Crecen un 20% los casos de acoso escolar en Andalucía pese a una década de protocolos

El Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía ha reunido solo dos veces a su consejo rector desde su creación hace una docena de años, su último informe anual es de nada menos que de hace cinco cursos y, además, si se compara con las cifras hechas públicas hace unos días por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, a partir de datos de la Inspección General de Educación, se ha producido un incremento del 20% de los casos de acoso escolar. 

De este modo, ese observatorio, creado para “proponer la realización de estudios e investigaciones”, identificar “los factores de riesgo” y proponer “acciones efectivas para detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la violencia”, documentó en el curso 2014-2015 -el último informe que hizo público- un total de 358 casos de acoso escolar (0,03% del alumnado). El consejero, en su última comparecencia en el Parlamento de Andalucía, ha desvelado 432 episodios el pasado curso (0,04%). En los dos casos, la misma franja de edad como la de mayor incidencia: entre los 12 y los 15 años, y en un 80% de los casos, los episodios están protagonizados por varones.

Teniendo en cuenta que se trata de la comunidad autónoma con más centros de enseñanza (unos 3.500), Javier Imbroda habla de de incidencia “minoritaria”. Pero el problema está lejos de ser menor para los que padecen una realidad que en ocasiones ha terminado en el suicidio de la víctima en nuestro país. Se da la circunstancia, además, de que, pese a que existe protocolo de acoso escolar, la Junta de Andalucía sigue sin contar con un registro sistemático de los casos que permita evaluar periódicamente la incidencia y comprobar si las medidas para erradicarlo están resultado eficaces.

Nuevas vías de colaboración

Lo reconoce el consejero, quien lamenta que la Consejería de Educación y Deporte “no haya dispuesto en todos estos años” de un registro claro y cuantificado de los actos de acoso escolar. De hecho, consciente de las debilidades en la materia, ha prometido la constitución de los equipos provinciales de seguimiento del acoso escolar, y también del ciberacoso, y la puesta en marcha del programa de prevención Con Red Andalucía, diseñado por profesorado experto del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi) de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Jaén. Y también garantiza la reactivación del observatorio con dos reuniones anuales por lo menos.

Lo recoge también una respuesta de su departamento vía portal de la transparencia, donde se aclara que la Inspección General de Educación y la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia “han iniciado una vía de colaboración a fin de diseñar un módulo de recogida de información que permita desarrollar una recopilación sistemática y objetiva de aquellos datos para un tratamiento útil e interoperativo”.

El diputado del PP Rafael Caracuel, a quien respondía Javier Imbroda, remarca que “el acoso escolar no son casos aislados ni un problema residual”. Se remite a cifras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, que hablan de 1.447 casos registrados en Andalucía los últimos seis años, lo que supone más de uno diario. 

“Hay niños que sufren”

Lo corroboran en el Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar donde son muy críticos. Su director, Rafael Romero, califica de “farsa” los protocolos de la Junta de Andalucía y recrimina que inspectores y centros de enseñanza “miran para otro lado mientras hay niños que sufren”. Expone que los colegios e institutos no quieren reconocer los casos de acoso escolar que se producen en los mismos porque “el atentado contra la seguridad del menor sería responsabilidad de ellos”. Habla de “auténtico terrorismo escolar”, con casos que desfilan por su consulta de “niños que se quieren suicidar o familias que se han tenido que ir a vivir a otro país”. 

En este sentido, cree que se evita “hacerle frente a las familias de los acosadores, porque en muchos casos son más violentas todavía que los menores y amenazan a profesores o directores de los centros de enseñanza, que prefieren inhibirse o abordar la cuestión con los familiares de la víctima”. Insiste en que “no es sólo un problema de educación, sino de seguridad” y lanza la siguiente reflexión: “Si las autoridades no quieren o dicen que no tienen presupuesto para hacerle frente a este problema, con un compromiso real de vigilancia en los recreos, en los baños y en las demás áreas ocultas donde esto se produce, que no obliguen a los padres a llevar a sus hijos al colegio o al instituto. No puede ser que un padre entregue a un niño en un estado físico, psicológico y emocional y lo recoja totalmente destrozado”.

