Viera arguye que no estaba “en el día a día” de cada decisión y que no le llegaron “alarmas” por la tramitación de ayudas en los ERE
El consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, ha defendido su actuación al frente del departamento andaluz que aprobaba la concesión de las ayudas que se juzgan por el caso de los ERE sin que a él le llegaran “alarmas” de que el procedimiento que se estableció a partir de 2001 estuviera “fuera de la legalidad”, si bien ha reconocido que conoció el “reparo” de la Intervención cuando se tramitaron en 2000 los primeros expedientes de Hijos de Andrés Molina de Jaén.
Viera, firmante del convenio marco con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y que no ha querido responder a las acusaciones de PP y Manos Limpias, ha recordado las muchas “situaciones críticas” a la que tuvo que hacer frente durante su mandato (Santana Motor, Astilleros, Boliden Apirsa, Faja Pirítica, Cervezas Alhambra,….), explicando que había que “intervenir con urgencia” para ayudar a empleados que habían dejado de trabajar para esas empresas, sin que conociera la “concreción exacta” de las partidas o los mecanismos que sus técnicos le indicaran para atender a esas situaciones.
En varios pasajes ha remarcado que los acuerdos que firmaba suponía que tenían “todos los parabienes” de sus técnicos y de los centros directivos por debajo en el escalafón de la Consejería, atendiendo a las “líneas generales” argumentando que tenía bajo su mandato 18 centros directos. “No estoy en el día a día de cada cuestión o decisión, es difícil que pueda tener un conocimiento exhaustivo de cada cosa”, ha dicho también, arguyendo que participaba de la decisión política pero que el resto dependía del órgano administrativo.
El exconsejero ha indicado que se trataba de “ayudas individuales” y que, respecto al citado expediente de Hijos de Andrés Molina, se le trasladó por parte del entonces viceconsejero Antonio Fernández, que se había consultado si hubiera alguna “colisión con las directrices europeas”, sin poder aclarar los “términos precisos” de aquella “situación de reparo” y del “escrito de discrepancia” fruto del cual la Intervención General reconocía las competencia de la Junta para las ayudas sociolaborales, que permitió dar vía libre a aquella ayuda. “A partir de ahí, entiendo que estamos haciendo las cosas en el ámbito de la legalidad”, ha recordado, escudando su responsabilidad en que “mi tarea no desciende a los informes de la Intervención”.
Modificaciones presupuestarias “desde 1996”
“Para poder seguir caminando se hacían modificaciones presupuestarias si el presupuesto estaba cerrado”, ha dicho Viera respecto a esa figura para la concesión de ayudas, que “ya venía realizándose entre 1996 y 2001”. Viera ha defendido que con la Intervención había que “negociar” y que daba por hecho que “hay que hacer lo que la Intervención dice”. Sobre aquella época ha recordado que en la Consejería se buscó una forma “ágil, rápida y, por supuesto, legal, que nos permitiera seguir” aprobando las ayudas, entendiendo que aquel convenio marco de 2001 que el viceconsejero Fernández “llevó a mi despacho” era “el instrumento complementario que lo permitía” con “apariencia absoluta de la legalidad” tras pasar “un circuito” por los departamentos más técnicos de la Consejería y dando por hecho que “de la Junta no puede salir ni un solo euro que no estuviera fiscalizado”.
Preguntado por el fiscal sobre si sabía que aquel convenio marco “sustraía la fiscalización de la Intervención delegada”, Viera ha dicho que “no lo sabía” pero que “en el IFA había una fiscalización permanente”, desconociendo la denominación de las partidas presupuestarias pero asegurando que “la Consejería no estaba para eludir la fiscalización”. “Eso no me entra en la cabeza”, ha dicho en más de una ocasión durante el interrogatorio al estar “plenamente convencido de la legalidad” cuando firmó el convenio que, según ha asegurado, buscaba “la operatividad con el IFA”.
Respecto a la “regulación estatal” de las órdenes de 1994 y 1995 a las que ha aludido Guerrero en su interrogatorio, Viera ha dicho que “en ese momento no” conocía esa normativa, insistiendo en que se trataba de “dar respuesta con ayudas sociolaborales” y pensando que el convenio marco era “un instrumento absolutamente legal” para “dar agilidad y eficacia”. “Estaba convencido de que estábamos actuando de forma legal. No se me pasa por la cabeza que un dirigente trate de vulnerar la legalidad o el papel de la Intervención. Ni entonces ni ahora me entra en la cabeza. No era ninguna situación de alarma que hubiera una modificación presupuestaria”.
Viera, preguntado por si hubo “alguna circunstancia especial” en la que él como consejero diera algún tipo de instrucción específica, ha reconocido que se reunió con empresarios de la Sierra Norte de Sevilla y que trasladó al centro directivo correspondiente “que se ocuparan de ello”. “Por poner un ejemplo concreto”, ha remarcado, pero incidendo en que “jamás” se reunió con el holding empresarial Rosendo-Sayago para abordar cuestiones relativas a las ayudas que se investigan en una de las piezas separadas.
