El Parlamento de Andalucía sancionará a los diputados por ausencias injustificadas
Los ciudadanos podrán presentar enmiendas en los proyectos de ley y proposiciones de ley si son tenidas en cuenta por un grupo parlamentario; las declaraciones de la renta y patrimonio de los diputados se publicarán en el Portal de Transparencia y las de sus cónyuges también pero sólo previo consentimiento expreso de éstos; sus señorías serán multadas por faltas injustificadas o por realizar actividades incompatibles no autorizadas; y el primer periodo de sesiones del ejercicio se prolongará hasta julio, en lugar de acabar en junio. Son las cuatro principales modificaciones que los tres partidos con representación (PP-A, PSOE-A e IU) han incluido en el reglamento del Parlamento de Andalucía con el objetivo de crecer en transparencia y participación. En total se han introducido cambios en 16 artículos.
Las más destacadas son las medidas tendentes a buscar la ejemplaridad de los diputados, como había propuesto el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, donde se incluyen las dos novedades citadas: por un lado, se les privará de algunos de sus derechos si realizan actividades incompatibles que no hayan sido autorizadas, y por otro, se les detraerá de sus sueldos dinero si su ausencia en las sesiones no está debidamente justificada, lo que determinará la Mesa de la Cámara.
El presidente ha sido el encargado de presentar este jueves las novedades, que suponen un acuerdo de mínimos dado que todos los grupos parlamentarios presentaron ideas -más o menos ambiciosas- pero sólo se han tenido en cuenta aquellas en las que ha sido posible lograr el consenso dado que se quiere aprobar por lectura única. De hecho, no se ha abordado la cuestión de las comisiones de investigación, que tanto el PP-A como IU pretendían “normalizar” para que no fueran tan insólitas (la última fue la del caso ERE y llegó tras 17 años sin ninguna), o la cuestión de que los altos cargos de la Junta de Andalucía rindieran cuentas ante la cámara, como querían los populares. Tampoco se ha eliminado el pago de extras a los diputados durante los meses inhábiles -enero y agosto- porque, según ha defendido Manuel Gracia, son diputados todos los días del año. Ha insistido en que no son dietas, sino gastos por su trabajo, “que no cesa”.
En este contexto, Manuel Gracia ha destacado la propuesta para que los ciudadanos puedan presentar enmiendas a través de los grupos parlamentarios porque se introduce por primera vez en el reglamento de una cámara en nuestro país. Quedan excluidas, eso sí, las normas que no sean de la competencia de la comunidad autónoma, las relativas a tributos y planificación de la economía, las mencionadas en los artículos 187 (deuda pública y operaciones de crédito) y 190 (presupuestos) del Estatuto de Autonomía y las de organización de las instituciones y autogobierno.
El presidente ha comparecido con los portavoces parlamentarios del PP-A (Carlos Rojas), PSOE-A (Mario Jiménez) e IU (José Antonio Castro) después de la dura negociación entre todas las partes para consensuar el documento por el que se ha felicitado por poner la institución “una vez más a la vanguardia de todos los parlamentos de España”. Ha resaltado que se ha aceptado el grueso de la propuestas que él hizo hace un año y que serán aprobadas en diciembre.
Junto a la vinculada a la participación ciudadana, ha citado la orientada a conocer la renta y patrimonio de los diputados, una información que ya han hecho pública los parlamentarios del PSOE-A e IU incluyendo las de sus parejas. De todas maneras, para publicar las autoliquidaciones del resto de cónyuges de todos se aclara que será si los mismos lo autorizan porque la ley no los puede obligar a ello.
Podrá haber plenos en julio
Esa información irá en el Portal de Transparencia, que también incluirá la agenda de los diputados. Mientras, el escaño 110, que ya se estrenó este año, obligará a incluir las ILP (iniciativa legislativa popular) en el plazo máximo de dos meses desde que se presenten las firmas para su tramitación. En cuanto a los periodos de sesiones, o sea cuándo se convocan las reuniones, siguen siendo dos, pero el primero se amplía: del 1 de febrero al 31 de julio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
Finalmente, se cambiará el artículo 62 del reglamento para crear una Oficina de Control Presupuestario que gestionará la información relativa a la ejecución de las inversiones y fondos europeos de la manera más desagregada posible, así como de los aspectos de la actividad parlamentaria que repercuta en sus ingresos y gastos. Del mismo modo, la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones pasará a llamarse Comisión Consultiva de nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones. El objetivo es que sea un órgano de asesoramiento en relación a los nombramientos que formula el Parlamento de Andalucía mientras que las funciones relativas al presupuesto que gestionaba pasan a la Mesa de la Cámara.
