Moreno se suma a Ayuso y recurre ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno

Después de anunciarlo hace varios meses, el Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el llamado impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo central. El presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, se suma así al frente judicial que abrió hace dos semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera en recurrir la nueva tasa a patrimonios superiores a tres millones de euros.

El gabinete jurídico de la Junta presentará formalmente el recurso “en los próximos días”. Los argumentos jurídicos de Madrid y Andalucía son muy similares, no así el impacto económico calculado por sus gobiernos. Al presentar su recurso ante el TC, el Ejecutivo de Ayuso advirtió de que Madrid concentra tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que llega a España, cifrando la pérdida de recaudación prevista en 5.000 millones de euros. A esto sumaron otros 1.200 a 1.600 millones de patrimonio extranjero que “dejaría de invertir en la capital de España ahuyentada” por esta tasa del Gobierno de Pedro Sánchez. En total, las pérdidas que denuncia Madrid aparejada a su recurso de inconstitucionalidad rondan los 6.500 millones.

En el caso andaluz, el cálculo oficial no existe. El Gobierno de Moreno hizo un vaticinio de la recaudación que ganaría Andalucía tras suprimir el impuesto de Patrimonio -una tasa que pagaban los 19.000 contribuyentes más ricos de la región-, una caída de ingresos que teóricamente se vería compensada por la mudanza fiscal de rentas altas. Sin embargo, la Junta no ha hecho esa proyección a la inversa, ahora que el impuesto de grandes superficies invalida en la práctica la supresión de la tasa de Patrimonio.

La consejera de Hacienda, Carolina España, ha asegurado este martes que son “menos de mil personas” los que tendrán que pagar el impuesto a las grandes fortunas en Andalucía. A esa cifra se limita la población de contribuyentes andaluces que declaran un patrimonio que ronda los tres millones de euros. Esos mil andaluces están dentro de la bolsa de 19.000 contribuyentes que, hasta hace unos meses, pagaba la tasa de Patrimonio que la Junta eliminó.

Moreno entiende que la tasa a las grandes fortunas -llamada “de solidaridad”- es “un ataque frontal a la autonomía”, una tasa “ad hoc” que improvisó el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para neutralizar su decisión de eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía. El Ministerio de Hacienda anunció, de hecho, ese gravamen poco después de que el presidente andaluz anunciase en la capital de España su plan de competitividad fiscal por las rentas más altas del país, principalmente frente a Madrid y Cataluña. “No nos preocupa excesivamente la recaudación, nos preocupa la invasión de competencias y el efecto huída”, asegura España.

El cuerpo jurídico del recurso andaluz ante el Constitucional se sostiene sobre tres argumentos: la invasión de las competencias autonómicas, la vulneración del artículo 23 de la Constitución, porque el impuesto aparece un una enmienda a otra ley, lo cual “infringió” el procedimiento parlamentario impidiendo que hubiera debate y alegaciones; y la vulneración del principio de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución, “porque introduce una novedad normativa sorpresiva que impide a los contribuyentes afectados reaccionar a tiempo”.

España ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo.

Preguntada por este recurso de la Junta de Andalucía, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha transmitido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su “respeto” a la autonomía de las comunidades autónomas y su capacidad de interponer este tipo de recursos ante el Constitucional, si bien la portavoz ha destacado el modelo fiscal que abandera el Ejecutivo, que permite “avanzar en justicia social” y hacer posible la subida del salario mínimo interprofesional, aprobado este mismo martes, o el incremento de las pensiones, entre otras medidas.

Según la portavoz, ese modelo fortalecer el sistema nacional de salud, la educación pública o la formación profesional. “Para hacer todo esto necesitamos de los recursos públicos y entendemos que aquellos que más tienen más han de contribuir al bienestar de nuestro país”, ha enfatizado Rodríguez.