Enseñanza pública, igualdad de oportunidades y cohesión social

En su último informe Necesidades Sociales en España – Educación del Observatorio Social de la Fundación la Caixa, de julio de 2020, afirma que las disfunciones más importantes del sistema educativo español son los altos niveles de abandono escolar, el elevado peso del origen socioeconómico en los resultados académicos y el alto nivel de segregación por origen social . Otro estudio sobre Diferencias Educativas Regionales, 2000-2016, publicado por la Fundación BBVA (IVIE) en 2019, aporta pruebas de que el sistema escolar español segrega al alumnado. Los autores de este estudio explican que en nuestro país el reparto del alumnado en función de su origen o clase social sigue una lógica muy clara: “la atención al alumnado de entornos menos favorables es asumida casi al completo por los centros públicos”, mientras que los estudiantes de entornos más favorables son acogidos, en su inmensa mayoría, por los centros privados, con todas las distorsiones que eso implica. Puede destacarse que la separación del alumnado según su origen social tiene consecuencias en el rendimiento. Dos ejemplos: los estudiantes de entornos más favorables sacan 67 puntos más en PISA que sus compañeros de entornos menos favorables (esto equivale a dos cursos completos); un alumno de un entorno menos favorable tiene 5,5 veces más probabilidades de repetir curso que otro de un entorno favorable. En coherencia con las políticas educativas más inclusivas y equitativas que se practican en Europa, la nueva Ley de Educación (LOMLOE) pretende corregir este grave desajuste social. Las principales medidas que contiene la ley para afrontar dicha situación son:

1. La gestión de la oferta de plazas y el proceso de admisión y reparto del alumnado serán públicos, con el objeto de evitar que los estudiantes de entornos más favorables se concentren en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los que proceden de entornos menos favorables se matriculen en las escuelas públicas. Para ello, “las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes”.

2. En la admisión del alumnado se prima la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, dando preferencia al área o zona de escolarización que corresponda, indistintamente, al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales. Para hacerlo efectivo, se establecen “áreas de influencia” de los centros y se da a las comisiones de garantía de escolarización el mandato de “evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza”.

3. Se anula la cesión de suelo público para la construcción de centros concertados y la posibilidad de concertación a los centros que segreguen a su alumnado por sexo.

4. Se establece, para evitar agravios o discriminaciones, que los centros concertados no podrán cobrar cuotas añadidas por actividades complementarias dentro del horario escolar del alumnado.

La aprobación de la nueva ley de educación está provocando una reacción furibunda y desmesurada de los medios de comunicación conservadores y de grupos con intereses creados. Coincidimos con la ministra Celaá en que lo que está en juego no es “la libertad de enseñanza” o “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Lo que está en juego es quién paga: si el dinero público debe financiar la educación religiosa o de ideario particular o, si, por el contrario, es prioritaria la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad para toda la sociedad, incluyendo la población de menor renta.

Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde, a veces, el clasismo y la insolidaridad. En la Unión Europea, que ponemos de ejemplo en tantas ocasiones, este debate y esta disyuntiva no existe. Para la gran mayoría de países y para todos sus partidos políticos -incluidos los más conservadores-, una enseñanza pública gratuita y de calidad es la mejor garantía de dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Lo que ocurre en España, Bélgica o Malta, donde se dedican recursos públicos al mantenimiento de centros privados (con sus correspondientes privilegios en criterios de admisión e ideario), es la excepción que confirma la regla. El 90% de la oferta educativa europea es pública y, como es lógico y democrático, las familias que quieren optar por una enseñanza privada, más exclusiva, la pagan de su bolsillo.

En la tradición democrática e ilustrada de Europa se tiene claro que la inclusión educativa, la cooperación como método de aprendizaje y la diversidad como valor a través de la convivencia de personas de todas las condiciones sociales y económicas, fomenta la implicación de “todos y todas” en la educación y, en consecuencia, el compromiso con la mejora de los centros. Este modelo permite incorporar todo el talento potencial de una sociedad con independencia de su nivel económico y, en nuestro caso, ser consecuentes con la igualdad de oportunidades, consagrada en la Constitución.