonómica [como ya se hizo para las entidades locales]. Ese texto legal debe ser aprobado posteriormente en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas confían en la presión que ejerzan los presidentes autonómicos del PP de las comunidades con más problemas para financiar sus servicios públicos, entre ellas Valencia, Murcia, pero también Andalucía. Sin embargo, el rechazo en bloque de todas ellas, con Moreno y el propio Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, anticipa un nuevo escenario de confrontación en una legislatura donde debe abordarse la reforma del sistema de financiación.

El debate de fondo es el de la sostenibilidad de las cuentas públicas más endeudadas del país -ayuntamientos y comunidades- en un contexto de subida de tipos de interés, que ponen en riesgo el mantenimiento del Estado del bienestar. El Gobierno andaluz ha presentado esta semana el proyecto de ley de Presupuestos para 2024, que incluye un aumento del 33% en los intereses que la Junta paga por su deuda, en torno a 200 millones de euros (es el capítulo que más crece). La condonación de deuda no sólo aliviaría el peso de la misma, también cortocircuita los intereses que genera esa deuda a 20 años vista.

El pacto de PSOE y ERC acelera el debate pendiente de la reforma del sistema de financiación autonómica, que reclaman prácticamente todos los presidentes regionales, aunque con discrepancias notorias (incluido en el seno del PP, que ahora gobierna 14 comunidades). El PSOE andaluz, que dirige Juan Espadas, ha aplaudido la medida y animado a Moreno a solicitar formalmente la condonación de la deuda de Andalucía, como proclamaba la Junta hace sólo una semana.

Los socialistas llevan la semana que viene al Pleno del Parlamento una proposición no de ley que insta al Ejecutivo de Moreno a solicitar la convocatoria de la comisión de comunidades autónomas en el Senado para abrir, precisamente, el debate de la reforma del modelo de financiación.