Secuestro político del CAC

Siempre pesará sobre este organismo regulador la sospecha, que es lo peor que le puede ocurrir a un ente de estas características y con una misión social tan importante como la que tiene encomendada. Misión que consiste, nada menos, que en velar por el buen funcionamiento, pluralismo y calidad de los medios audiovisuales (televisiones y radios) y la distribución según la normativa y con criterios de neutralidad de las nuevas licencias de emisión.

Cuando sus miembros no solo han sido propuestos por cuotas de partido sino que además unos son políticos con carné y otros han ocupado muy recientemente cargos políticos de confianza en la administración o en partidos, esta sospecha de politización y de falta de neutralidad en sus decisiones, aún en los casos en que no sea cierta, está más que justificada.

Cuando las quejas de partidismo e injusticia en la reciente concesión y distribución de frecuencias radiofónicas proceden tanto de El Periódico, como de la COPE y de Onda Rambla (Luis del Olmo), por citar unos ejemplos bien distintos, es razonable pensar que las cosas no se han hecho bien.

Y a esto ha de responder con argumentos claros y convincentes el CAC, si no quiere que aquel pecado original, aumentado en lugar de ser expiado, derive en un clamor de petición de dimisión de sus miembros -remunerados a precio de oro-, de disolución del organismo ? necesario y que he defendido si cumple correctamente su función- o de reforma a fondo para salvarlo del actual secuestro político. Secuestro del que ni la calidad humana de sus miembros podrá liberar.

* Comentarista político i exdirector del Centre d'Investigació de la Comunicació Wifredo Espina*