Los ingresos del Gobierno de Aragón por multas se disparan coincidiendo con la pandemia

Los ingresos por sanciones del Gobierno de Aragón se han disparado claramente por encima de las previsiones en el segundo año pandémico tras superar en los primeros nueve meses del ejercicio, de enero a septiembre, en casi un 50% la consignación anotada para todo el año.

Así, el último informe de ejecución presupuestaria de los que ofrece el Portal de Transparencia de la DGA cifra en 9.152.914 euros los “derechos reconocidos” por “multas y sanciones” y los ingresos como consecuencia de esas actuaciones en 6.423.348: ambas cifras, la primera de las cuales incluye las pendientes de cobro, superan los 6.220.000 consignados en el presupuesto de ingresos; la primera en un 47,15%, casi tres millones por encima de lo pronosticado, y la segunda en un 3,26%.

Tampoco es, no obstante, la primera vez que los ingresos del Gobierno de Aragón en ese apartado superen a las previsiones. El año pasado las cuentas se cerraron con un desfase al alza de casi el 9% (7,46 millones por 6,85) en “derechos reconocidos” pero con otro a la baja del 32,5 (4,62 por 6,85) en los ingresos reales, ya que quedaban por recaudar casi tres de esos millones.

Un año antes, en 2019, la previsión, de 5,974 millones, se vio desbordada en un 86% al alcanzar los 11,1, aunque los ingresos efectivos se quedaron en 7,467 (+25%); las cifras respectivas en el anterior, 2018, fueron de 5,94 previstos, 13,73 impuestos y 8,67 recaudados y las de uno antes, 2017, de 5.91, 11.83 y 7,35.

En esos cinco años, en resumen, la DGA tenía previsto ingresar 30,28 millones de euros por sanciones de todo tipo, impuso multas por valor de 53,27 y, finalmente, acabó ingresando 34,52: multó un 75% más de lo previsto pero solo cobró un 14% más; entre otros motivos, por el desfase que los recursos administrativos y judiciales suponen para esos procedimientos cuando no los anulan.

¿Qué pasará con las sanciones por la covid?

Sin embargo, este año esos ingresos pueden verse mermados por un motivo imprevisto como es la declaración de inconstitucionalidad del segundo estado de alarma por, precisamente, la ilegalidad de la decisión del Gobierno central que disparó los ingresos por sanciones del autonómico (de todos ellos), que fue una delegación de competencias en las comunidades que, de hecho, suponía eludir el control que el Congreso debía hacer de esa gestión compartimentada.

No obstante, la eventual devolución del dinero a quienes pagaron las sanciones interpuestas por una normativa declarada ilegal sigue en el aire a fecha de hoy.

El Gobierno de Aragón impuso un total de 12.148 sanciones a ciudadanos que se saltaron los confinamientos de los perímetros local, provincial y autonómico o los toques de queda entre el 27 de octubre del año pasado, cuando emitió sus propias normas dos días después de que Madrid le asignara esa parte del control pandémico, y el 1 de agosto, según indica en su respuesta a una pregunta del diputado del PP Fernando Ledesma.

Este se había interesado por conocer “cuántos expedientes sancionadores consecuencia de incumplimientos por parte de ciudadanos ha tramitado el Gobierno de Aragón”, cuántos de ellos son firmes, en cuántos “se ha abonado voluntariamente el importe económico de la sanción y cuántos están en vía ejecutiva”, así como por cuántos recibieron alegaciones, fueron recurridos y cuántos seguían sin resolver.

A 1 de agosto de este año, la provincia de Zaragoza acumulaba más del 85% de los expedientes sancionadores, con 10.764 (9.099 por los toques de queda y 1.665 por los confinamientos) frente a los 908 de Huesca (419 y 489) y los 476 de Teruel (119 y 357).

Entre 2,2 y 3,4 millones en sanciones pandémicas

Poco más de la sexta parte de esas propuestas de sanción, 2.113 de 12.148, fueron liquidadas por el procedimiento del ‘pronto pago’, que ofrecía a los sancionados una rebaja del 40%. La tramitación de otras 512 incluyó recursos de alzada, lo que reducía la bonificación al 20%.

A 1 de agosto, cuando faltaban algo menos de tres meses para que el Gobierno declarara inconstitucional el segundo estado de alarma, quedaban pendientes de pago y/o de resolución definitiva, que sí había recaído en otras 378, un total de 9.659, cuatro de cada cinco.

Dieciocho de ellas habían sido objeto de recursos de alzada, ninguna había llegado a los tribunales y el cobro de otras diez, todas ellas en Teruel, se encontraba en la vía ejecutiva.

El régimen sancionador que aplicó el Gobierno de Aragón asignaba a esas infracciones sendas sanciones de 300 euros, ya que las calificó como vulneraciones leves de la Ley General de Sanidad, lo que apunta a una recaudación  de 380.340 euros por pronto pago, un mínimo de 113.400 por las resueltas y entre 1,738 y 2,897 por las pendientes de resolución, es decir, entre 2,2 y 3,4 millones de euros en total, una horquilla en la que se encuentra el aumento de casi tres millones de euros sobre la previsión inicial de ingresos por multas de la DGA para este año.