En los orígenes de la tragedia

Más de cinco mil personas han muerto en las rutas marítimas con destino a España en los primeros seis meses del año. De todas ellas, 4.808 han perdido su vida en la ruta canaria. El sábado 28 de septiembre de 2024, un cayuco procedente de Mauritania se hundía a pocas millas de la isla de El Hierro. Tras casi una semana de precaria navegación, y dos días sin agua potable ni alimentos, la embarcación se iba a pique justo en el momento en el que llegaba el dispositivo de salvamento. Más de cincuenta personas han muerto. Cincuenta familias que han perdido a un ser querido. Nunca olvidemos esto. Los cuerpos inertes que han sido rescatados probablemente no serán identificados –ni velados- por sus familiares ante la ausencia de un protocolo que permita retrasar las inhumaciones, aspecto denunciado por Elena Maleno, de Caminando Fronteras en las ondas de la cadena SER. En esa misma emisora, poco después, un tertuliano repartía responsabilidades entre las diferentes instituciones, españolas, malienses, mauritanas, senegalesas en el control de salida de esos flujos migratorios.  

Como bien conocerá ese tertuliano y cualquier comentarista político serio, el conocimiento de los factores estructurales son fundamentales para un correcto análisis de fenómenos como el de los movimientos migratorios. Mali, país de origen de la mayoría de víctimas en este naufragio, ocupaba en marzo de 2024 el puesto 188 de 193 en los rankings de Naciones Unidas que miden los Indicadores de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador es multifactorial e incluye parámetros esenciales que gradúan los niveles de bienestar global en todos los países del mundo. Más allá de elementos clave en la vida de las personas como el acceso a la educación o la salud, incorpora otros muchos factores como la seguridad física o los niveles de participación democrática. El estado de guerra larvado en el norte de este país del Sahel desde hace más de una década, los recurrentes fenómenos meteorológicos extremos, así como el impacto del terrorismo en esa zona del continente se encuentran también detrás de las motivaciones básicas para arriesgar la vida en un incierto tránsito hacia la próspera Europa.  

De la misma manera en que se están planteando discusiones sobre el papel del colonialismo español en América, ¿cómo puede siquiera minimizarse el impacto del colonialismo y el imperialismo en la estructura económica internacional del presente? Muchos han sido los estados colonialistas que están emprendiendo políticas de reparación y reflexión crítica sobre las ventajas económicas adquiridas gracias a la extracción colonial. La división internacional de la producción durante la era de la expansión ultramarina europea abrió una senda marcada por la esclavitud, la extracción económica, la desigualdad y una creciente divergencia entre Occidente (the West) y el resto (the Rest). Esta brecha se hizo aún más evidente a partir del siglo XIX a merced de la Revolución Industrial y el nuevo control imperial de la economía. El Imperialismo decimonónico incorporó nuevos elementos de supuesta racionalidad científica en el establecimiento de jerarquías sociales a nivel internacional. El nuevo orden económico internacional debía ser liderado por hombres blancos y occidentales. El resto del mundo se dividía en diferentes pueblos susceptibles de ser civilizados. Ahí encontraremos una taxonomía de pueblos, culturas y civilizaciones, donde el centro de todo –incluyendo la hora mundial- tenían sentido en el corazón de la Europa industrial.

En esta parte del continente africano, el Sudán francés (actual Mali) era un espacio territorialmente asimétrico, con escasa presencia institucional más allá de Bamako y las regiones limítrofes a Senegal. Esta ausencia del Estado colonial francés se explica parcialmente por las enormes dificultades para la extracción de recursos económicos relevantes para la industria y economía metropolitanas. La falta de recursos económicos motivaba ese “desentendimiento” institucional relativo, pero que sí se hacía evidente en la ausencia de inversiones básicas en educación, salud o infraestructuras de transporte. Por el contrario, la mayor parte del territorio, de bajo interés agroexportador serviría como gran reserva de mano de obra forzosa bajo el régimen de prestaciones. Esa mano de obra se movilizaba allá donde fuese necesario, especialmente en las regiones más ricas que recibían mayores inversiones públicas. Las asimetrías espaciales se siguieron reforzando durante décadas. 

