La Zaragoza que escapa al Instagram de la alcaldesa: “Estamos atemorizados, me da pavor la hora de volver a casa”

El Casco Histórico de Zaragoza es una zona caracterizada por sus calles estrechas, con edificios bajos pegados unos a otros. En las últimas semanas, dos de esos inmuebles han sufrido daños estructurales, hasta el punto de que uno de ellos ha sido declarado en ruina, en la calle de Manuel Cerezo, que tendrá que ser demolido. Más suerte han tenido los habitantes y ocupantes de negocios de la calle Libertad, 14, desalojado hace una semana tras la aparición de una sima en la calle y que van a regresar a sus pisos. Pero los daños estructurales no son lo único que perturba a los vecinos de estas calles, que denuncian la “desidia” y el “abandono total” del Ayuntamiento tras la okupación ilegal de tres inmuebles de titularidad municipal.

La imagen del barrio que trasmiten los vecinos dista de la que se trasmite desde la cuenta de Instagram de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que, con una de los perfiles más activos entre los regidores aragoneses, muestra la parte amable de la capital aragonesa. Según explica Javier Magen, presidente de la Asociación de Vecinos Plataforma Gancho Pignatelli, hay 62 edificios en el barrio que necesitarían ser rehabilitados, pero los vecinos y vecinas “no pueden hacer frente económicamente a esos arreglos. El edificio que fue desalojado esta semana costaba 200.000 euros rehabilitarlo, entre ocho vecinos resulta imposible de pagar”. Óscar Villanueva reside en la calle Pignatelli y es portavoz de la plataforma de vecinos del Gancho. Añade que, en el Casco, el Gancho y Pignatelli hay más de “120 edificios cerrados y abandonados en riesgo de derrumbe, incluso con gente viviendo dentro. No sabemos por qué el ayuntamiento no hace su trabajo”.

Yolanda Galindo, vecina de la calle y presidenta de la asociación Calles Dignas, asegura que el estado de los edificios del barrio es “lamentable” porque en los últimos 50 años “ningún ayuntamiento se ha preocupado por El Gancho”. Considera que la obligación del Consistorio es controlar las condiciones en las que se encuentran los edificios: “Aquí hay gente que económicamente no pueden arreglarlos, mis padres viven en una casa vieja y no tienen para hacer grandes arreglos, pero ya que Europa da fondos se podrían utilizar para arreglar los edificios que corren peligros, lo que no queremos es que los tiren y perder la esencia, hay que cuidar también el patrimonio”.

Esta misma semana, el martes, los bomberos ordenaron el desalojo de un edificio entero en la calle de Manuel Cerezo, número 39. El inmueble consta de un bajo y cuatro plantas con ocho viviendas en total, donde viven 22 personas, siete de ellas menores. Trabajadores sociales que estaban haciendo una visita en el edificio detectaron el mal estado de las escaleras y se pusieron en contacto con los bomberos, quienes decretaron el desalojo preventivo y temporal por motivos de seguridad, dados los aparentes daños estructurales en la caja de escaleras. Este jueves se ha conocido que los arquitectos del Servicio de Inspección del Area de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda ha concluido declarar la ruina inminente del inmueble. La decisión se toma ante “el peligro inminente de colapso y hundimiento de algún o varios forjados o de algún tramo de consideración de la escalera principal, es decir por fallo estructural”.

De este modo, se mantiene el desalojo del edificio y se procederá a apuntalar todo el inmueble, de abajo arriba, para asegurar los trabajos de demolición en condiciones de seguridad y evitar el colapso del edificio. El informe municipal de inspección explica que, si bien la fachada se encuentra en óptimas condiciones, “examinada la planta baja, se observa que la escalera está movida y su estabilidad no es segura” y que “los pilares que dan al patio interior están torcidos y agrietados en la base”. Mientras, el patio tiene el suelo desnivelado con caída hacia un sumidero central y existe también en planta baja un local en desuso cuya mitad del suelo está hundido y desnivelado hacia el fondo bajo el patio interior. De este local se puede acceder a una pequeña bodega cuya escalera está arruinada. Y, además, las viviendas presentan todas en general signos de desorden estructural, con vigas, muros y tabiques agrietados y algún madero que está a la vista carcomido, a lo que se suma la flexión del forjado. El inmueble había pasado en 2018 la Inspección Técnica de Edificación (ITE) e incluso para hacerlo de forma favorable tuvieron que acometer obras en fachada y otros elementos.

