“No tenemos un mapa de las personas en Aragón que están viviendo solas”

Habla deprisa -dice que es consecuencia de sus años de oposiciones-, suele mencionar en todas las conversaciones a su mujer y reconoce que ser Justicia de Aragón era un sueño para él. El ex juez decano Ángel Dolado (Soria, 1962) asumió el cargo de Justicia hace ahora poco más de dos meses. Sustituye a Fernando García Vicente, que lo había ocupado durante 20 años.

¿Cuándo fue la primera vez que se le pasó por la cabeza que usted podría convertirse en Justicia de Aragón?

Es curioso, porque un amigo, un médico de instituciones penitenciarias, me recordó que la primera vez fue por un comentario que hizo mi mujer en 2013, cuando me entregaron una medalla al mérito como juez decano, por mi colaboración con la Guardia Civil. Este amigo recuerda perfectamente que mi mujer le dijo: “A Ángel, lo que realmente le gustaría es ser Justicia de Aragón”. Más en concreto, cuando se acabó la legislatura pasada y ya se habían quemado los nombres de Julio Arenere y de Fernando Zubiri, un partido minoritario me propuso como Justicia de Aragón, pero quedaban sólo dos o tres meses de legislatura y yo dije que si no había habido consenso con dos personas de prestigio, tampoco lo habría conmigo. Entonces, tras las elecciones de 2015, con nuevo Gobierno de Aragón y nuevas Cortes, yo ya empiezo a aparecer en las quinielas.

Entonces, ¿ser Justicia de Aragón era casi un sueño para usted?

Sí, un sueño del año 13 al 15 (ríe). Pues sí, es algo que... yo quería ser Justicia, te lo puedo asegurar. Y hemos conseguido esa casi unanimidad en la votación en las Cortes de Aragón.

Lleva poco más de dos meses en el cargo, ¿está siendo como lo imaginaba?

No, está siendo mucho más vertiginoso y rápido. Creía que iba a tener más sosiego en la labor administrativa, en las propias quejas, que iba a poder aposentarme un poco más en el día a día, en la propia oficina. Sin embargo, había que seguir, sin solución de continuidad, absolutamente todo el trabajo que estuviese ya empezado con quejas a mitad de tramitación y con las nuevas. Me he encontrado, por otro lado, que tenía un montón de presentaciones ante autoridades, visitas, he estado en Huesca, Teruel y Zaragoza, múltiples actividades de todo tipo con asociaciones, colectivos... En definitiva, que llevo dos meses y puedo decir que he tenido sólo dos fines de semana libres para intentar conciliar. Voy como una moto. Hoy mismo, desde las 08:10 que aparezco por el despacho, si te cuento todo lo que he hecho... No he parado. Para la parte administrativa, como he tenido la gran suerte de que Javier Hernández García, mi asesor jefe, conocía la casa desde hace 24 años, porque estuvo como asesor básico en la época de Monserrat, la labor de distribución de las materias, de las quejas entre los siete asesores que tenemos, lo hace él. Yo me reúno con todos ellos cuando ya hacemos las sugerencias, las recomendaciones o planteamos temas que pueden ser relevantes.

En este tiempo, una de sus primeras intervenciones ha sido de oficio, ante las quejas ciudadanas por el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas, ¿por qué se decidió a actuar en ese tema?

Nosotros ya habíamos resuelto la queja de las personas a título particular con la recomendación, por principio de responsabilidad, de que todo impuesto o tasa hay que pagarlo; con el principio administrativo de “paga y luego, reclama”. Sin embargo, eso no conllevaba que hubiésemos hecho un análisis en profundidad, con independencia de que veíamos que no había doble imposición porque ya había habido un informe del Justicia anterior y yo mantengo ese criterio. Sin embargo, nuestra gran sorpresa fue la resolución de los más de 50.000 recursos con una única respuesta por la vía del Boletín Oficial de Aragón. Yo, que vengo del mundo del derecho de consumo y que como juez entiendo que no todas las respuestas pueden ser una respuesta única de cinco folios en el BOA, entiendo que debíamos analizar de oficio si la garantía de una respuesta adecuada a los consumidores se ha producido o no en el trámite administrativo. Por eso, abríamos de oficio, pero únicamente en lo que respecta a si se han garantizado o no los derechos de respuesta, lo que es una tutela administrativa, sin valorar el fondo de la legalidad o una interpretación del ICA.

¿Tiene intención de actuar de oficio a menudo?

Todo depende del interés general de cosas que podamos leer a diario en la prensa, o bien que conozcamos por alguna reclamación particular. No tengo una idea a priori de si tengo o no que actuar de oficio en muchos casos. Irá en función del criterio de que pueda afectar a múltiples ciudadanos o administrados.

Lo que sí ha dicho es que le interesa apostar por la protección de menores y a los más desfavorecidos...

