La amenaza del embalse de Biscarrués continúa viva en los juzgados
- Un año después de que la Audiencia Nacional tumbase el anteproyecto, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de los regantes y desestimado las alegaciones de la localidad
El embalse de Biscarrués, que agonizaba hace un año, continúa vivo. Al menos, en los juzgados, donde permanecen abiertas varias causas. Después de que el pasado verano la Audiencia Nacional tumbara el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del proyecto, el Tribunal Supremo ha acabado con la expectativas del Ministerio de Medio Ambiente, con nuevo titular, al rechazar su recurso de casación. A la vez, ha admitido a trámite el de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón para retomar el proyecto y desestimado las alegaciones de quienes representan junto a los ecologistas la más fuerte oposición al pantano desde hace 30 años: los ayuntamientos de Biscarrués y de Murillo de Gállego y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.
La Audiencia Nacional sostiene que el proyecto vulnera la Directiva Europea de Aguas y que no se justifica un interés público superior para su puesta en marcha. Además, la sentencia alude a que el proyecto no consta de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental ni de un estudio específico de la recuperación de costes o del impacto en las masas de agua afectadas. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Abogado del Estado, como Riegos del Alto Aragón y los ayuntamientos recurrieron el fallo por sus diferentes intereses.
Los regantes son quienes han salido mejor parados. Uno de los argumentos principales para el Tribunal Supremo reside en el concepto de “interés público superior”, un requisito fijado por la Directiva Marco del Agua, para que el embalse sea una realidad. Según la Audiencia, no cabe su equiparación con la declaración de “interés general” de la obra ya que “tal declaración es abstracta, sin contemplar un análisis detallado” y se basa además en una normativa anterior a la Directiva.
Para el Supremo, la clave reside en si la declaración legal de interés general de un proyecto como el de Biscarrués se puede equiparar al concepto de interés superior público de la Directiva Marco del Agua. A este respecto, valora la interpretación de la Audiencia Nacional sobre el interés público “gravemente dañosa para los intereses generales”.
Según el Abogado del Estado, el interés público debe situarse por encima “de los intereses privados o parciales; es decir, que satisfaga las necesidades de una importante mayoría de la población, beneficiando a aspectos muy fundamentales de la colectividad”. El Supremo cierra las puertas, por último, a los argumentos de los más directos afectados por “falta de fundamentación suficiente”. Medio Ambiente juzga ahora necesario someter el proyecto de Biscarrués a una nueva evaluación de impacto ambiental que palíe las deficiencias detectadas por la Audiencia Nacional en su fallo.
CHA preguntará al Gobierno de Sánchez
Desde CHA se valora que “no tiene sentido que el actual Ministerio de Transición Ecológica mantenga esta agonía durante más años”, y por ello a través del senador de Compromís, Carles Mulet, preguntarán al Gobierno español si va a desestimar el proyecto de embalse de Biscarrués “o va a seguir adelante con el mismo”.
Para Joaquín Palacín, secretario territorial de CHA, “no tiene sentido seguir con esta sinrazón y le pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez valentía para enterrar para siempre la espada de Damocles que amenaza a La Galliguera desde hace 35 años, que solo ha hecho que perjudicar a las dos partes del conflicto, afectados y regantes expectantes que ven como las promesas no se cumplen nunca a través de unas obras como las del embalse de Biscarrués totalmente indefendibles”.