No ha sido el único edifcio en riesgo en el mes de octubre. El pasado día 17 apareció una sima con ocho metros de diámetro que obligó a desalojar a los vecinos del bloque contiguo en la calle Libertad y al cierre de tres negocios. El Ayuntamiento de Zaragoza anunció este jueves el regreso de los residentes del número 14 de la calle Libertad y la reapertura de los tres negocios afectados por la sima el viernes. Según informaron desde el consistorio, los “operarios han revisado las tuberías de la zona que permanecen en buen estado, por lo que no será necesario una actuación complementaria y se mantiene así el cronograma previsto. Ya se han reforzado y reparado los muros de carga de los edificios que se habían visto afectados por el desplazamiento de tierras de la sima, y se ha procedido a rellenar la primera parte oquedad, que ha fraguado de forma satisfactoria”.

Desde el Ayuntamiento destacan también que este hecho es “sobrevenido y puntual provocado por las filtraciones de agua sostenidas en el tiempo de una tubería de abastecimiento, cuya conexión fue reparada en el primer momento. En el resto de la zona se han hecho comprobaciones y no se ha detectado ninguna incidencia”.

El Consistorio sostiene que los inmuebles que deben pasar la ITE cada año, más del 96% lo hace con informe favorable. El 4% restante debe acometer las obras de rehabilitación indicadas. Y en caso de no hacerlo se inician los trámites para sancionar a los propietarios.

Edificios okupados

La okupación de edificios enteros y de viviendas es otro de los aspectos que preocupan a los vecinos. Óscar Villanueva vive en la calle Pignatelli, donde se encuentra el edificio okupado más grande, el número 76, con 17 pisos habitados por gente que ha entrado ilegalmente, según los vecinos, aunque el Ayuntamiento sostiene que solo hay siete apartamentos que se encuentran en esa situación. Lo llamativo es que se trata de un inmueble de propiedad municipal, ya que hace unos años se inició un proceso de acondicionamiento del barrio y el Ayuntamiento adquirió los edificios abandonados, propiedad de bancos, para hacer viviendas de alquiler asequible. Sin embargo, ya son tres los bloques de titularidad pública en los que han entrado okupas. “Hay traficantes de drogas, prostitución y familias con niños que no llevan a los colegios”, explica Villanueva. El estado del edificio es “ruinoso”, según Yolanda Galindo.

No es el único caso: el edificio de la calle de Agustina de Aragón, número 6, y el de la misma calle de Cerezo, número 4, también de titularidad municipal, se encuentran en idéntica situación. En total, 20 edificios de todo el barrio están okupados, según la Asociación de Vecinos Plataforma de Afectados del Gancho y Pignatelli. “Los vecinos estamos atemorizados, yo tengo dos hijas en edad de salir y me da horror que vengan andando, salen en el casco viejo y se tienen que coger un taxi para dos calles. A mí lo que me da pavor es la hora de volver a casa, los okupas están toda la noche en danza con robos, atracos y peleas”, expone Galindo.

La basura en las calles y la inseguridad a la hora de transitar su barrio son los aspectos que más preocupan a sus vecinos. Javier Magen, presidente de la Asociación de Vecinos Plataforma Gancho Pignatelli, explica que el entorno de estos edificios es totalmente “insalubre” y que, a pesar de que el camión de la basura pasa tres veces al día por esta calle, “no es solución, porque, al ver que se recoge, la gente adquiere el hábito de sacar la basura a cualquier hora”. Además, “casi todos tienen enganches ilegales a la luz, lo que puede provocar cortocircuitos; ya han ardido tres edificios por este motivo. Y no es solo el edificio, están uno pegado al otro y un incendio se puede trasladar a otros inmuebles”, añade.

