Municipalismo, la unión hace la fuerza

Entre el 2 y el 4 de febrero nos reunimos en Rivas (Madrid) cerca de 200 personas de organizaciones políticas y sociales o a título individual en el III Encuentro contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, asociados en la Red Municipalista que persigue unir fuerzas en la defensa de una política municipal más autónoma y soberana (frenando la recentralización, asfixia financiera y recortes impuestos a los municipios desde el Estado) y fomentar la participación ciudadana en la construcción del nuevo municipalismo, la denuncia de las deudas ilegítimas y la realización de auditorías ciudadanas.

La Red nació con el Manifiesto de Oviedo en noviembre de 2016 y, desde entonces, recopila y publica documentación que pueda ser útil para mostrar y desmontar despilfarros y mala gestión precedente, así como para respaldar políticas de mejora de los servicios públicos. Para Yago Álvarez, la crisis de políticas y de valores sociales ha provocado una “efervescencia del municipalismo a nivel europeo”, señal de que la gente demanda otra forma de gobernar más cercana a sus verdaderos problemas.

Una política municipal más autónoma y soberana

“Llegar al poder municipal es un espacio de oportunidad pero no es la solución” nos dice el alcalde de Rivas, Pedro del Cura. Para el concejal de Madrid Carlos Sánchez Mato, el nuevo municipalismo se sale de sus planes, de ahí el asedio al que nos someten. “No es Montoro, ni siquiera el PP, es el sistema” el que está corrompido. Por ello, “aunque gobernemos, necesitamos la presión en la calle para poder cambiar las condiciones materiales de vida de la gente”. “Las políticas neoliberales están agotadas, ni siquiera las materias primas baratas son capaces de dinamizar la economía y el bienestar social”. Hay que organizarse, “tejer redes de resistencia”.

En esta línea, Sánchez Mato cree que “las grandes ciudades tenemos la obligación de dar la batalla por aquellos municipios más pequeños. Seamos audaces. Se pueden superar los límites impuestos sin incumplir la ley. La regla de gasto está sujeta a interpretación. Por tanto se puede combatir política y judicialmente. Es una derrota haber renunciado a ello. El mismo Montoro interpreta de modo arbitrario la regla de gasto. El ayuntamiento de Ana Botella o el de Jaén, del PP, han superado la regla de gasto y no han recibido carta coercitiva como el ayuntamiento de Ahora Madrid”. “Hemos reducido la deuda y el periodo de pago a proveedores al tiempo que hemos aumentado el gasto social y la inversión. Sabemos gestionar mejor que ellos”.

La prueba de que la regla del gasto es de aplicación arbitraria es que Montoro cambia las condiciones a mitad de partida, dice el diputado Segundo González. “Unid@s Podemos apoya a los ayuntamientos del cambio por ser el mayor activo de políticas cercanas a las personas. ¿Cuántos servicios públicos podrían ofrecerse si no existiera la regla de gasto? Es un mecanismo que pretende conseguir un Estado más pequeño, más débil en línea con la ortodoxia neoliberal. Aún así, no hay una ley parecida en Europa. Hay que presionar para eliminarla”.

“Llevamos 40 años de relaciones de poder articuladas para favorecer intereses privados, perjudicando los colectivos. Los municipios estamos totalmente controlados, un control que no aplican al gobierno central”. Montoro nos envía, semanalmente, normas que nos cambian las reglas del juego, dice Sira Rego, concejala de Rivas. “Tenemos la obligación de impugnar y bordear las leyes de Montoro y la sociedad debe ser protagonista”. Las empresas públicas nos están permitiendo dar mejores servicios públicos sorteando los recortes impuestos. Las remunicipalizaciones son el camino para la reapropiación de los servicios públicos por parte de la ciudad. Europa debiera ser esencial en este sentido, pero esta Europa no vale. Sus normas y los tratados de libre comercio como “TTIP o CETA suponen una agresión a los municipios” para favorecer a grupos de presión.

“La obsesión del PP de reducir el sector público se ha ensañado con los municipios. La mayoría de leyes que rigen la vida de las personas no son competencia municipal. Debemos paliar sus efectos agresivos a través de políticas sociales municipales, aunque no sea nuestra competencia”. Para Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona, “no hay derecho que se haya logrado, históricamente, sin desobediencia. Es una herramienta de la sociedad”. “Nuestra política de transparencia, participación, control y vigilancia se ha demostrado eficiente. Se encuentran y exigen incumplimientos contractuales que la oposición vota por perdonar, con el consiguiente perjuicio económico para la ciudad”.

