Rafael Gómez, de nuevo alcaldable si la justicia no lo impide
El empresario y concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el partido Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, ha anunciado ya su voluntad de concurrir como candidato para ocupar el sillón de la alcaldía de la capital cordobesa en las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. Y lo hace pese a haber sido condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho activo dentro del conocido caso Malaya, pese a estar imputado por no pagar 70 millones en impuestos y pese a ser el mayor deudor del propio Ayuntamiento de Córdoba con una multa de 20 millones de euros por la construcción de unas naves ilegales, las naves de Colecor.
La Ley Electoral actual no impide, de momento, que se presente a los comicios locales. Porque sólo señala que son inelegibles los condenados a una pena que les inhabilitara para cargo público –cosa que no es el caso- o bien si tuviera sentencia firme sobre la condena privativa de libertad por seis meses. Pero Gómez –y también la propia Fiscalía Anticorrupción- recurrió la sentencia del caso Malaya ante el Tribunal Supremo y éste aún no ha dictado su decisión firme ni se espera que lo haga en varios meses.
En el caso Malaya, Rafael Gómez fue condenado, junto a otras 150 personas, por la Audiencia Provincial de Málaga en la mayor causa contra la corrupción hasta entonces en España. Ese volumen ha hecho que el Tribunal Supremo ya haya advertido de que su sentencia se retrasará hasta 2015 por la complejidad de la causa. Eso sí, en el recurso, el fiscal pide que la pena de Gómez suba a 18 meses de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización por un delito de cohecho activo.
El empresario está pendiente así de cuándo y en qué términos se pronunciará el Tribunal Supremo, pues la sentencia firme sí podría suponer la inhabilitación para presentarse como candidato a la alcaldía. Gómez, en cualquier caso, se muestra decidido a concurrir a los comicios con su especial personalidad y ha llegado a decir que ganará las municipales y alcanzará los 80.000 votos en la ciudad.
Su particular encuesta no es otra que el boca a boca: “Es muy fácil, si en 2011 nos votaron 25.000, con que estos se lo digan a dos personas de su entorno ya tenemos 75.000″, dijo hace unas semanas en la presentación del ala joven de su partido. En UCOR, su liderazgo no está cuestionado ya que él mismo creó el partido a su imagen y semejanza. Lo que estaría por ver es si, sin Gómez, el partido seguiría adelante con sus propósitos.
Multado con 20 millones por el Ayuntamiento al que representa
Multado con 20 millones por el Ayuntamiento al que representA la espera de una condena en firme en el caso Malaya, también se da la circunstancia de que el empresario es el mayor deudor del Ayuntamiento en el que está sentado como jefe de la oposición. La construcción sin licencia de unas naves en 2005 le acarreó una sanción de 24,6 millones por parte del consistorio cordobés, recurrida hasta la saciedad por Gómez que nunca se ha mostrado dispuesto a pagarla; ni esa multa, ni otros 6,5 millones de euros que debe al Ayuntamiento en otros conceptos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció en febrero pasado sobre la sanción por las naves ilegales, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la constructora de Gómez –Arenal 2000-, y rebajándola en 4,6 millones de euros. Al final, la sanción se ha quedado en los citados 20 millones pero el empresario ha seguido insistiendo en que no pagará y ha llegado a acudir al Tribunal Constitucional.
El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, ante la negativa del concejal a abonar su deuda, inició este verano pasado un nuevo capítulo de la causa con el embargo de bienes de Rafael Gómez como medida cautelar hasta que la sanción sea firme. Cinco fincas urbanas y otras tres rústicas le han sido embargadas preventivamente.
A esta situación se suma que Hacienda le reclama a Gómez y su familia casi 70 millones de euros de impuestos no pagados a lo largo de cuatro años. El empresario, su mujer y sus cuatro hijos fueron imputados por un presunto delito contra la Hacienda pública, acusados de haber dejado de pagar 69,9 millones de euros en el IRPF entre los años 2003 y 2006, ni pagar tampoco el importe del impuesto de sociedades de sus empresas en los mismos ejercicios.