Galindo explica que hay muchos menores en condiciones “pésimas”: “Niños que van descalzos por la calle entre toda la porquería, vendiendo droga, en medio de peleas. Además del estado en el que se encuentra el edificio donde viven, que está en ruinas, imagínate las circunstancias habitacionales y el entorno de estos niños. Se supone que servicios sociales está atento a los casos. Yo soy de aquí de toda la vida; mis padres y mis abuelos han vivido siempre aquí, hemos vivido de todo, pero como esto nada, esta gente no respeta nada. Ellos viven sin miedo y nosotros con mucho miedo”.

“A cualquier hora del día tienes a unos tipos sentados que te ofrecen droga. Este es el único barrio, según la Policía Nacional, donde todavía se trafica con droga a pie de calle”, explica Magen. Galindo asegura que el día a día en el barrio es “complicado” por los ruidos y, sobre todo, el “miedo”. Villanueva comenta que ha sufrido una agresión por parte de uno de los ocupantes de estos pisos, al decirle a un niño que no golpease una chapa metálica con un balón por la noche: “Me ha pegado un puñetazo un okupa y me han puesto pintadas en la calle de 'chivato cabrón', 'te vamos a matar' o 'maricón', de todo, he tenido que ir a denunciar muchas veces, no les tengo ningún miedo, pero mi madre vive al lado y no quiero que vea según que cosas”. Asegura también que, últimamente, su zona está “más tranquila” porque se quemó un narcopiso. “Pero yo quiero estar tranquilo en todo mi barrio. Desde 2019 tengo una enfermedad de Crohn producida por el estrés y los nervios que me ha provocado esta calle”, lamenta.

Magen asegura que esta situación está vaciando el barrio y que han detectado un incremento de pisos turísticos: “La gente se va del barrio y no quieren malvender, ya que se han devaluado a la mitad los pisos, así que los alquilan o los ponen en plataformas de alquiler vacacional. En el barrio hay 142 viviendas de alquiler turístico”. Galindo explica que este es un “miedo” que empiezan a tener, pues los pisos turísticos “no hacen barrio”.

Zaragoza Vivienda

Estos edificios son propiedad del Ayuntamiento, que tiene previsto trasladarlos a Zaragoza Vivienda para que los gestionen y se oferten como pisos de alquiler asequible. Sin embargo, los vecinos denuncian la “lentitud” de los trámites, puesto que hace más de un año que el Consistorio tiene la propiedad de dos de los inmuebles y desde marzo el situado en Pignatelli, 76. “Están okupados desde que el Ayuntamiento anunció, durante seis meses y todas las semanas, que se iban a expropiar. La gente, al saber que son municipales, se mete ahí porque sabe que los trámites municipales son largos', asegura Villanueva.

Zaragoza Vivienda es una sociedad creada con el objetivo de rehabilitar las zonas urbanas degradadas así como la reducción consiguiente de los precios de venta y arrendamiento de los solares edificables y de las edificaciones resultantes mediante los pisos de alquiler asequible. Su presidenta es la alcaldesa Natalia Chueca, ya que es una entidad municipal que depende del Ayuntamiento de Zaragoza. “Forma parte del Ayuntamiento y no entendemos a qué se está jugando”, comenta Magen.

“Expropiar los pisos ha sido un proceso larguísimo, pero ahora nos enteramos de que después de un año ni siquiera han denunciado a los okupas. Les pides reuniones y no te la dan y no nos informan de nada”. Lo mismo critica Villanueva, quien asegura que la comunicación con Urbanismo es “inexistente” y que el concejal Víctor Serrano “pasa de nosotros, no nos da ninguna cita para reunirnos, no nos escucha, nos tiene bloqueados en WhatsApp, es una cosa sorprendente. Estamos jugando con vidas de personas y este señor, que es el responsable, pasa de nosotros”.

Preguntado por el concejal socialista Horacio Royo, que hizo referencia a la ausencia de una orden para iniciar el desalojo de este edificio en la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, el concejal de Urbanismo del PP, explicó que será Zaragoza Vivienda la que se encargue de la vía judicial. La titularidad, por el momento, sigue en manos del Ayuntamiento, que la traspasará a esta entidad el mes que viene y será ahí cuando empiecen los trámites. Serrano recurrió a la Ley de Vivienda, asegurando que es por culpa de esta legislación por la que no se ha podido iniciar antes el proceso de desalojo.