Polígono del Valle, un barrio de aluvión con un 70 por ciento de paro
El Polígono del Valle en Jaén es lo que en Sociología se llama un barrio de aluvión, un lugar en el que, en sucesivas oleadas, se construyeron viviendas de promoción oficial que iban ocupando familias venidas de otros puntos de la ciudad o la provincia. Empezó a gestarse hace cuatro décadas y hoy lo habitan alrededor de 10.000 personas. Casi una décima parte de la población de la capital (117.000 habitantes). Siempre ha sido foco de atención como zona de actuación preferente para las administraciones, lo que no siempre se ha traducido en acciones concretas. Así lo perciben en el barrio.
El año pasado, la asociación de vecinos ‘Passo’ realizó un estudio de necesidades en la zona. Constató que el 70 por ciento de las personas en edad de trabajar no tenía empleo. La tasa se había disparado un 20 por ciento en sólo un año. Una tasa que doblaba la estadística provincial y casi triplicaba la nacional. “Puede que ahora esas cifras sean aún mayores”, subraya José Ignacio Gámez, vicepresidente de la asociación.
Para los vecinos no hay duda. El 96 por ciento cree que el paro es el principal problema al que se enfrentan. El estudio constata que 4 de cada 10 desempleados llevan más de 2 años en paro y que 1 de cada 3 familias tiene a todos sus miembros desocupados. Esos datos ponen de manifiesto el riesgo de exclusión que afecta al barrio. Sin embargo, la Junta lo ha dejado fuera del decreto. El argumento de la consejería de Salud y Asuntos Sociales es que “el Ayuntamiento, desde 2004, no ha pedido subvenciones para el Polígono”, explica José Ignacio Gámez.
Ni el Partido Popular en 2004, o desde 2011, ni el PSOE e Izquierda Unida durante el periodo 2007-2011, renovaron una esa solicitud. No obstante “como barrio, ahora mismo, tenemos un proyecto desarrollándose en el marco de la resolución de barriadas con necesidades de transformación social de la Junta”, por lo que no se explican cómo han sido descartados en un decreto que podría aliviar a muchas familias.
La asociación ha reclamado a la consejería su incorporación al decreto de exclusión. De momento, la Junta les ha dicho que los criterios de aplicación dependen del Ayuntamiento. Y desde el Consistorio, que “estamos en igualdad de condiciones con otros barrios”. Por eso “estaremos atentos, para que cuando salga, nos tengan en cuenta”.
En la encuesta realizada entre los vecinos hace un año, un alto porcentaje (más del 60) señala también como problema grave la droga. “Pero es más una percepción que una realidad, ahora mismo no es un problema gordo”. Sólo algunos casos de “trapicheo”, admiten en la asociación, sin parangón con los conflictos generados por tráfico y el consumo durante la década de los 80.
Sin embargo el temor es acercarse peligrosamente a la exclusión y que eso desencadene nuevos problemas. Hace unos días, el Partido Socialista hablaba de un barrio al borde del estallido social y señalaban un área concreta, conocida como las 60 viviendas –dos bloques de alquiler social- a las que la Junta asignó una mediadora social que, hace más de un año, a la luz de los primeros recortes, desapareció. Dependía, de la delegación de Obras Públicas. El entonces delegado, Rafael Valdivielso, lo ha admitido. La asociación prefiere hablar de opciones a señalar puntos negros y lo que reclama, para todo el barrio son acciones urgentes “porque las familias merecen una convivencia digna”.
La asociación vecinal no se detiene en peticiones. Hace tiempo que crearon una comunidad de barrio para atender a los vecinos, con todos los colectivos sociales que trabajan a pie de calle. Cuando sus miembros acuden a la comisión mixta que mantienen con la Junta y el Ayuntamiento lo hacen con proyectos bajo el brazo. “No son graznidos al viento, son propuestas que pueden hacerse si se administran los recursos que ya existen”, argumenta José Ignacio Gámez.
Piden, por ejemplo, becas y monitores para un curso de cocina del que salga personal cualificado y comida para abastecer necesidades básicas en lo que han llamado “olla comunitaria”. En paralelo, la creación de un huerto urbano, para el que el Ayuntamiento había comprometido un solar. “Nos han dicho que da problemas desde el punto de vista de la licitación”, aclara Gámez. Casi todas las intervenciones que se han desarrollado siempre en el Polígono “atienden al factor urbano, pero lo que de verdad hace falta abordar y en lo que hay que centrarse es en el factor humano”, explica Gámez. Eso buscan con esta mezcla de formación y subsistencia.
Para Passo muchos de los problemas que dependen del Ayuntamiento se resolverían con una medida: “que cumpla el programa electoral”. La asociación vecinal conserva el folleto de propaganda de los 5 compromisos del PP con el barrio:
- En materia de empleo prometieron “un programa específico en diversos ámbitos” para “facilitar la inserción laboral y atender las necesidades básicas de las familias en riesgo de exclusión social”.
- “Exigir y colaborar con la Junta de Andalucía en la rehabilitación de la comunidad de las 60 viviendas”.
- “Impulsar la actuación urgente” que necesitan otras 876 viviendas.
- “Plantear un plan de construcción de equipamientos básicos” (un centro de día, una guardería…).
- “Intervenir en la adecuación final de las pistas deportivas y proceder a la apertura de los vestuarios”.