Una economía rural en peligro por el embalse de Biscarrués: la Galliguera teme la pérdida de hasta 700 puestos de trabajo
Los embalses de Biscarrués y Almudévar forman parte de un proyecto hidráulico separado, aunque vinculado en su origen, y ambos se encuentran en los tribunales. La Audiencia Nacional podría pronunciarse el mes que viene al respecto del recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción para detener el segundo, mientras que el primero está a expensas del dictamen del Tribunal Supremo. Pese a encontrarse paralizados, los habitantes de la zona en la que quiere construirse, la Galliguera, temen por el futuro y por el impacto económico que supondría la puesta en marcha de estos dos pantanos.
Se conoce como la Galliguera al tramo del río Gállego comprendido entre los embalses de la Peña y de Ardisa, como parte del denominado Reino de los Mallos y con un gran valor ecológico y medioambiental. La economía de esta zona de la Hoya de Huesca está basada en pequeñas explotaciones ganaderas y agrarias y, en las últimas décadas, se ha impuesto como la primera opción el turismo rural. Una actividad muy vinculada a los deportes de aventura y que, según señalan desde la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, corre peligro.
Se generan 200 puestos de trabajo directos y unos 500 indirectos. Unas 80.000 personas acuden cada año para practicar deportes como el ráfting, el kayak o el hidro-speed; también, puenting, tirolinas o vías ferratas. Asimismo, el turismo ornitológico se ha abierto paso con visitantes de todo el mundo y especies como el buitre, el quebrantahuesos, el milano o la chova piquirroja
El río Gállego también es escenario cada año del descenso de sus aguas por los 'nabateros'. Se recrea el tiempo en el que las maderas de las montañas eran bajadas a los pueblos y ciudades del llano a través del río Gállego. La madera se empleaba como mercancía y, todos los veranos, se recrea con el empuje de la Coordinadora y los ayuntamientos y asociaciones de la zona.
En la Galliguera se sienten “amenazados desde hace más de 30 años”. El de Biscarrués sería el cuarto embalse en la zona si se cuentan los de la Peña, Ardisa y la Sotonera. La Coordinadora coincide en que “no es necesario construir Biscarrués para realizar Almudévar. Hay estudios de caudales que así lo demuestran”. Tildan de “irresponsabilidad” esta obra y creen que la prioridad debería ser “la descontaminación total del río Gállego. Con actuaciones y dotaciones presupuestarias inmediatas”.
Se pide que “primero se identifiquen los puntos de vertido y se traten de la mejor manera posible para eliminar el peligro de forma definitiva. Es una desfachatez llevar agua contaminada a más puestos poniendo en peligro tanto la salud de la población como los productos regados con esta agua”. Insisten en que “los regantes deben justificar de forma actualizada la necesidad de estos caudales que suponen un gran coste económico, medioambiental y social. Este gasto de dinero público no está justificado”.
Los habitantes de la Galliguera apuestan por alternativas de modernización y balsas laterales más pequeñas “que dan respuesta a las supuestas necesidades. El río Gállego no tiene caudales suficientes para esta obra tal como demuestran los últimos estudios científicos y supondrá el fin del turismo de aventura en la Galliguera. Es necesario hacer un análisis más en profundidad y actualizado de la situación”.
Ecologistas en Acción, que ha encabezado la resistencia frente a Almudévar, alude a que “desde un punto de vista socioeconómico, la creación de nuevos regadíos es inviable; en primer lugar, porque supondría una seria amenaza a la maltrecha viabilidad económica de los regadíos ya existentes, necesitados de constantes ayudas públicas de diversa índole. Es decir, los nuevos regadíos entrarían en competencia económica directa con los regadíos actuales, en un contexto de inevitable escasez de agua y de mercados y precios imprevisibles”.
Además, “cada llenado del embalse de Almudévar costaría 2,5 millones de euros netos en electricidad, contando los ingresos por turbinado, pues el llenado se efectuaría íntegramente mediante bombas eléctricas, con una altura nominal de bombeo de 46 metros”. En este sentido, las comunidades de regantes de Riegos del Alto Aragón “parecen no estar aprendiendo nada de sus crecientes dificultades para pagar las facturas eléctricas de sus bombeos, y supeditan su futuro a la existencia de un sistema público capaz de subvencionar eternamente sus costes fijos y variables de explotación”.
Por su parte, el embalse de Biscarrués “no es más que una cabezonería incapaz de suministrar el agua que necesitarían los nuevos regadíos que se reclaman. La afección socioeconómica del embalse de Biscarrués es sobradamente conocida, y el profundo daño y dolor colectivo en el territorio afectado no encuentra ni siquiera una justificación económica ni técnica, más allá de los consabidos intereses que se esconden detrás de las obras públicas absurdas, y del empecinamiento, la falta de sensibilidad y la prepotencia trasnochada que demuestra la presidencia de Riegos del Alto Aragón”.
