La Fiscalía asturiana ve “reticencias” a la suspensión de visitas de padres maltratadores a sus hijos

La fiscal superior de Asturias, Maria Eugenia Prendes, ha afirmado este lunes que en algunos casos de violencia machista se han observado desde su departamento “reticencias y resistencias” para aplicar a padres que están siendo juzgados o que han sido condenados por violencia machista la suspensión del régimen de visitas a sus hijos.

En una comparecencia en la Junta General del Principado para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía del Principado de Asturias 2023, Prendes se ha referido a la violencia vicaria para advertir que en ocasiones se fijan visitas “sin contar con la obligada evaluación” y sin argumentar por qué no constituye “en ese caso concreto” un peligro para el menor el hecho de que conviva con “un varón con un patrón socio-cultural violento”.

Prendes sostiene que la evaluación de la relación parento-filial para que el progenitor acusado de maltrato pueda continuar con las visitas -algo necesario desde que existe un proceso por violencia machista según la ley- la debería hacer un profesional de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVIF) y no el juez del caso, como sucede en la actualidad.

Las “pequeñas situaciones de violencia” previas

También ha explicado que muchas veces la madre del niño “no es capaz de percibir” el riesgo que corren sus hijos con su padre, a pesar de haber sido maltratada por él, y que estos testimonios no pueden ser tenidos en cuenta, ya que en muchos de estos casos la madre “no está en condiciones de prestar atención adecuada a sus hijos”.

Asimismo, ha denunciado que, en el ámbito de la violencia vicaria, solo se pone el foco en el asesinato, pero no en “todas esas pequeñas situaciones de violencia que van ocurriendo hasta que ya se produce el estallido”, por lo que ha reclamado una mayor atención para detectar los signos previos que lo preceden.

Con respecto a la carencia de profesionales en el ámbito de la justicia, ha explicado que es “fundamental” que haya trabajadores sociales y psicólogos de guardia 24 horas en el juzgado de violencia de género ya que muchas veces lo que se denuncia es la última gota que colma el vaso pero detrás hay una historia de maltrato continuada que necesita el auxilio de especialistas para conseguir aflorar.

Juzgados de violencia de género en Gijón y Siero

La fiscal también ha sostenido que debería de haber “un segundo juzgado” especializado en violencia de género en Gijón y “quizás otro en Siero” y “cuantas más unidades de valoración integral de la violencia contra la mujer ”mejor“, ha dicho.

En relación a la entrada en vigor de la ley para garantizar los derechos LGTBI, Prendes ha detallado que en el Registro Civil de Oviedo se contabilizaron 63 supuestos de rectificación registral, de los cuales tres correspondieron a adolescentes de entre 14 y 16 años y que, del total de casos, en 19 supuestos se realizó un cambio de nombre.

Implicación con la siniestralidad laboral

También se ha referido a la siniestralidad laboral, afirmado que la Fiscalía tiene una “implicación absoluta” con esta problemática a través del fiscal delegado y, con respecto a las causas de la elevada mortalidad en el ámbito del trabajo, ha explicado que todavía no se han planteando medidas desde la Fiscalía para abordar el incremento de la siniestralidad porque todavía se está “en fase de análisis” para esclarecer sus causas.