El Parlamento andaluz cita a la ministra de Transición Ecológica para valorar la amnistía de regadíos ilegales junto a Doñana

El Parlamento de Andalucía citará a declarar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que comparezca el próximo 29 de marzo ante la comisión de Fomento que evalúa una proposición de ley para legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. La iniciativa ha llegado a la Cámara de la mano de PP, Ciudadanos y Vox y sin informe previo del Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno, que se ha mostrado públicamente a favor.

La medida, en cambio, ha desatado el rechazo tanto del Ejecutivo central y las asociaciones ecologistas como de la Comisión Europea y la Unesco, que han advertido por escrito a España de posibles sanciones millonarias en caso de que ésta prospere. Moreno se ha distanciado de las críticas y de la propia iniciativa legislativa, que ha atribuido a los grupos que sostienen a su Gobierno, y ha emplazado este debate al trámite parlamentario.

El primer paso ha sido que los grupos políticos registren su solicitud de comparecencia a los agentes sociales y organizaciones implicadas, un listado amplio de nombres e instituciones entre los que destacan miembros del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, alcaldes onubenses, asociaciones ecologistas, agricultores de la zona... La comisión de Fomento, reunida a puerta cerrada, ha decidido este miércoles el criterio para seleccionar a los comparecientes: se citará a todos los que hayan sido solicitados por más de un grupo parlamentario. La ministra Ribera, que ya se ha manifestado pública y rotundamente en contra de la amnistía a los regadíos cerca de Doñana, aparece en la lista de PP, Ciudadanos y Vox, pero no en la del PSOE, su propio partido.

Los socialistas andaluces se abstuvieron en la votación en el inicio de la tramitación de esta iniciativa legislativa, provocando un cisma con el PSOE federal y el Gobierno de Pedro Sánchez. Su secretario general, Juan Espadas, optó por una posición intermedia, a medio camino entre el rechazo visceral de los ecologistas y la defensa que arguyen los alcaldes de los municipios donde se ubican los regadíos ilegales -Rociana del Condado, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Almonte-, la mayoría de ellos socialistas.

También se repite -en la lista de PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox- el Consejo de Participación de Doñana, órgano adscrito a la Consejería de Agricultura, que dirige Miguel Delibes de Castro. Delibes, probablemente la voz más autorizada en materia de conservación del Parque Natural, recibió el pasado 28 de febrero la medalla de Andalucía de manos del presidente Moreno. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz sorteó el informe preceptivo del Consejo de Participación de Doñana sobre la iniciativa de los regadíos al no impulsar la medida como proyecto de ley, sino delegando en los grupos PP, Ciudadanos y Vox la autoría de una proposición de ley.

Ribera, en contra

El listado definitivo de comparecientes se publicará en el registro del Parlamento andaluz este jueves. Cada uno intervendrá durante 20 minutos y responderá a las preguntas de todos los grupos. Los citados a declarar no tienen la obligación de acudir y, en el caso de la ministra, hay ya jurisprudencia al respecto que niega a un parlamento autonómico la competencia para llamar a declarar a un miembro del Gobierno.

No obstante, la repercusión internacional que ha tenido la propuesta de amnistiar regadíos ilegales junto a Doñana -con advertencias notorias a España de la Comisión Europea y de la Unesco- sugiere que la vicepresidenta tercera podría querer dejar patente su no rotundo en el diario de sesiones del Parlamento andaluz, e instar a los grupos proponentes a retirar la iniciativa para no exponerse a las sanciones europeas. El Ejecutivo central ya adelantó que recurrirá la norma andaluza en los tribunales si termina siendo aprobada por el Parlamento.

Sin embargo, la citación del martes 29 de marzo coincide con el Consejo de Ministros en el que está previsto que se aprueben medidas de calado para bajar los precios de la luz, el gas y los carburantes, medidas en las que la ministra Ribera está directamente implicada y que concentran ahora toda la atención política del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con todo, la Cámara andaluza puede habilitar su comparecencia telemática si así lo solicita.

La comisión de Fomento también citará a todos los alcaldes onubenses de los municipios afectados, a propuesta de todos los grupos, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; la presidenta de la Diputación de Huelva; diversas organizaciones ecologistas (WWF); la comunidades de regantes de Huelva y de El Fresno; la Asociación onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva); los sindicatos CCOO, UGT, Asaja y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) o la asociación de agricultores Puerta de Doñana.

La lista de comparecientes promete un cruce de opiniones e intereses enfrentados difíciles de conciliar. Hay alcaldes que están a favor de la medida, porque tienen a agricultores en sus municipios afectados por la calificación de los suelos que se hizo hace más de una década, cuando se aprobó el llamado Plan de la Fresa, negándoles un derecho al regadío que ya tenían. Otros alcaldes se oponen a recalificar suelos de agricultores que llevan años esquilmando el acuífero de Doñana, porque pondría en riesgo la marca ecológica de la fresa onubense en los mercados europeos, y terminaría dañando a los que han respetado la ley todos estos años.

Este mismo cisma se encuentra en administraciones donde gobierna el PSOE, como la Diputación de Huelva, partidaria de la medida, mientras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -a quien corresponde autorizar el uso del agua en esas tierras- ya se ha manifestado en contra, porque “no hay más agua disponible”.

Lista de excluídos

En la lista de excluídos por no haber coincidido en las solicitudes de más de un grupo parlamentario también aparecen nombres significativos, por ejemplo, todas las comunidades de regantes de Almonte, de Matalagrana y de El Fresno Guadalquivir, y una organización agraria de primer orden como la COAG. Son citaciones incluidas por el PSOE, que consideraba fundamentales para defender su posición de equilibrio respecto a la proposición de ley. Los socialistas no han consensuado ni negociado su lista con Unidas Podemos, el único grupo que votó en contra de la tramitación. De haberlo hecho, quizá el número de comparecientes sería otro.

Hay nombres excluídos en las listas de todos los partidos: no intervendrá, por ejemplo, ningún representante de la Unesco ni de la Estación Biológica de Doñana, ni el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ni la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa). Tampoco ningún miembro de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva -la comisión que gestiona la iniciativa pertenece a Fomento, porque la Junta esgrime que es un asunto de recalificación de suelo, aunque la consecuencia sea la posibilidad de legalizar regadíos- ni el director de la Estación Biológica de Doñana.