Susana Díaz exige a Pedro Sánchez que “presione” a otras comunidades para que ayuden con el repunte migratorio
La Junta de Andalucía acudirá mucho más beligerante a la próxima reunión monográfica sobre menores inmigrantes convocada para el próximos 5 de septiembre por la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón. La Conferencia sectorial de Migraciones de esta semana se saldó sin adoptar medidas concretas para aliviar la presión migratoria que sufren las costas andaluzas y con el portazo de la mayoría de comunidades autónomas, que se negaron a compartir la responsabilidad de acoger a menores extranjeros no acompañados (Andalucía tutela al 36% de los casi 8.000 acogidos en España).
A la “insatisfacción” de Andalucía por el “fracaso” de la reunión entre Gobierno y comunidades se ha unido el fenómeno del Open Arms. El buque que pilota la ONG catalana, con 87 inmigrantes a bordo (12 menores, seis de ellos no acompañados), fue derivado por el Gobierno hasta el muelle de San Roque (Cádiz), en dependencias próximas al puerto de Algeciras, adonde han llegado este jueves por la mañana. En paralelo, otro centenar de inmigrantes han sido rescatados de pateras en el Estrecho y conducidos por Salvamento Marítimo al mismo punto, donde acaban de abrir un centro de acogida de migrantes. El Gobierno de Susana Díaz, que está recibiendo críticas de los municipios costeros más afectados por la presión migratoria, ha ido progresivamente endureciendo el tono de protesta contra la Administración de Pedro Sánchez.
Andalucía se queja enérgicamente de “la falta de solidaridad” de las comunidades autónomas por su rechazo a compartir la atención a los menores inmigrantes (sólo Extremadura y Comunidad Valenciana tendieron la mano en la pasada comisión sectorial). Primero fueron las consejeras andaluzas presentes en dicha comisión -la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio y la de Justicia, Rosa Aguilar- quienes acusaron a las regiones vecinas de insolidarias y reclamaron una “coordinación nacional” al Gobierno.
Ahora es el número dos del Ejecutivo andaluz, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, quien apela directamente a su homóloga en Moncloa, la vicepresidenta Carmen Calvo, reclamándole “un plan integral” que aborde la presión migratoria “como país”. Andalucía está pidiendo al Gobierno central que obligue a las comunidades a compartir la responsabilidad y el gasto que supone la atención a menores inmigrantes, y que no permita que vuelvan a “ponerse de perfil”. “El Gobierno debe presionar a las comunidades para que se impliquen más en este problema”, ha dicho, en declaraciones a Efe.
Jiménez Barrios ha lamentado que en la última Conferencia Sectorial de Migraciones, celebrada el pasado lunes en Madrid, “no se diera una respuesta satisfactoria a esta situación y nuestro esfuerzo presupuestario no se viera comprometido”. El vicepresidente ha trasladado directamente a la número dos de Moncloa, la vicepresidenta Carmen Calvo, que la Junta defenderá en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, el 5 de septiembre, la necesidad de que haya una “responsabilidad compartida” entre todas las regiones y más recursos económicos para atender a las personas que llegan a la costas andaluzas, especialmente de los menores no acompañados.
Coincidiendo el desembarco en Algeciras de 87 inmigrantes rescatados por la ONG Proactiva Open Arms, ha garantizado que el Gobierno andaluz va a seguir atendiendo como se merecen a estos menores “en condiciones de dignidad y respeto” y ha abogado por un “establecer un plan integral como país, donde las comunidades compartan entre todas la atención de los menores no acompañados”.
“Somos conscientes de que el anterior Gobierno del PP actuaba sin previsión e improvisaba en estos asuntos. Ahora tenemos un Gobierno más comprometido y debe entender que no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad de éstos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas”, ha lamentado.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio han llegado a las costas andaluzas más de 3.700 menores. Según el vicepresidente, “sería un magnífico ejemplo para la Unión Europea, que aquí todas las comunidades pudiéramos colaborar para solucionar este asunto”. Jiménez Barrios se ha mostrado convencido de que el nuevo Gobierno de España “tiene capacidad de hacerlo y debe hacerlo en la Conferencia Sectorial del día 5 de septiembre”.
