El Gobierno reprocha a Moreno las “cuantiosas multas” y el daño ambiental que provocará el indulto de regadíos en Doñana

La proposición de ley impulsada por PP, Cs y Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno de Doñana (unas 1.600 hectáreas según los proponentes que WWF eleva a 1.900) empieza este miércoles su tramitación en el Parlamento andaluz, pero en paralelo su destino se está jugando en cartas oficiales. Tras una primera de la Unesco y una segunda de la Comisión Europea expresando su preocupación por el impacto de la medida en el parque nacional, ahora ha sido el Gobierno central el que le ha remitido una misiva directamente al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), en la que apela al “interés general” y a su “sentido de responsabilidad” para que “desista” de esta iniciativa legislativa.

La carta -a la que ha tenido acceso este periódico- la ha remitido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (PSOE), y en ella le insta a dar un paso atrás “ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior” que puede conllevar esta iniciativa. De paso, le recuerda la necesidad de que sea “compatible con la legalidad europea” cualquier medida que ponga en marcha el Gobierno andaluz para la diversificación económica y la generación de empleo.

En su mensaje, adelantado por la Cadena SER, la vicepresidenta se centra en la carta remitida por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en la que expresa su “honda preocupación” y “desconcierto” por esta proposición de ley. España ya fue sancionada el pasado verano por el Tribunal de Justicia Europeo por no preservar Doñana, y la propuesta de PP, Cs y Vox conlleva el “serio riesgo” de una nueva denuncia de la Comisión ante el mismo organismo “y culmine en cuantiosas multas, que se reiterarían en el tiempo hasta que la situación se corrigiera”.

“Responsabilidad económica en la Junta”

De paso, Ribera le recuerda a Moreno que estas sanciones conllevarán un perjuicio al Tesoro público y que habrá una “repercusión de esa responsabilidad económica en la Junta”. Asimismo, incide en “el daño grave para la credibilidad internacional de España”, ya que en su carta la Comisión se plantea “cuestiones relativas al respeto al Estado de derecho por parte de las autoridades españolas”.

Asimismo, le acusa de invasión de competencias, ya que todo lo que afecta a las aguas de la cuenca del Guadalquivir “interfiere de forma palmaria en la competencia exclusiva del Estado”. Y subraya que la iniciativa legislativa “genera una falsa expectativa introduciendo un ficticio futuro de ampliación de la superficie de riego”.

Respaldo expreso del Gobierno andaluz

La proposición de ley de PP, Cs y Vox ha contado con el respaldo expreso del presidente andaluz, cuyo Gobierno además no ha pedido a sus servicios jurídicos un informe previo sobre la iniciativa. El objetivo es modificar la Ley Forestal de Andalucía y el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, más conocido como Plan de la Fresa, que en 2014 determinó qué tierras de este entorno se consideraban de regadío y cuáles no. Esto no ha impedido que se haya mantenido el saqueo ilegal de agua del acuífero, lo que derivó en 2021 en una primera sanción del Tribunal de Justicia Europeo.

Ahora lo que se pretende es que agricultores que llevan años esquilmando los recursos del parque nacional puedan tener derecho a recibir agua, una amnistía de la que se beneficiaría una superficie no concretada. El proyecto legislativo apunta a 1.600 hectáreas, aunque ahora sus impulsores han rebajado la cifra hasta 800, los ecologistas de WWF han presentado un estudio técnico que calcula que serán 1.900 y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir maneja el dato de algo más de 1.400 hectáreas. Una proposición, en todo caso, que ha desatado la guerra por el agua entre los agricultores de la comarca, que está teniendo un amplio eco internacional y que ha puesto en alerta a las principales instituciones europeas.