Una renta para soñar

En estos días ha llegado al Parlamento de Canarias el anteproyecto de Ley para la Renta Ciudadana canaria como resultado de más de dos años de intenso trabajo, diálogo, propuestas, firmezas y concesiones.

Y si bien todo el proceso merecería en sí mismo un artículo entero, hoy queremos poner el foco en el profundo cambio estructural que supone para nuestras islas la materialización de la Renta Ciudadana.

No es pasión, es una certeza, que su aplicación llevará a Canarias a un cambio estructural como pocos en la última década. Por primera vez en la historia de nuestra tierra esta renta ciudadana se configura como un doble derecho subjetivo de la ciudadanía: derecho a la inclusión social y a una prestación económica, lo cual en sí mismo constituye un salto cualitativo en las políticas y prestaciones sociales en Canarias.

Si en algo hay consenso político en nuestro territorio es que nada podremos hacer realmente bien en Canarias sino modificamos notablemente el nivel de pobreza.

El acuerdo ante esto es indudable, como tozudos son los datos al respecto. Año tras año desde que se realiza el informe AROPE, la radiografía que obtenemos de nuestra comunidad dista mucho de los estándares de vida en los que esta comunidad y su ciudadanía sueña vivir. Estos datos muestran una sociedad en la que, por desgracia, la desigualdad, la vulnerabilidad social, el desempleo y la precariedad se han vuelto estructurales, incidiendo especialmente en las mujeres y menores.

Nos dicen que en Canarias la pobreza tiene rostro de mujer y ojalá así fuera, solo una cuestión de rostro y no de vidas marcadas por las necesidades, las violencias y la falta de oportunidades. Es imposible avanzar como sociedad en igualdad soportando el nivel de pobreza al que enfrentamos a demasiadas niñas, adolescentes y mujeres en nuestras islas.

La pobreza, la marginalidad, las desigualdades, las violencias relacionadas a ellas, y los múltiples problemas sanitarios y de salud metal que atraviesan las vidas detrás de los datos, son la herencia garantizada que miles de canarias y canarios heredan, si no se rompen las dinámicas de este círculo vicioso.

La propuesta de Renta Ciudadana que llega al Parlamento tiene como primer objetivo generar una red de apoyo social que realmente pueda revertir esta injusticia. Una propuesta acorde a los tiempos que vivimos, a nuestra idiosincrasia insular pero basada en la experiencia y las medidas adoptadas en comunidades autónomas que llevan implementando sus rentas autonómicas muchos años y que a través de ellas han mejorado la vida de su ciudadanía. A través de nuestra propuesta de Renta, por fin seremos capaces de poner a nuestra administración en sintonía con España y con Europa.

Muchas veces la ciudadanía se pregunta en qué se diferenciará este nueva Renta del Ingreso Mínimo Vital, o nuestra actual PCI. La respuesta es fácil. La futura renta sustituirá y ampliará con mucho la cobertura temporal y económica de una PCI que, aunque hemos modificado hasta en cuatro ocasiones para ampliar su escaso alcance, sigue siendo un instrumento limitado que va a desaparecer en cuanto entre en vigor la Renta. Todas las unidades de convivencia, las personas, beneficiarias de la PCI pasarán automáticamente a ser perceptoras de la Renta. Y a su vez, nuestra renta autonómica complementará y mejorará al IMV, aumentando sus cuantías.

En el esfuerzo de esta nueva Renta de luchar contra la desigualdad estructural en nuestra tierra, vamos a poner en funcionamiento, por fases, una serie de medidas que nos ofrezcan herramientas para luchar contra esta lacra: un apoyo económico a la población más vulnerables, a la juventud, a las personas que trabajando no llegan a fin de mes, un complemento para acceder a una vivienda digna o para que las personas que así lo deseen, puedan seguir con su formación para mejorar sus competencias, y por supuesto, no nos podemos olvidar de mayores que cobran las escasas Pensiones no Contributivas, y que necesitan un apoyo económico suplementario.

La Renta de Ciudadanía Canaria es una etapa necesaria, y quizá el camino hacia una renta universal. Quienes suscribimos este artículo no tenemos duda alguna. Como tampoco de la necesidad de hacer los largos viajes por etapas.

Superar el marco jurídico, administrativo y social de la limitada PCI, precisará un acuerdo parlamentario y el empuje de todos los actores sociales, ya que supone todo un ajuste en las premisas sobre el tratamiento de la exclusión en nuestras islas.

Porque si bien los presupuestos son necesarios para poder implantar una renta que garantice nuestro derecho a la vida digna sin matices, más relevante aún es llegar a los acuerdos políticos y sociales que lo garanticen.

Hablamos de remover los cimientos de un problema estructural para garantizar derechos, hablamos de avanzar desde puntos de partida muy precarios. Hablamos de una renta para seguir avanzando, para no abandonar las metas, para rebelarnos contra el hecho de que la pobreza sea estructural en nuestra tierra, garantizando llegar a la meta, etapa por etapa.

Queremos ser ambiciosas, y por eso necesitamos la complicidad y el empuje de toda la sociedad para una Canarias que garantice la igualdad.