Testigos de cargo contra la corrupción: entre el banquillo y el vacío político y laboral

“Se paga un alto precio personal por denunciar. Al final, los denunciantes estamos mal vistos. Nos miran con recelo”. Marisol Aured, testigo de cargo del caso La Muela, en cuyas diligencias su identidad permaneció protegida durante meses bajo el pseudónimo “Molinos 1”, sabe de lo que habla. “Soy de aquí, de La Muela de toda la vida, y algunos te retiran el saludo. Eso duele, pero más a la familia”, explica.

Hay algo más que malas caras. Este martes, la segunda exalcaldesa de La Muela se sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza para enfrentarse a un cargo de prevaricación. Los responsables de Aranade, la empresa que gestionó el urbanismo del pueblo en la etapa que Mariví Pinilla (PAR) ocupó la alcaldía, le acusan de haberse saltado la ley para que el Ayuntamiento no liquidara varias facturas que sumaban 1,1 millones de euros.

Le acompañaron en el banquillo la exconcejala de Régimen Interior y la exinterventora que redactó el informe que aconsejaba no pagarlas porque llegaron cuando ya estaba cerrado el Plan de Pago a proveedores y porque, además, iban con cargo a una sociedad municipal en concurso de acreedores. La Fiscalía pide penas de inhabilitación para las tres.

“Se sufren consecuencias personales”

A final de año, Aured será uno de los principales testigos de cargo en el juicio de La Muela, en el que Fiscalía imputa hasta doce delitos al presidente de Aranade, Julián de Miguel, para quien pide 26 años de cárcel y multas por valor de 19,6 millones de euros. El ministerio público sostiene que el empresario, hoy en libertad bajo fianza de 120.000 euros, vehiculó el pago de 2,89 millones de euros a Pinilla y su familia “bien en metálico, bien mediante el pago de gastos”. Solicita 37 años de prisión y multas por 22,9 para esta última, principal acusada de un asunto con más de 40 encartados.

“Se sufren consecuencias personales por presentar una denuncia. A mí me han insultado en la calle”, explica Aured, alcaldesa en minoría al frente de una lista del PP la pasada legislatura y que recuerda como “en su día se dijo que era una vendetta” su declaración ante el Grupo de Blanqueo. Rechaza esa tesis, reivindica el ejercicio de la política como servicio al ciudadano e insiste en que “la reconciliación tiene que llegar, la pide el pueblo”, fracturado tras estallar el caso La Muela.

“No sabía para quien era el dinero”

Aured no es el único testigo de cargo que pasará por el banquillo. El empresario Santiago Becerril compartirá la acusación de cohecho con dos exejecutivos de la empresa pública Plaza –el exconsejero delegado Carlos Esco y el exgerente Ricardo García Becerril- a los que, según confesó al Grupo de Blanqueo de la Policía, entregó más de 600.000 euros en efectivo tras haberle comprado esa sociedad unos terrenos con –según la investigación- un sobreprecio que duplicaba con creces el de mercado. Los tres han pedido para el caso Cartódromo un sobreseimiento que no tiene muchos visos de prosperar.

“A veces se pregunta cómo se ha metido en este lío”, explica una fuente cercana al empresario. “No tenía conciencia de haber hecho nada malo –añade-. Pensaba que ese pago era una comisión para alguien que había intermediado en la operación. Cuando entregó el dinero no sabía para quien era”. Los exejecutivos, por su parte, niegan haberlo recibido.

Ambos esperan la sentencia del llamado caso Pagarés, en el que la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza debe dictaminar si una operación de construcción de naves fue un despropósito comercial o, en realidad, sirvió de tapadera para un desfalco de 13 millones de euros. Y están encartados, con otras cuatro decenas de personas, en el caso Saqueo, en el que un juzgado de Zaragoza investiga un presunto latrocinio de más de cien millones de euros en las obras de la plataforma logística de Zaragoza.

“Trabajo con gente que no me dirige la palabra”

Uno de los principales testigos de las acusaciones, encabezadas por la Fiscalía Anticorrupción, en este asunto es Francho Chabier Mayayo, alcalde del pequeño municipio zaragozano de Lobera d’Onsella y empleado de Acciona, la empresa que lidera la UTE que ejecutó las obras de Plaza. “A mí nadie me habla. Me han apartado en unas naves con una gente que no me dirige la palabra. Ahí me tienen tirado”, explica.

Mayayo, alcalde del municipio prepirenaico en una lista de Chunta Aragonesista –llegó al cargo al renunciar su antecesor del PSOE, de quien era teniente-, considera “lamentables las presiones que he tenido que aguantar”. “Está por ver cómo va esta legislatura”, apunta.

Marta Pardo, concejal del PP en Mallén, se cayó de las listas de su partido para la Diputación Provincial de Zaragoza unos meses después de que el Supremo confirmara la condena de inhabilitación por prevaricación al exalcalde de su pueblo, Antonio Asín (cargó a las arcas municipales 35.554 de los 65.477 euros que costaron “la elaboración de un folleto y un borrador de unos pocos folios”), y de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza lo imputara en una nueva causa, ahora por la presunta falsificación de documentos de la Sociedad Urbanística Municipal.

Sigue como concejal de la oposición y ha vuelto a ocupar su plaza de maestra.