En la página cinco, en el punto 16 (después de proteger la tauromaquia y antes de derogar las leyes de protección LGTBI) del documento que Vox envió al Partido Popular con sus 19 exigencias para apoyar la investidura del candidato Juan Manuel Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta de Andalucía, se exigía la derogación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención protección integral contra la violencia de género.
La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, Altamira Gonzalo, no da crédito: “Es muy preocupante, por Andalucía en primer lugar y por lo que pueda pasar en el resto del país de cara a las próximas citas electorales”, y añade, “esto demuestra una cosa, la fragilidad de los derechos de las mujeres y la facilidad con la que algunos partidos no tienen ningún problema en ponerlos encima de una mesa de negociación a cambio de unos sillones o una cuota de poder”.
Un discurso reaccionario
El discurso de Vox dice no sorprenderla: “Es un partido enemigo de las mujeres. Sus objetivos principales pasan por la derogación de la Ley de Violencia de Género y de todas las leyes que hayan supuesto una igualdad de derechos. Son amigos de la desigualdad”. Pero sí se sorprende con la actitud tomada por el Partido Popular, “no esperábamos que un partido firmante de la Ley y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ceda nuestros derechos con tanta facilidad a cambio de la Junta de Andalucía. Y eso sí que nos preocupa”.
“No vamos a ceder y no vamos a permitir que nuestros derechos sean moneda de cambio”, asevera Gonzalo. Este es el motivo por el que las asociaciones feministas de España convocaron el pasado martes 15 de enero concentraciones en todo el país gritando: “Ni un paso atrás”.
Además, aclara la irrealidad de pedir la derogación de esta ley en Andalucía: “No es real; es una ficción. Esta ley está anclada en organismos supranacionales. Está firmada con las Naciones Unidas y con la Unión Europea a través del Consejo de Europa. España es firmante a su vez, junto a 30 países, del Tratado de Estambul, que busca la protección integral de las mujeres, no ya en España, en todos los países firmantes porque es un problema internacional. Esta ley forma parte ya de nuestro cuerpo legislativo”. Altamira Gonzalo sí ve un objetivo con esta petición, “buscan provocar, buscan meter miedo y despertar sentimientos en un electorado concreto”.
Uno de los caballos de batalla en la cruzada conceptual de Vox es la idea de “la ideología de género”. Gonzalo es tajante en este aspecto, “la ideología de género no existe. El género es una construcción social”, y continúa, “hablan también de la dictadura del género. Lo que buscan es atacar a las feministas con estas ideas. Están en contra de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no quieren decirlo”.
Legislar la desigualdad
Altamira Gonzalo también explica porque se dan penas diferentes sin que esto suponga una persecución hacía los hombres como expresa el argumentario de Vox: “La finalidad de la Ley integral de Violencia de Género es la siguiente: España, como otros países, tiene un problema estructural de violencia machista, de malos tratos en el ámbito familiar. Nuestro Código Penal antes de la Ley integral no disuadía. Sin sangre no se podía denunciar y en el caso de poder hacerlo las multas eran económicamente asequibles para cualquiera. Es un problema histórico”.
Y sigue explicando, “esa compresión con los maltratadores deriva del Código Civil de entonces que disponía que la mujer casada debía obedecer al marido. Si no se daba esta obediencia debida se derivaba una capacidad del marido que desembocaba en poderla reprimir físicamente. Si no se extralimitaba, ¡menudo concepto!, no te hacían ni caso”.
Estos antecedentes fueron generando opinión tanto social como jurídica. Primero con el delito de malos tratos habituales y después, por el corto alcance de la medida, desembocó en 2004 en la búsqueda de una ley integral que protegiera a las mujeres. “La Ley de violencia de género es una ley que aborda los malos tratos desde todos los ámbitos: educación, salud, medios de comunicación, laboral, juzgados y fiscalías contra la violencia de género y también crea unos tipos penales nuevos. Estos tipos penales nuevos consisten en sancionar los delitos de lesiones, las coacciones y las amenazas de manera más grave cuando los comete el hombre que cuando los comete una mujer en la relación de pareja”, desglosa Gonzalo, y prosigue, “esto se hace porque el Gobierno pidió un informe acerca de esta cuestión de tipo diferencial al Consejo General de Poder Judicial, y este le respondió que era ajustado a la Constitución aplicar penas diferentes cuando los delitos los cometían los hombres que cuando los cometían las mujeres debido a que la estadística de estos nuevos tipos de delitos era de más de un 90 % de delitos cometidos por hombres. Por tanto, lo que había que corregir era ese 90 %”.
Esto fue ratificado por el Tribunal Constitucional tras los múltiples recursos a la ley que le fueron llegando. Altamira Gonzalo lo explica: “El principio de igualdad es tratar de forma desigual a los desiguales, esta fue la conclusión del Tribunal Constitucional”, y apuntilla, “los chinos tienen un proverbio: si quieres enderezar un árbol torcido tienes que torcerlo en dirección contraria. Este principio es el mismo. Es sentido común y es nuestra constitución”.
Gonzalo también añade que esta diferenciación no supone el fin de la presunción de inocencia de los hombres y lo enlaza con argumento de la ultraderecha del aluvión de denuncias falsas; “Es precisamente porque no se perjudica la presunción de inocencia de nadie la razón de que haya denuncias archivadas. El delito puede haberse cometido, pero si no lo puedes probar la denuncia será archivada. Esto no es una denuncia falsa, es una denuncia en la que prevalece la presunción de inocencia ante la falta de pruebas que lo determinan. Llevar una denuncia falsa es otra cosa, es inventar un suceso que no ha pasado. Hay que tener cuajo para presentar una denuncia falsa, pero mantenerla es imposible”, concluye.
Datos falsos
Altamira Gonzalo no puede evitar reírse al oír recientes afirmaciones de políticos aportando datos sobre violencia de género. Si han muerto 60 hijos a manos de sus madres responde: “No lo sé de memoria, pero me arriesgo. Creo que fueron dos el año pasado”. Si las asociaciones feministas se lucran con la lucha responde lacónica, “el año pasado, a mitad de año, ya no teníamos recursos para seguir atendiendo mujeres y hacemos una labor que debería hacer el Estado”. Sobre si las denuncias son archivadas en un 87 % dice: “No. No hay manera de retorcer la estadística para llegar a ese porcentaje. Es un invento para confundir archivo con denuncia falsa. Las denuncias falsas son sensiblemente menores que en otras tipologías delictivas, como el intento de estafa al seguro. A nadie se le ocurre pedir la derogación de la Ley del seguro por eso. Es de locos”, acaba.
Altamira Gonzalo, aunque sí cree que este discurso ultraderechista se está instalando en el Partido Popular, espera que no se reedite el pacto a tres derechas dado en Andalucía y confía en que sirva de aviso y revulsivo para que se dé una reacción democrática y avisa de cara a las próximas elecciones, “primero ir a votar y después considerar a quién se vota. El riesgo de abstenerse o de votar a la derecha lo estamos viendo. El Partido Popular ha engañado porque en 2017 firmó el Pacto de Estado contra la violencia de género y ahora ha negociado con él”, sentencia.