El Parlamento de Andalucía defiende que los entes locales mantengan las competencias en servicios sociales

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley defendida por el PSOE-A en la que aboga por que las entidades locales mantengan las competencias en servicios sociales que, de acuerdo con la Ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de la Nación, a partir del 31 de diciembre de este año pasarían a ser asumidas por la comunidad autónoma. Este primer punto de la citada iniciativa ha contado con el apoyo de PP-A, Podemos y C's y la abstención de IULV-CA, mientras que el segundo de ellos ha sido rechazado por PP-A y apoyado por Podemos y C's, mientras que IULV-CA ha vuelto a abstenerse.

En virtud del este segundo punto, el Parlamento insta a la Junta a que reclame al Gobierno central que derogue la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley, en la que se señala que, “con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.

Según la Ley de reforma local, las comunidades asumirán la titularidad de esas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por municipios, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra entidad local.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que es fundamental que la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía andaluza se realice tanto por parte de la comunidad autónoma como, especialmente, por parte de las entidades locales, al ser éstas las administraciones más cercanas.

Pérez ha recordado que varias comunidades han interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de reforma local del Gobierno del PP, mientras que ha contado con más de 2.300 municipios españoles, ya que supone, entre otra “graves consecuencias, poner en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios sociales locales al resultar imposible asumir dicha gestión” por parte de las administraciones autonómicas.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Mestre ha indicado que los socialistas no vienen a decir nada nuevo con esta iniciativa que se suma a la lista de “cientos de mentiras” sobre la reforma local. En su opinión, el PSOE-A intenta “de forma demagógica amedrentar y meter el miedo en el cuerpo a los trabajadores sociales y a las corporaciones locales para conseguir un puñado más de voto en las generales”.

Mestre, que ha recordado que el actual sistema de financiación “no es del PP”, ha insistido en que la única explicación a que el PSOE-A traiga esta iniciativa al Parlamento es la confrontación ante la cercanía de las elecciones generales. “Confrontan permanentemente con un gobierno valiente y que en momentos de crisis ha sido capaz de arreglar las cuentas y de poner orden acabando con las duplicidades, tal y como nos han pedido los ciudadanos”, ha apuntado.

En su turno de palabra, la diputada de Podemos Esperanza Gómez ha asegurado que su grupo va a apoyar esta proposición no de ley porque están a favor de la derogación de la reforma local, una normativa que ha puesto en una situación “crítica” la continuidad de los servicios sociales. “Se trata de una reforma que lejos de buscar una mejora o refuerzo de estos servicios pone en peligro derechos reconocidos por ley”, ha señalado Gómez, quien ha acusado al Gobierno de Rajoy de apostar por un modelo asistencial “más propio de otros tiempos”.

Por su parte, la parlamentaria de C's Irene Rivera ha asegurado que los gobiernos locales se han sentido “castigados y de alguna manera intervenidos” durante el Gobierno de Rajoy y ha celebrado que dicho Ejecutivo haya dado “marcha atrás” con la reforma local, aunque se ha preguntado si se trata de una clave “electoralista”. Junto a ello, ha abogado por poner medios para evitar duplicidades entre las administraciones y para establecer con claridad las competencias.

Finalmente, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha defendido las dos enmiendas presentadas por su formación en la que piden instar al Gobierno de la Nación a aprobar un modelo de financiación que asegure la suficiencia financiera de la administración local; y que la Junta asegure el abono de los programas puestos en marcha por los ayuntamientos al tiempo que se están desarrollando, evitando así la asfixia económica de muchos entes locales. Ninguna de ellas han sido aceptadas.