Las expulsadas son las víctimas

De hecho, sólo hay unos primeros datos -sistematizados por cinco de las ocho provincias de Andalucía- que confirman que las víctimas tienen muchas más posibilidades de verse obligadas a cambiar de centro de enseñanza que los responsables de las agresiones, según la información facilitada a través del portal de transparencia por la propia Consejería de Educación y Deporte. 

Se trata de cifras de las delegaciones territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Almería, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, que han registrado datos correspondientes al curso 2018-2019 gracias a procesos de recopilación de información internos puestos en marcha recientemente y que se prevé que vaya extendiéndose como manera de funcionar a las demás.

Con esos datos facilitados por las cinco provincias puede darse una pincelada de situación. En concreto, los de Huelva y Jaén no registraron ningún caso el pasado curso en el que fuera necesario cambiar de centro de enseñanza a menores por estos hechos, mientras que hubo tres traslados en Almería, siete en Córdoba y 12 en Sevilla. Suman los 22 cambios de centro de enseñanza contabilizados en Andalucía por las provincias que se han adelantado en esta sistematización y en 14 de esos casos fue la víctima la que dejó el colegio o el instituto. 

Datos fiables

El propio Defensor del Menor de Andalucía lo advertía en el informe que sobre acoso escolar y ciberacoso presentó hace tres años, y la cosa sigue igual en la comunidad autónoma. “Hemos comprobado con nuestra investigación la escasa efectividad de las respuestas que desde los poderes públicos se están ofreciendo a nuevas realidades que surgen en el seno de la escuela como son el ciberacoso, la violencia de género en las aulas o el incremento de los casos a edades cada vez más tempranas. Hemos sido testigos de las dificultades con las que se encuentran los profesionales de la educación para aplicar en su integridad los protocolos contra el acoso escolar. Y no hemos podido conocer la incidencia real de la violencia por no contar la administración con un sistema apropiado de recogida de datos”, reconoce esta institución en su estudio. 

“Poder contar con datos fiables no es una cuestión baladí. Un análisis riguroso de las estadísticas permitirá tener un conocimiento cabal, ajustado y realista del problema de la conflictividad escolar y, en consecuencia, que se puedan adoptar medidas eficaces y útiles para luchar contra el mismo”, resumen desde el Defensor del Menor de Andalucía. Por el contrario, partiendo de premisas falsas, distorsionadas o sobredimensionadas acerca de la realidad de este fenómeno, es muy probable que se prevean medidas que puedan resultar inútiles o, lo que es aún mucho peor, que estas acciones sean contraproducentes. “No podemos correr el riesgo de sobredimensionar el alcance del fenómeno pero tampoco podemos negar la evidencia o minimizar un problema que tanto daño causa a sus víctimas y que tanto distorsiona de forma grave la convivencia en las aulas”, concluye.

Falta de rigor y sistematización en los datos

Cierto es que la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que establece el protocolo dispone que los centros de enseñanza informarán de su inicio en el Servicio Provincial de Inspección de Educación. Es el inspector de referencia el que tiene la atribución de realizar un seguimiento de las medidas y de la situación del alumnado implicado.

Dicha comunicación se realiza por parte de la dirección del centro de educación “de la manera que considera más oportuna” (oficio, email, teléfono, …) de forma que el inspector tenga conocimiento en el menor plazo de tiempo posible, “sin que exista un procedimiento expreso en la normativa de cómo ha de realizarse”, ni un registro para ello, según las mismas fuentes. Tampoco es preceptiva la emisión de informes ni está detallado el tratamiento de los datos. En cualquier caso, “los inspectores han realizado el seguimiento de todos aquellos casos en los que se ha aplicado el protocolo”, garantizan desde la consejería.