Las Cortes de Aragón aprueban una propuesta para que la custodia compartida no sea opción preferente en caso de divorcio

La custodia compartida está cerca de dejar de ser la opción preferente en Aragón en caso de divorcio. Las Cortes autonómicas tomaron en consideración el pasado jueves una Proposición de Ley conjunta de PSOE, Podemos, CHA e IU (que salió adelante con los votos de estas mismas formaciones) para modificar este apartado en el Código de Derecho Foral de Aragón.

En el artículo 80.2 del mismo se establece que “el juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores”. Además, también apunta que se tendrán en cuenta estos factores: la edad de los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de los mismos, la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y cualquier otra circunstancia relevante.

Con la modificación, el inicio del artículo ya no marcará la custodia compartida como preferente y quedará como sigue: “El juez adoptará la custodia compartida o individual de los hijos e hijas menores atendiendo a su interés”. Y, entre los factores a tener en cuenta, se incluye un punto que los propulsores han destacado como esencial, el de “la dedicación de cada progenitor/a al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia”.

En clave electoral

PP, PAR y Ciudadanos votaron en contra de la Proposición. Los populares ya habían advertido con anterioridad que la modificación podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución, el que apunta que “los españoles son iguales ante la ley”. El portavoz de los populares en este debate, Fernando Ledesma, señaló que este es un “nuevo intento de la izquierda por dividir a la sociedad”. Respecto a la inclusión de la dedicación a los hijos de cada progenitor en el periodo de convivencia como factor a tener en cuenta, dijo que “atenta contra la libertad de las familias para organizarse y la igualdad de derechos de ambos progenitores”.

Tanto Ledesma como la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, dejaron claro que, si están en el Gobierno tras las elecciones del 28 de abril, recuperarán la preferencia de la custodia compartida.

Con anterioridad a la aprobación de esta modificación, se debatió en las Cortes de Aragón una propuesta del PP, que planteaba la posibilidad de crear la figura de un “coordinador de parentalidad”. Sería, tal y como se apunta en el texto propositivo, un “perito judicial” que elaboraría un informe “si los medios probatorios aportados por las partes relativos al régimen de guarda, incluida la compartida, y de relaciones personales no ofrecen suficientes elementos de juicio”.

El perito sería designado entre los especialistas de los equipos técnicos de apoyo judicial, de la clínica de medicina forense, de los colegios profesionales correspondientes o de una entidad reconocida por la Administración a partir de un censo de especialistas, si los servicios públicos de asesoramiento no existen o no pueden asumir la designación.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE, PAR y Ciudadanos.

Informe desfavorable del Justicia de Aragón

A petición del PAR, el Justicia de Aragón (defensor del pueblo en la comunidad) elaboró un informe acerca de la modificación puesta sobre la mesa por PSOE, Podemos, CHA e IU. En él desaconseja la propuesta. Lo hace, dice en el texto, tras realizar análisis “sociológicos, de perspectiva de género y de aplicación de la ley” y porque “los principios europeos de Derecho de familia, establecen la preferencia por la custodia compartida”.

Apunta también que cualquier reforma del Código de Derecho Foral de Aragón debe ser sometida, para su informe, a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil “para evitar que se desmorone la coherencia interna de esta norma foral”. En su exposición, el Justicia, por añadidura, refleja que la variación legislativa “puede suponer un paso atrás en la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo se desatiende al superior interés del menor representado por su derecho a estar con ambos progenitores a pesar de la ruptura de la convivencia entre estos”.

Además, ve con buenos ojos la creación de esa figura de coordinador de parentalidad “para conocer la realidad de cada familia, tras la ruptura de la pareja, ya que los procesos de familia contenciosos no siempre garantizan que se hayan podido tener en cuenta todas las reales circunstancias de cada uno”.