El Constitucional suspende la ley aragonesa de energías renovables recurrida por el Gobierno

El Tribunal Constitucional ha decidido este martes admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra la normativa aragonesa de energías renovables aprobada al final del mandato del socialista Javier Lambán. El pleno analizará las alegaciones del ejecutivo y, mientras tanto, suspende de forma cautelar una veintena de artículos de la norma, entre otros los que impulsan el consumo de cercanía mediante autoconsumo o la regulación de las mancomunidades de energía. Según los datos de Red Eléctrica, en 2022 la comunidad de Aragón fue la segunda de todo el país que más energía verde produjo.

Este decreto fue aprobado por el gobierno aragonés durante el final de la legislatura de Javier Lambán. Medidas como la posibilidad de conectar instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables a una red de uno o varios consumidores, con el objetivo de “impulsar el consumo de cercanía”. También que los excedentes de energía verde puedan ser utilizados para impulsar el consumo de cercanía “con la fnalidad de optimizar los impactos generados por la instalación y la inversión realizada”. 

El Consejo de Ministros aprobó la interposición del recurso a mediados del pasado mes de diciembre y explicó por qué pedía la suspensión cautelar de un cuarto del articulado de la norma: “Pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, especialmente, si se generalizaran sus previsiones al conjunto de las comunidades autónomas”.

La norma fue aprobada durante el gobierno del socialista Lambán pero ha sido recurrida y suspendida cautelarmente ya con el gobierno de PP y Vox encabezado por Jorge Azón. “Ese decreto buscaba exprimir al máximo nuestro autogobierno, exprimir al máximo nuestros recursos. Estamos cansados ya que de Aragón, una tierra rica en recursos, se aprovechen solo las comunidades limítrofes”, defendía hace unos días la portavoz del PSOE, Mayte Pérez. 

Desde el actual ejecutivo, la vicepresidentea segunda Mar Vaquero apuntaba a mantener la ley sin cerrar la puerta a cambios. “El Gobierno actual va a estudiar las opciones del decreto o su derogación. Vamos a ver lo que se dice y ver si hay que hacer una ley con garantías para todos los operadores jurídicos”, afirmó cuando en diciembre el ejecutivo central aprobó la interposición del recurso.