Aragón ve “contrario a la autonomía” el recurso del Gobierno al Constitucional por la derogación de la ley de memoria

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado el recurso en el Tribunal Constitucional ante la derogación de la ley autonómica de Aragón. Vaquero ha asegurado que el Gobierno de España “está instalado en una política de confrontación, esto responde a un momento de conveniencia electoral para Sanchez” y que este recurso “va en contra de la autonomía y del respeto a las Cortes aragonesas que representan a todos los aragoneses y donde se acordó derogar una ley”.

Vaquero ha afirmado que no es obligatorio tener una ley memorialista y que el Gobierno de Aragón sigue trabajando en el plan de concordia, aunque no ha sabido decir cuando se hará publico.

“La intención de presentar este recurso responde a una política de confrontación con las comunidades autónomas que no aplaudimos las politicas de Sanchez y logicamente el Gobierno de Aragón seguira defendiendo los intereses de todos los aragoneses y su autonomía. El Tribunal Consiticional resolverá, nosotros tenemos claro que ha sido avalada, que tiene unos informes jurídicos intachables y que hemos ejercido la labor que está reconocida a las Cortes de Aragón tanto en nuestro Estatuto de Autonomía como en la propia Constitución”, ha dicho la portavoz. Por último, ha calificado este recurso como “amenaza” y “falta de respeto”.

Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, anunció el pasado jueves este recurso y aseguró que la derogación de la Ley de Memoria Democrática aragonesa “supone una vulneración de los derechos humanos, retira la condena a la dictadura y hace mucho más complicado a las asociaciones y a los colectivos exhumar los restos de víctimas del franquismo”.

Antes de llegar a este recurso, Torres había invitado al Gobierno de Aragón a una comisión bilateral para tratar el asunto, pero el Ejecutivo autonómico se negó a acudir y envió una carta en la que “se ratifica en la plena constitucionalidad de la referida derogación legislativa aprobada por las Cortes de Aragón” y considera que una Comisión Bilateral Aragón-Estado “no permitiría la solución de la presente discrepancia competencial que resultase satisfactoria para ambas partes”.