Los trabajadores del campo, como bien se ha demostrado durante la pandemia, son fundamentales en la para la sociedad por su participación necesaria en la cadena alimentaria. La importancia de la agricultura y de las empresas agroalimentarias debe estar acompañada, por tanto, de unas buenas condiciones para sus trabajadores. Trabajadores temporeros se desplazan estas semanas por las diferentes provincias para poner mano de obra en las campañas agrícolas. Las condiciones de trabajo no son siempre las mejores y la pandemia no ayuda. UGT pide a las administraciones públicas que la precarización no siga siendo la tónica habitual y que los temporeros puedan llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad y cumpliendo los protocolos que establecen las autoridades sanitarias para evitar contagios.
UGT-FICA pide que ayuntamientos y patronales faciliten el alojamiento de los trabajadores desplazados en establecimientos como albergues, hostales u hoteles para garantizar su salud y seguridad, así como un transporte seguro hasta las explotaciones agrarias. No es una cuestión baladí ya que, pese a la pandemia, las exportaciones agroalimentarias españolas crecieron entre enero y septiembre de 2020 un 5,8% y necesitan mano de obra.
Aparte de eso, el sindicato también exige a la patronal la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional a todos los trabajadores del campo, como sucede en el resto de sectores productivos. El Gobierno de España pasó el SMI de 735,90 euros brutos mensuales en 14 pagas a 900 euros. Así lo ha corroborado el Tribunal Supremo, que el pasado octubre reconoció el derecho a los trabajadores del campo a cobrar el salario mínimo, rechazando el recurso de cuatro empresas onubenses de frutos rojos contra la subida establecida.
Por tanto, el salario de los eventuales y temporeros tiene que aumentar, según se desprende la resolución judicial. Es más, el SMI ya está en 950 euros y desde UGT se está reclamando que suba a 1.000 euros. La negativa a la aplicación del nuevo SMI supuso en 2019 un menoscabo de cuatro euros en cada una de las 110 millones jornadas laborales declaradas en España, según los cálculos del sindicato. En resumen: los trabajadores del campo dejaron de percibir 440 millones de euros en 2019.
Más inspectores de trabajo
Al sindicato le preocupa, en ese sentido, que buena parte de los empresarios agrícolas españoles prefieren contar con trabajadores inmigrantes y les ofrezcan peores condiciones laborales y salarios más bajos. A ese respecto, UGT considera que las administraciones no logran cubrir la demanda de empleo agrario pese a que muchos desempleados se inscriben en las oficinas de empleo para trabajar en el campo. Según las cifras que maneja el sindicato, solo en Andalucía más de 8.000 trabajadores siguen esperando a ser llamados para un contrato de trabajo. El sindicato pide un incremento de la vigilancia para detectar las bolsas de fraude, más inspectores de trabajo y la creación de la figura del delegado sectorial para que pueda defender los derechos laborales en aquellas fincas donde no hay representación sindical.
Con todo, la situación de pandemia hace centrar los ojos en evitar contagios. Desde UGT valoran la decisión del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, de reactivar las comisiones de coordinación sobre las temporadas agrícolas. Pero siguen viendo necesario garantizar que los problemas de la pasada campaña no vuelvan a repetirse. Según el sindicato, unos 150.000 jornaleros se desplazan por España en los meses de más campañas agrícolas. Actualmente, la recogida de cítricos y el fin de la campaña del olivar centran los esfuerzos, pero para la fresa, por ejemplo, se prevén 15.000 personas para Huelva.
UGT, asimismo, tiene solicitada una reunión con la dirección provincial del Servicio de Empleo Estatal para tratar en profundidad que preocupa al sindicado desde hace tiempo: la situación que tienen que atravesar los trabajadores del sector agrario que pasan de estar contratados de manera eventual, con contratos por campañas, a establecere como fijos discontinuos.
Otra cuestión laboral es la que viene afectando a las envasadoras almerienses, que reclaman su derecho a la conciliación laboral y familiar, y que les llevó a la huelga a finales del pasado año. El sector del manipulado hortofrutícola en la provincia de Almería, con unas 25.000 trabajadoras, cuenta con unos horarios “infinitos”, como ya informó este periódico, siguen reclamando el desbloqueo de la Negociación Colectiva del Convenio del Manipulado que lleva desde 2018 sin renovarse.
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