El 'otro' Sijena: diócesis aragonesas y catalanas luchan en los tribunales por la propiedad de 111 piezas de gran valor
Guarda varias similitudes con el litigio por los bienes de Sijena. Otra vez, con objetos de valor artístico y religioso en el centro de una polémica entre diócesis aragonesas y catalanas, que se remonta a décadas atrás y que se dirimirá por la vía civil. Los días 16 y 17 de mayo comienza en el Juzgado de Primera Instancia de Barbastro un proceso en el que se enfrentarán el obispado de Barbastro-Monzón, tras presentar la demanda civil, y el de Lleida por la propiedad de 111 piezas de gran valor. El primero reclama su vuelta y el segundo las considera propias y las atesora en el Museu de la capital del Segre.
Al caso no le falta de casi nada. Ni el peaje lingüístico. El obispado de Lleida ha solicitado que el catalán se convierta en idioma oficial del proceso. El abogado Salvador Giménez ha anunciado que presentará documentación en ese idioma sin que considere necesario traducirla al castellano. Se aferra a que se trata de una lengua oficial en la comunidad autónoma; sin embargo, la Ley de Lenguas de Aragón indica la oficialidad del castellano y limita el uso del catalán o el aragonés a allí donde se hable, algo que no sucede desde luego en Barbastro, donde se desarrollará el juicio.
Bienes muebles o inmuebles
Como en Sijena, el Gobierno de Aragón está presente. En este caso, como un apoyo en un proceso en el que se ha implicado durante años. También aparece el letrado Manuel Español, abogado asimismo del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y que alude a la existencia de una Circular Vaticana de Museos Eclesiásticos que impide que un fondo de arte religioso se aloje en un museo civil porque no cumple su “función pastoral” y que, por tanto, se han de entregar las 111 obras de arte que reclaman 40 parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón y que Catalunya considera propias porque todas ellas se englobaron en origen en un régimen diferente de propiedad.
En Lleida se defiende que los 111 bienes son muebles, y en Barbastro-Monzón se subraya que se trata de inmuebles, indivisibles de las iglesias y catedrales, algunas de ellas declaradas monumento nacional como la de Roda de Isábena. El juez de Barbastro afirma en el auto con el que ordenó que el juicio se desarrollase en Barbastro que “dichos bienes pueden tener la consideración de bienes inmuebles a los efectos de determinar la competencia, precisamente por su innegable relación y vinculación con las parroquias de donde proceden. El hecho de que posteriormente fueran cambiados de ubicación no determina sin más la pérdida de la condición de bien inmueble a los efectos que nos ocupa”.
El consorcio con el obispado de Lleida al frente asegura que el juzgado civil de Barbastro no podía iniciar este proceso y que se tendría que haber desarrollado en un tribunal de lo contencioso administrativo ya que las 111 piezas están protegidas por la Ley de Patrimonio Catalán y es una cuestión que atañe a dos comunidades autónomas. Para el juez queda clara la propiedad de las 111 piezas por parte de Barbastro-Monzón, como reconoció en su día el obispo ilerdense, Salvador Giménez, y el fallo del Juzgado de Lleida número 1.
Varias sentencias
El proceso también encuentra su origen en la cambiante situación de las localidades que, con el paso de los siglos, han pertenecido a diócesis catalanas o aragonesas. En 1955 se segregaron 35 parroquias que pasaron a formar parte de las diócesis de Huesca, Barbastro y Zaragoza. En 1995 nació el obispado de Barbastro-Monzón, cuando el Vaticano completó el proceso mediante el trasvase de otras 111 parroquias que ahora reclaman la devolución de su patrimonio.
Diferentes sentencias, tanto civiles como eclesiásticas, han respaldado a la parte aragonesa y encontrado la oposición de la diócesis de Lleida y la Generalitat de Catalunya, que se niegan a devolver las obras y que incluso recurrieron al Tribunal Supremo la catalogación por parte del Gobierno de Aragón. Este dio la razón a la DGA con el argumento principal de que este patrimonio se encuentra depositado en Lleida “con carácter provisional y la diócesis de esta población catalana los retiene a título de depósito y no de propiedad”.
La denuncia del entonces párroco de la localidad de Capella puso en marcha el litigio tras la creación de la diócesis de Barbastro-Monzón. El decreto del 15 de junio de 1995 de la Congregación para los Obispos del Vaticano ordenó la inclusión de las 111 parroquias del Aragón Oriental en la nueva diócesis… con los bienes incluidos. Lleida recurrió y hasta en tres ocasiones los tribunales vaticanos dieron la razón a la parte aragonesa con una sentencia por parte de la Signatura Apostólica de 2007 que no se ha cumplido hasta la fecha.
El obispado de Lleida y la Generalitat crearon en 1999 un consorcio al que se sumaron la Diputación Provincial de Lleida, el Ayuntamiento y la comarca del Segrià. En sus fondos se incluyeron los del museo diocesano con piezas pertenecientes a las parroquias transferidas que se encontraban ‘sub iudice’. La Consellería de Cultura catalana incluyó en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán 1.810 objetos del Museu de Lleida y argumento que la catalogación solo afectaba a bienes de parroquias en la provincia y no a las transferidas.
Se opone a la devolución de 88 de los 111 bienes reclamados pese a haber reconocido de forma expresa en dos ocasiones el acatamiento del Decreto de la Congregación para los Obispos y, por tanto, la propiedad de Barbastro-Monzón sobre todas las piezas y la obligación de devolverlas.