En 1937 el Gobernador socialista del África Occidental Francesa (AOF), Marcel de Coppet, incluyó algunas reformas para reducir el tiempo asignado a esta modalidad de trabajo forzoso a un máximo de sesenta días al año. Anteriormente, los periodos de trabajo forzoso podían extenderse durante más de tres meses al año, con todo lo que ello suponía para las familias que perdían manos para trabajar en la agricultura a cambio de nada. Sin embargo, este sistema de explotación laboral –común en casi todas las colonias africanas- seguiría en funcionamiento hasta 1946 y, de hecho, fue un recurso ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, complementado por la militarización de la mano de obra. Esta modalidad de trabajo forzoso de aplicación en toda la Federación del AOF (Mauritania, Senegal, Mali, Burkina, Níger, Guinea, Costa de Marfil), estaba amparada jurídicamente por el Código del Indígena. Establecido en el AOF 1887, el Código del Indígena implantó un sistema de segregación legal en donde la práctica totalidad de residentes en el territorio carecían de derechos básicos, siendo un código punitivo perfectamente organizado para la extracción económica y la explotación de la mano de obra.

El Estado colonial implementado en la región de forma casi inmediata al final de la trata de esclavos no construyó pilares institucionales sólidos. Como ha señalado de forma acertada Olivier de Sardan, el colonialismo construyó estados burocráticos gobernados por verdaderos autócratas sin implicar la participación de las masas, sin otorgar derechos de ciudadanía. El Estado colonial construyó también su poder gracias a la cooptación de jefes de aldeas y otros individuos capaces de hacer funcionar el sistema. La debilidad fiscal estatal, combinada con la violencia inherente a un modelo de extracción colonial dificultó la consolidación de movimientos sociales y reivindicativos de entidad, siendo normalmente reprimidos con brutalidad por parte del poder colonial. Ese funcionamiento institucional de nula representatividad fue transformándose en las etapas finales del régimen colonial, pero su legado persistente continuó marcando el día a día de las nuevas repúblicas independientes, como magistralmente filmaran cineastas como Ousmane Sémbene en su prolífica obra. Los males institucionales del Estado colonial se traspasaron y donde hubo alguna disidencia en esa dinámica, se consumaron golpes de Estado. Esos golpes fueron seguidos por dictaduras y gobiernos autoritarios con el reconocimiento más o menos velado de la comunidad internacional. Autócratas benevolentes, como diría William Easterly.

El contexto de la Guerra Fría y el control de los recursos naturales en esas nacientes repúblicas no puede obviarse tampoco como un aspecto crucial para comprender por qué no se produjeron transformaciones relevantes en muchos países del oeste africanos. La intervención de potencias extranjeras, la corrupción institucional y el control de los recursos naturales deben situarse en el centro de un análisis que trasciende al continente y se explica en esa nueva fase de división internacional de la producción en la que nos hallamos inmersas. La extensión de la miseria, la desigualdad extrema y la extracción económica no son males ajenos al funcionamiento orgánico del sistema económico turbocapitalista que se viene desarrollando desde la década de 1980. ¿O es que se desconoce qué sucedió en buena parte del Sur Global en las décadas de 1980 y 1990? ¿Es que no hay evidencias empíricas del impacto de los Planes de Ajuste Estructural del FMI en esas décadas en África Occidental? ¿Es que se ha perdido del enfoque analítico el impacto de la deuda exterior y las diferentes políticas que se han desarrollado para saldar esas deudas? ¿Es que el crecimiento económico en muchos de esos países desde comienzos de la década de los 2000 se ha acompañado de una reducción de la desigualdad y una mayor inclusión financiera? ¿Es que las manifestaciones anticoloniales que se vienen desarrollando en toda esta región –con la lucha contra el Franco CFA como símbolo- forman parte de una conspiración antioccidental? ¿Es qué los jóvenes miran al futuro de sus países con esperanza?  

Evidentemente, los factores persistentes que explican las estructuras socioeconómicas e institucionales del mundo actual no implican elementos de causalidad, pero sí indicadores de correlación que son analizados por especialistas en desarrollo económico en el largo plazo. Encontrar soluciones para graves problemas son el objetivo de la política, y esas soluciones deberían incorporar necesariamente la mirada histórica y el análisis exhaustivo de estructuras complejas. Los Derechos Humanos están en juego.