Varias organizaciones estudian denunciar por prevaricación a la consejera de Educación
La concertación de un colegio privado en Cuarte de Huerva sigue dando que hablar y todo apunta a que el asunto se enredará aún más en el futuro. El Grupo contra los Conciertos Educativos, formado por CGT, CHA, IU, MHUEl y STEA, está estudiando la posibilidad de denunciar penalmente a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, por prevaricación.
Quieren esperar a que finalice el proceso de escolarización y, posteriormente, tomarán una decisión al respecto. Si finalmente optan por dar este paso, no está claro si todos los miembros de la organización lo apoyarían o solo algunos de ellos.
La razón de la posible demanda, según explica José Luis Ruiz, secretario general de CGT Enseñanza, es que la consejera de Educación “puso como excusa para autorizar el concierto el hecho de que no había suficientes plazas públicas en la zona”, un hecho que se produce “porque ella no ha cumplido con el Plan de Infraestructuras al no construir el colegio público Cuarte de Huerva III”.
Cuando termine la escolarización comprobarán si a los alumnos que no tienen plaza en los colegios públicos les obligan a ir al concertado de iniciativa privada. Si eso sucede, afirma Ruiz, “nos negaremos en rotundo”.
67 niños se quedan sin plaza en Cuarte de Huerva
Tras la primera fase del proceso de escolarización, 67 niños y niñas se han quedado sin plaza en Cuarte de Huerva. El CEIP Foro Romano ofertaba tres aulas con 25 plazas cada una, es decir, 75; y ha recibido 118 solicitudes. Por tanto, 43 se quedan sin plaza.
El CEIP Ramón y Cajal solo ofrecía 25 plazas y sobre la mesa tiene 49 solicitudes. 24 niños sin plaza que se suman a los 43 anteriores.
Pero aún hay más porque los otros dos colegios (los no construidos) también han recibido ofertas. El CEIP Cuarte de Huerva III oferta 25 plazas, para las que tiene 15 solicitudes. Por su parte, el colegio de iniciativa privada, al que se le han concedido 3 vías ya de inicio (75 plazas), solo tiene 24 solicitudes.
En el Grupo quieren esperar para ver cómo resuelve la situación la Administración. Ellos proponen, y así se lo harán saber al Ejecutivo autónomo en la próxima comisión de escolarización, que, “de una vez por todas, comiencen a construir el Cuarte III y, mientras tanto, se hagan más barracones en el Ramón y Cajal.
“El proceso está marcado por las irregularidades”
La vía penal contra Dolores Serrat no es la única actuación jurídica que se están planteando. La otra sería contra la Administración por este proceso de concertación “que está lleno de irregularidades y lagunas”. Se refieren al hecho de que el centro privado esté promovido por “un entramado de empresas y cooperativas con diferentes nombres, y que están relacionadas con Alfedel, empresa salpicada por la Operación Púnica”.
En primer lugar, señalan, el Gobierno de Aragón le concede la autorización a Ánfora, Sociedad Cooperativa Madrileña; pero después, el concierto educativo provisional se le da a Ánfora, Sociedad Cooperativa Aragonesa, que se encontraba “en construcción”.
Por si esto fuera poco, apuntan, “la empresa que se dirige al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva para solicitar una permuta de un viario público (permuta que ha sido denegada de momento por el consistorio) es otra, Yerhec aragonesa, S. A.”
Denuncian el modo de trabajo de la cooperativa
Tampoco les convence la forma de operar de la cooperativa. Ruiz afirma que, en primer lugar, piden a cada trabajador 48.000 euros para convertirse en cooperativista. Además, “deben hacerse cargo de la deuda general de la cooperativa”. Todo ello para recibir un sueldo de 1.100 euros al mes, según les han relatado personas que han realizado la entrevista de trabajo.
Para Ruiz, el negocio está al principio: “Ponen el cole en funcionamiento, reciben una buena cantidad de dinero y después les dejan el pufo a los cooperativistas que, luego, deben obtener ingresos de otro modo para saldar la deuda”. En opinión de Ruiz, una de las formas de obtener ingresos complementarios es aumentar el precio de algunos servicios. Por ejemplo, “lo que estén diciendo de que el comedor escolar costará 125 euros, cuando en uno público el precio no llega a los 100”.
Pero hay más, pone en duda el destino del dinero que pagará el Gobierno de Aragón: un profesor en la concertada “suele cobrar unos 1.400 euros, que es la cantidad que el Ejecutivo le dará a la empresa, pero si a los profesores solo les llegan 1.100, ¿dónde se quedan los otros 300?”.
El secretario general de CGT Enseñanza duda de que consigan suficientes trabajadores para poner en marcha el centro. Después de la polémica que está rodeando al proceso, “y de que todos los partidos políticos, excepto el PP, hayan dicho que si gobiernan retirarán el concierto, no es extraño que el profesorado se lo piense”.
