La banda de La Esfinge, al borde del precipicio

La banda de La Esfinge se pone de lado cuando se señala a sus miembros como autores de uno de los mayores quebrantos económicos de la historia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La forman, en su cuadro de honor, el ex presidente del organismo, Javier Sánchez-Simón, y el que fuera su director, José Daniel López, a los que se señala como directos responsables de la sucesión de despropósitos en que se convirtió esa obra, sobre todo si se la pone en relación con otra que se ejecutaba simultáneamente, la del muelle semi-sumergido de San Telmo, conocido en los ambientes portuarios y de ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como el islote Perejil. Dos obras financiadas con fondos comunitarios que ya ingresó el Estado español y que podría tener que devolver si se confirman los peores presagios: un descalabro que oscila entre los 18 y los 52 millones de euros. La misma semana en la que se defendía ante los juzgados de la jurisdicción laboral el mentado José Daniel López, peleando contra la sanción de un año sin empleo y sin sueldo que le ha caído encima, hemos sabido que Puertos del Estado, por fin, ya va a mandar el informe sobre el quebranto que propinará La Esfinge. Resulta curioso observar el retraso monumental que sufren los informes de Puertos del Estado cuando en ellos aparecen conclusiones técnicas que, de llegar a tiempo, perjudicarían al ex director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en su estrategia de defensa personal, y cómo, por arte de magia, en cuanto pasa un hito concreto, los informes afloran como por arte de magia.

 

 

El regreso de Arnaiz

Si el informe de Puertos del Estado sobre el dinero que habrá que devolver a Bruselas por las negligencias en La Esfinge hubiera aparecido en un plazo razonable, teniendo en cuenta que la visita de los técnicos se produjo en diciembre pasado, posiblemente la Autoridad Portuaria pudo haberlo utilizado para justificar ante la autoridad laboral la sanción disciplinaria que padece su ex director, José Daniel López. Se le hubiera venido abajo uno de sus argumentos, que en la sala de vistas fue respaldado por otros miembros de la banda de La Esfinge, Javier Sánchez-Simón, y el siempre sorprendente José Manuel Arnaiz. Ambos sostuvieron, sin sonrojo de ningún tipo, que no pasa nada por trasladar unos fondos comunitarios de un proyecto a otro, que eso se puede hacer y que son unos histéricos los que pierden los nervios con esas vainas. El informe de Puertos del Estado dice lo contrario: que se van a perder 11.5 millones y que todavía falta por evaluar la devolución por la gestión de la obra que se hizo en Perejil. Los que asistieron al juicio de López se lo pasaron pipa, sobre todo al descubrir que el ex director de la Autoridad Portuaria se ha dedicado estos últimos años a la noble afición de grabar todas las conversaciones que sostenía en su trabajo, ya fuera con sus superiores o con sus compañeros. Fue una auténtica lástima que la incompatibilidad tecnológica impidiera que el mecanismo que pretendió aportar con sus grabaciones se conectara a los altavoces de la sala de vistas. José Daniel López ya intentó parar sin éxito la sanción disciplinaria en una demanda por vulneración de derechos fundamentales. Ahora le queda la sentencia que emita el juzgado de lo social ante el que ha demandado a su empresa.

Más material para la Fiscalía

Despejada la acción laboral, por la que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas había decidido esperar, quedan levantadas todas las objeciones puestas por los juristas del organismo para entrarle a la vía puramente penal. Bastará el informe de Puertos del Estado relatando las deficiencias en la obra de La Esfinge, las irregularidades detectadas en la gestión de esas obras, a cuyo frente estaba el muy mentado José Daniel López, y el importe total del quebranto económico para las arcas públicas, para por fin enviar a la justicia ordinaria un voluminoso dossier que engorde el que ya tiene en marcha la Fiscalía de Las Palmas sobre la misma (o similar) cuestión. En el Puerto se agilizan los trámites para que no venza la estrategia desplegada por la banda de La Esfinge y sus padrinos de Puertos del Estado, consistente en alargar todo lo que se pueda el proceso para que su resolución traspase la actual legislatura autonómica con la esperanza de quien gobierne en Canarias cambie al actual consejo de administración y el entrante sea algo más benevolente que este. Por lo que parece, ni siquiera los vocales del PP en ese órgano quieren arriesgarse a las responsabilidades personales que pudieran derivarse de todas estas negligencias.

 

La ‘ministra’ sigue aparcando donde quiere

Hay cosas que parecen del siglo pasado, sí, del siglo pasado. De cuando su esposo, José Manuel Soria, era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ella, María del Carmen Benítez, aparcaba sobre las aceras del barrio de Vegueta o donde le daba la real gana. Con Soria de presidente del Cabildo o de vicepresidente del Gobierno, el desafío a las ordenanzas y a los demás usuarios de la vía pública continuó, y ahora sigue produciéndose. Estas dos fotografías fueron tomadas en la misma calle, San Bernardo, en Las Palmas de Gran Canaria. Una de ellas, el 27 de enero pasado, y la segunda, este mismo miércoles, 13 de mayo. La insistencia en la infracción conduce automáticamente a barajar varias posibilidades: 1) que a la señora infractora le importe exactamente una higa que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria la sancione, seguramente porque tendrá presupuestado el coste de todas esas multas a lo largo del año. No en vano dispone de uno de los despachos de procuradores más prósperos de la ciudad gracias a los clientes conseguidos cuando, del brazo de su esposo en los cócteles oficiales, pronunciaba las palabras mágica: “¡Ay! ¿Y por qué no llevo yo tus asuntos?”. Aunque también puede ocurrir –opción 2- que los agentes de la Policía Local, que conocen el coche de la señora ministra perfectamente, no lo empapelen nunca por temor a enfrentarse a un marrón de incómodas consecuencias. Porque, como es natural, debemos descartar la opción 3: que haya alguien en las oficinas municipales prevaricando a mansalva cada vez que llega una multa a nombre de la propietaria del vehículo en cuestión. ¿Lo descartamos o no lo descartamos?