Deuda ilegítima, auditorías ciudadanas y participación

La época de las vacas gordas, aquella basada en el crédito y la deuda crecientes, en la financiación de servicios y obras públicas con recalificaciones de terrenos y, por tanto, con el juego especulativo por el solo hecho de cambiar el uso del suelo, ha llegado a su fin, obviamente. Pero debemos aprender algo de aquella política suicida y antisocial, que ha dejado una deuda para decenas de años. Se debe investigar el malgasto y la corrupción del pasado para evitar la futura. La creación de comisiones de investigación se extiende por los municipios aunque el voto favorable de todos los grupos va aparejado con la falta de participación o, incluso, el boicot de los partidos neoliberales, por lo que es sumamente difícil avanzar, como se lamenta Rodrigo Blanca, de Ganemos Córdoba.

Para Eduardo Gutiérrez, diputado de la Asamblea de Madrid, “el PP es una banda organizada y disfrazada para robar”. La Comisión de estudio sobre endeudamiento y gestión pública ha encontrado ya 3.000 millones de euros en obras innecesarias en la Comunidad. Se pregunta ¿quién toma o tomaba las decisiones de obras necesarias, si no hay informes técnicos, sociales o medioambientales? “Hay un problema de corrupción y despilfarro al que hay que añadir que las concesiones privadas atan los presupuestos para 20 o 30 años”. “Hay que denunciar en los medios cualquier descubrimiento sobre corrupción o mala gestión”. La misma política de recortes en derechos sociales es la que ha reducido los ingresos públicos a base de exonerar impositivamente a las grandes fortunas. “Madrid se ha convertido en un paraíso fiscal. La exención del 100% en el impuesto de Patrimonio lleva a muchos ricos a testar aquí”, lo que reduce los ingresos impositivos de otras comunidades. En esta misma línea se mueve la propuesta de las grandes fortunas, y que ha lanzado Ciudadanos, de eliminar el impuesto de sucesiones. El resultado final es el aumento de la deuda.

La deuda es un “sistema de sometimiento” de los acreedores sobre los deudores, según la diputada Sonia Farré. Una deuda que constriñe las posibilidades del nuevo municipalismo al servicio de las personas y no agresivo con el medioambiente. Se han mejorado las cuentas municipales, pero “hacerlo sin determinar qué deuda es ilegítima no sirve de mucho, ya que, con el tiempo, el problema se reproduciría”.

Para Javier Onieva, del Parlamento Social Navarro (organización de movimientos sociales), en Navarra no gobierna el bipartidismo gracias a las campañas de denuncia de corrupción y mala gestión (chanchullos y elefantes blancos) de UPN y PSN. “En Navarra, los elefantes blancos (grandes infraestructuras en desuso) se han hecho a través de empresas públicas para eludir la responsabilidad que exige la Ley de Contratación Pública”. Los bancos han colaborado financiando los pufos. “Pedimos al gobierno de Navarra que descuente del pago de deuda la que es ilegítima”.

Desde que hemos llegado a los ayuntamientos se ha generalizado algo inédito: “Las instituciones atrapadas en los juzgados”. El PP (local o del gobierno central), apoyado en muchos casos por PSOE y Cs, paraliza las decisiones tomadas por los gobiernos municipalistas del cambio a base de acciones judiciales. Además, dice Laura Camargo, se da un chantaje normativo en cadena desde la UE hasta los ayuntamientos. Para la diputada balear “hemos venido para servir a la política, no para vivir de ella: debemos oponernos a las puertas giratorias y a la burocratización, no perder el contacto con los movimientos sociales y las bases y perseverar en la rendición de cuentas y la transparencia”.

“La auditoría de la deuda es una herramienta no sólo para investigar el pasado, también para controlar el presente”. Vanesa Millán, concejala de Rivas, recalca que “aunque la norma nos obliga muchas veces a acudir a la colaboración público-privada, a diferencia de PP, PSOE y Cs, introducimos medidas de control público”. La política previa venía lastrada de improvisación. Alguien tomaba decisiones sin realizar estudios de necesidades, como pasó con los aeropuertos. En Madrid ya había terrenos comprados para hacer dos nuevos aeropuertos al tiempo que se acometían las obras de la terminal 4 de Barajas. Proyectos antagónicos que muestran la facilidad para derrochar que tenían los políticos del bipartidismo, hábitos que se resisten a abandonar. Se han construido aeropuertos por toda España pagados con fondos públicos aunque fueran privados y que ahora están sin uso.

La Red pretende iniciar una ofensiva política a corto plazo y a nivel estatal, en tres campos: control sobre los impuestos municipales cuyo pago está exento siendo actividades económicas o el de residencias vacías; acciones a favor de eliminar la regla de gasto; y la extensión de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, una obligación que emana de una Directiva europea de 2014 y que el gobierno español tiene obligación de trasponer para España. Las cláusulas de este tipo son las que la patronal de Parques y Jardines ha recurrido en Zaragoza. El movimiento municipalista se organiza para tener más fuerza.