Sí. Cuando presenté en las cortes mis líneas básicas de actuación, yo veía que en algunas otras comunidades autónomas se identificaba claramente la figura del defensor del menor. Podría haber nuevas competencias en el Justiciazgo, para darle incluso más impulso a la institución, asumiendo las competencias de la defensa del Menor, a través de una ley de infancia y de una modificación del Justiciazgo. Nuestra competencia no sería la fase de represión, que eso pertenece a los juzgados de menores, sino una fase previa, de tutela, de acogimiento, de derechos... esas fases en las que alguien tiene que velar en última instancia por esos intereses. Lo planteé y vi que empezaba a tener acogida en los partidos políticos. Por eso, uno de mis principales ideales es que al terminar esta legislatura o la siguiente, podamos tener esa oficina abierta de defensor del Menor en el Justiciazgo, básicamente con la misma plantilla que tenemos ahora. En relación con los mayores, es una preocupación que tengo también últimamente, porque estamos viendo que se están levantando muchos cadáveres de personas que viven solas, sin ninguna asistencia. También conozco, a través de Gustavo García, la problemática de proporcionar una vejez con dignidad a las personas que están en residencias, ya sean públicas o privadas.

¿Cómo podría mejorarse la atención a las personas que viven solas?

El otro día estuve en Teruel y surgen en muchas ocasiones ideas del tercer sector, a través de la economía social y colaborativa. Es decir, en algunas ocasiones se pueden generar puestos de trabajo, incluso a nivel cooperativo de manera que determinadas redes de personas puedan prestar atención diaria, aunque sólo sea con meras visitas, también por supuesto con ayudas para alimentación, para limpieza... Se trata de que esto esté coordinado, porque sé que puede haber múltiples instituciones, a nivel municipal, que no están trabajando en red y no tenemos un mapa de cuáles son las personas en Aragón que están viviendo solas. Deberíamos saberlo, porque a través del Instituto Nacional de Estadística y de las domiciliaciones, se podría saber. Con ese mapa único de cuáles son las personas mayores que están viviendo solas, sea en matrimonios, o viudos, y cómo podríamos relacionarlos, podríamos trabajar para darles un servicio completo de todas las administraciones que están trabajando en esta materia.

Frente a esta actuación de oficio, otra de sus primeras resoluciones fue responder a la queja del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la polémica por la composición de las sociedades municipales. ¿Cómo ve este tema?

Pues le voy a dar una respuesta sincera. Cuando veo estos temas, pienso: “Esto, realmente, ¿es un intento de utilización del Justicia como baza política? ¿Deberíamos dar una respuesta a ese tipo de consultas?”. La duda la planteé con mi asesor más importante, que es el que más conoce derecho administrativo: le planteé si es un acto administrativo o es un acto político. Porque si las resoluciones de alcaldía fueran un acto político, evidentemente, yo me abstendría, incluso no haría ningún tipo de informe, ni de recomendación, ni de sugerencia. Pero me dijeron que no, que es un acto administrativo y que, por tanto, tenemos que hacer un análisis de si se cumplen o no los requisitos de participación democrática. Por eso, una primera resolución que hicimos fue en torno al polémico artículo 14 de la Ley de Capitalidad. Ahora también tenemos otra en tramitación sobre si se tiene que convocar o no por parte del Ayuntamiento a la junta de portavoces; no puedo anticipar por dónde irá nuestra sugerencia o recomendación. Pero, a la vez, estamos viendo que empieza a haber informes también del consejo consultivo, del consejo de Estado... El Justicia no es un intérprete de preceptos sobre constitucionalidad; hay otros organismos. Preferiría que se convocara la junta de portavoces y que se arregle desde la política lo que se tiene que arreglar desde la política.

En general, ¿cree que los partidos políticos han abusado en los últimos años de acudir a la figura del Justicia pidiendo amparo?

Creo que hay un peligro, porque no hay que politizar la justicia ni judicializar la política. En el mundo de la justicia, he visto que se estaba haciendo en el día a día. No puedo decir si en el Justiciazgo anterior ha habido muchos casos; la verdad es que no lo sé. Pero no soy ajeno a que las dos reclamaciones que tengo son prácticamente en mis primeros quince días de mandato. Existe un riesgo de acudir al Justicia por cuestiones políticas. A mí no me gusta. Sin hacer ninguna valoración, porque cada uno ejerce sus derechos como mejor entiende, pero que esos asuntos deben resolverse en el ámbito del debate estrictamente político. El Justicia no está para eso.

¿Le preocupa el descrédito de la política y de la justicia de estos últimos años?

Sí, me preocupa porque además he estado durante mis ocho años como juez decano liderando reformas por la regeneración democrática, dando soluciones técnicas e incluso haciendo mención a que había que confiar siempre en los jueces y en los fiscales. La última deriva que están tomando algunos casos mediáticos, en las resoluciones... pues es verdad que están perjudicando la imagen de la justicia. Pero, por otro lado, en los últimos días hemos tenido noticias positivas: por un lado, el sistema al final funciona, se cumplen las penas, se ingresa en prisión… Tengo ese debate interno. Sigo confiando en la independencia del sistema judicial, lo que pasa es que hay que dar con reformas para que esa independencia y la imagen de independencia, que es lo que está en cuestión, se garantice de otra manera. Hay que cambiar muchas de las fórmulas de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, de los presidentes del TSJ... pero yo sigo confiando. El último baluarte es la justicia. Siempre se acude a los jueces para resolver absolutamente todo tipo de conflictos, los particulares y los políticos. Por lo tanto, sigo confiando en que la carrera judicial hace un papel esencial en nuestro sistema democrático. A mí me gustaría que tuviésemos más jueces para dar una respuesta más rápida, porque es verdad que en muchas comunidades autónomas la respuesta, incluso a temas particulares, se está dando a muy largo plazo y eso no nos interesa a nadie.