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No creo que haya mucha gente aún que dude del “malhacer” del anterior gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón a cargo del PP, con la inestimable colaboración del PAR. Sobre todo en lo que a la Sanidad aragonesa se refiere. Aunque los tiempos políticos vuelan y parece que el foco mediático está centrado exclusivamente en las tan posibles como temidas terceras elecciones, algunas no hemos olvidado las idas y venidas del anterior gobierno con los hospitales de nuestra provincia. Desde la multa de 3,3 millones de euros por el inexistente Hospital de Teruel, junto con el mal estado del que sí está construido, a la enrevesada historia del futuro Hospital de Alcañiz.
Ambos centros ejemplifican a la perfección una gestión ineficaz, con resultados nulos y, para más inri, extraordinariamente cara que hasta la fecha ha protagonizado no sólo numerosos gastos infructuosos, si no también numerosas movilizaciones de la sociedad civil, estas con mayor resultado.
Pero, no todo es negativo ya que frente a la particular manera de no hacer las cosas del gobierno del PP por fin sale adelante el proyecto del centro bajoaragonés. Y con diferencias más que positivas en el proyecto. Si el anterior hospital del PP/PAR iba a costar 625 millones de euros a las arcas públicas, el actual diseño tendrá un coste de 81 millones, es decir 544 millones menos. Se dice pronto.
No soy tan ingenua como para pensar que este descenso millonario en el presupuesto es exclusivo logro del grupo parlamentario de Podemos y la ciudadanía alcañizana que no ha cejado en su empeño contra el anterior plan. Parte importante de esta nueva cifra se relaciona directamente con el objetivo de déficit del Gobierno central, actualmente en funciones.
Como consecuencia de este nuevo presupuesto, una puede llegar a pensar que se trata de un cambio radical de proyecto, pero la realidad que esconden estos números no se inclina tanto por la obra en sí misma como por el sistema de gestión de su construcción y posterior explotación. Me explico, ahora el hospital será gestionado exclusivamente con dinero público, mientras que el anterior proyecto iba a llevarse a cabo por una colaboración público-privada que suponía la privatización parcial del mismo. Sistema que no es precisamente alabado por la comunidad sanitaria y que incluso la OMS desaconseja. Por fin, un gobierno aragonés reconoce que la fórmula de colaboración público-privada no es eficiente económicamente ni, si atendemos a los ejemplos vistos en Reino Unido o la Comunidad de Madrid, sanitariamente satisfactoria. Elevados costes, falta de control, opacidad en el gasto real… se sumarían a los actuales problemas del sistema sanitario español: temporalidad, falta de personal, falta de equipamiento…
Ahora solo queda esperar que el proyecto cumpla calendario (cinco años a partir de esta primavera) y presupuesto. Celebremos un proyecto que no considera la sanidad como un negocio a explotar, sino un servicio a ofrecer y vigilemos que el PSOE aragonés lleve a cabo sus promesas en esta ocasión.