La movilización vecinal logra la regulación de los grandes proyectos fotovoltaicos en el Pirineo: “No son adecuados para el territorio”

Tras más de un año y medio de protestas, la Plataforma en Defensa de la Vida y el Paisaje en el Pirineo (PDVPP) ha conseguido evitar la instalación de macro plantaciones fotovoltaicas en las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego a través de la moratoria y la propuesta de regulación de los Planes Urbanísticos impuestos por los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo. 

Estos proyectos energéticos buscaban comprar cerca de 900 hectáreas de terrenos agrícolas y ganaderos. El objetivo actual tanto de ayuntamientos como de los distintos grupos sociales es desplazar el modelo de explotación industrial a uno de autoconsumo. 

Poco antes de que comenzase la pandemia, surgieron rumores de hombres con traje y maletín que llamaban a las puertas de los pueblos ofreciendo grandes cantidades de dinero a cambio de tierras. Poco a poco, y a pesar del silencio que pedían los comerciales, los diferentes pueblos cercanos a Jaca y Sabiñánigo se fueron haciendo eco: “Toda la estrategia comercial de las empresas era muy oscura, en la que iban comprometiendo a propietarios que tenían bastantes terrenos para que otra gente se pudiera sumar. Incluso hay vecinos que han firmado un contrato por un terreno con tres empresas distintas sin que el resto de los vecinos lo supiese”, explica Natalia López Ramón, portavoz de la PDVPP. “La gente consultó a través de los alcaldes pedáneos a los ayuntamientos, pero estos no soltaban prenda, hasta que se fueron presentando los proyectos y entonces saltó la alarma”. 

En concreto, se planteaban nueve proyectos de macroplantas solares de aproximadamente 900 hectáreas y más de 12 kilómetros de cableado de evacuación hasta la subestación eléctrica de Biescas. Para Alfredo Beltrán, representante de la cooperativa agraria Santa Orosia, supone una gran amenaza debido a la magnitud del proyecto en comparación con la escasez de tierras cultivables, “una persona que ha hecho su proyecto de trabajo y de vida podría quedar muy limitada si ve su explotación reducida a un 20% o 30%. Sería inviable”. Además, Beltrán considera que este conflicto se basa en la lucha entre los propietarios y los trabajadores de las tierras y que “el problema es que los agricultores estamos pagando unas rentas de 200 euros al año y estas empresas ofrecen 10 veces más”. 

La respuesta desigual de los ayuntamientos

Ante la presión social ejercida a través de recogida de firmas, mesas informativas y manifestaciones multitudinarias en Jaca y Sabiñánigo, los respectivos ayuntamientos decidieron aplicar una moratoria de un año a dichos proyectos y posteriormente elaborar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana específico para estos casos de macro plantas en territorio rural, ya que no está regulado. Ahora, ambas regulaciones solo contemplan la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, lo que supone una “victoria” para las distintas asociaciones ya que no solo “con la regulación actual es casi imposible que proyectos tan grandes se lleven a cabo” sino también porque “sin la movilización social no hubiese habido esa decisión política ni una regulación concreta. Hay un acuerdo social unánime por parte de todos los partidos y colectivos de que esos modelos de macroproyectos no son adecuados para el territorio”, explica López.

Sin embargo, hay aspectos que siguen generando desconfianza y dudas sobre los vecinos, ya que a pesar de que se anunció que ambas modificaciones irían de la mano, el ayuntamiento de Sabiñánigo se ha mostrado más ambiguo en su restricción de este tipo de instalaciones.

Mientras que el ayuntamiento de Jaca expresa claramente que la superficie máxima permitida para la instalación de placas solares será de cinco hectáreas y a una distancia superior de 500 metros para establecimientos turísticos y 100 para carreteras, autovías y vías de ferrocarril, el ayuntamiento de Sabiñánigo permite la instalación en Suelo No Urbanizable Genérico sin especificar superficie máxima o distancia mínima y regula la distancia mínima de 500 metros desde las zonas urbanas en el caso de Suelo No Urbanizable Especial. 

Para el ayuntamiento de Sabiñánigo, estas diferencias se basan en “factores técnicos” pero que “en todos los proyectos se va a evaluar el impacto paisajístico” y “se tendrá en cuenta el interés social, si, por ejemplo, genera riqueza en el pueblo creando puestos de trabajo”, explica Héctor Lanaspa, concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Sabiñánigo. Aunque las asociaciones en contra argumentan que los puestos de trabajo son temporales y, una vez se ha terminado la instalación y solo es necesario el mantenimiento, “son escasos”. 

Presiones Empresariales

Aunque desde las administraciones niegan haber recibido cualquier tipo de presión por parte de las empresas que han visto parte de sus expectativas frustradas, hay vecinos que exponen lo contrario. Adrían Jarne, gerente de la cooperativa de Larrés, es uno de los propietarios a los que les han ofrecido comprar sus terrenos, y aunque reconoce que “no es fácil decir que no, en mi casa me han enseñado que el que mucho ofrece no tiene intención de pagar”. 

La empresa SUNCO ofreció a los vecinos un proyecto de 60 hectáreas a 1.200 por hectárea cada año, sin embargo, las presiones comenzaron cuando otra empresa se interesó por los terrenos y muchos vecinos dijeron basta, “te llamaban abogados y te decían que el proyecto iba a ser declarado interés social: Te vas a quedar fuera y te lo van a poder expropiar”. 

A pesar de la unidad del movimiento, desde la cooperativa admiten que existen tensiones entre los miembros, por quienes han firmado contratos de venta y los que se niegan a hacerlo, aunque comprenden los motivos “hablamos de zonas históricamente castigadas, que han sufrido mucha despoblación y con muy pocas oportunidades de desarrollo. Si llega una iniciativa como esta con una alta rentabilidad es normal que acepten”. 

Hacia un modelo de autoconsumo y colectivo

Actualmente, el proceso regulador se encuentra en un periodo de alegaciones, en el cual tanto la plataforma colectiva como diferentes cooperativas y particulares han presentado sus objeciones al actual plan de ordenación. Entre ellas destaca la proposición de la cooperativa Santa Orosia de que solo un 10% del terreno agrario se destine a la producción de placas con el objetivo de que “todo el mundo soporte cargas y beneficios por igual y que no haya uno que salga beneficiado y perjudique a los demás”. O también que tengan preferencia los terrenos de menor valor agrario, ya sea por la fertilidad de la tierra o por ser un terreno pedregoso. 

Y es que a pesar de que el resultado se torna satisfactorio, la posibilidad de aprobar uno de estos proyectos debido a una declaración expresa y singular de “interés social” sigue generando inquietud entre los vecinos ya que no se especifica cuál es ese interés social. En este sentido, desde la plataforma se reclama “una mayor participación en los procesos de regulación y el reconocimiento de la capacidad ciudadana”. 

Las asociaciones advierten también que pueden suponer un peligro de cara al futuro debido al cambio climático y la progresiva desertificación del terreno, ya que las tierras del Alto Aragón resultan muy fértiles para las producciones de secano y no necesitan una gran inversión en regadío debido a su ambiente fresco. “Desde el punto de vista alimenticio, el mayor problema es que estamos ocupando tierra agraria útil que es escasa para fines que no son los agrarios, lo que supondría que tengamos que importarlos de otras regiones. Al final eso tiene una huella de carbono brutal. Además, generan un gran aumento de la temperatura en la zona y la diferencia de un grado en un campo puede suponer la diferencia entre que aborte la semilla o no”, explica Jarne, ingeniero agrónomo.