Ley Plasencia: el crimen perfecto

Ya lo hizo José Manuel Soria con su compadre Rafael Bittini cuando este empresario reclamaba casi 100 millones de euros por sus supuestos derechos mineros sobre la montaña de Tebeto. En lugar de actuar contra quien no había movido jamás una piedra ni durante más de tres años y tres meses ni un solo papel conteniendo el plan de restauración de aquella montaña majorera, el entonces vicepresidente del Gobierno y su hermano Luis, a la sazón consejero de Industria, se agacharon para que se consolidaran unos derechos que llegaron a alcanzar con intereses los 102 millones de euros. Por no molestarse, los Soria ni siquiera se dignaron presentar una valoración pericial distinta a la que sí presentó el empresario, valoración casualmente firmada por un tío de los hermanitos. El endemoniado expediente, que contó incluso con una sentencia del magistrado Gómez Cáceres favorable al pelotazo, se resolvió en el Supremo favorablemente a los intereses de la Comunidad Autónoma no sin que antes Paulino Rivero retirara a los Soria todas las competencias sobre la materia y se hicieran las cosas de un modo distinto.

La historia se repite pero ahora los intérpretes son diferentes, la isla es diferente y el empresario a beneficiar diferente también. En el papel de José Manuel Soria nos encontramos al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que cuenta con la solidaria complicidad del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, cómo no. El empresario a beneficiar es Antonio Plasencia, recientemente condenado a un año y tres meses de prisión por saquear los barrancos de Güímar con extracciones de áridos fuera de la ley. Y pendiente de la sentencia de otro pelotazo en el que se vio envuelto, el de Las Teresitas. Pactó con la Fiscalía un año y tres meses de prisión para no entrar en la cárcel, pero a cambio se comprometía, junto a los otros empresarios condenados, a “restaurar el equilibrio ecológico perturbado”. Las estimaciones técnicas hablan de unos 209 millones de euros y de la titánica empresa que supondría buscar 23 millones de metros cúbicos para rellenar los seis inmensos agujeros que los cuatro areneros condenados abrieron impunemente durante casi cuarenta años, llevándose por delante la ley, la agricultura de la zona y hasta la paz de los propietarios, a los que iban empujando con sus amenazantes excavadoras para que vendieran sus parcelas antes de que los agujeros las engulleran del todo.

El discurso que se aplica para lo que se avecina es ya un clásico: el pueblo pide una solución y este municipio con más de un 30% de paro tiene derecho también a porción de la tarta turística.

Así que para evitar a Plasencia y a sus compañeros de viaje el doloroso desembolso de más de 200 millones de euros de la restauración, qué mejor que ponerles en bandeja un negocio con el que tapar el otro negocio por el que fueron condenados. Se trataría de ponerles en bandeja un proyecto que ya está elaborado, hortera como ninguno, pero generador de puestos de trabajo durante su construcción y a partir de su puesta en servicio.

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, del Partido Popular, se presentó a las elecciones de 2015 con ese proyecto como bandera de su mandato, y hasta consiguió que los vecinos se inscribieran en plena campaña electoral en una presunta lista de aspirantes a conseguir empleo en esa especie de maná que ella haría que cayera del cielo si, como ocurrió, resultaba elegida. Su sintonía con Carlos Alonso es total, como se pudo comprobar este pasado miércoles, cuando el presidente del Cabildo de Tenerife visitó los agujeros de la vergüenza vestido de míster Marshall para terminar anunciando que había acordado con la alcaldesa el uso turístico del área de los barrancos.

Es el siguiente paso al proyecto de ley que el Cabildo mandó al Parlamento en 2015 y cuya toma en consideración verá este martes la Cámara autonómica. Bajo la sugerente apariencia de la restauración y ordenación de los barrancos de Güímar y la preservación del medio ambiente, lo que en realidad se pretende es poner en bandeja de plata a los empresarios propietarios de esas canteras una indemnización millonaria. Porque como indican de manera demoledora los informes del Gobierno de Canarias que Clavijo y Alonso ocultan, el cambio de uso de esas canteras que se pretende en esa ley podría dar lugar a millonarias indemnizaciones que probablemente superarían los 209 millones del coste de la restauración. Es decir, que con una elegante y alambicada fórmula legal que se saltara las competencias de ordenación del Cabildo insular, seríamos todos los canarios los que nos rascaríamos el bolsillo para pagar esa fiesta.

Y no solo lo dicen los informes de Industria, de Agricultura y de Hacienda, lo dice el catedrático de cabecera de Fernando Clavijo, su tocayo Fernando Villar, uno de los autores de la polémica Ley del Suelo, también en las cocinas del Parlamento de Canarias en estos momentos.

Villar acompañó a Carlos Alonso a esa llamativa visita a los agujeros de la codicia de Güímar para conocer de primera mano uno de los ejemplos de éxito de su engendro legislativo, particularmente en la parte referida a proyectos de interés estratégico que se podrían autorizar precisamente en suelos rústicos de interés ambiental (la calificación que el Cabildo quiere dar a los barrancos).

Porque nos encontramos ante el crimen perfecto: los empresarios condenados se ahorrarán el coste de la restauración de los atentados ambientales cometidos por cualquiera de estas dos vías o ambas juntas: cambiándoles el uso del suelo donde se asientan sus canteras y generando derechos indemnizatorios y/o, una vez cambiado el uso de sus canteras, autorizarles por la vía de la Ley del Suelo una operación “de interés singular” como la de Mimiland Park que la alcaldesa pasea orgullosa por el mundo.

Lo dice de manera indisimulada la disposición transitoria segunda del proyecto de ley enviado por el Cabildo al Parlamento: “Hasta la entrada en vigor del plan de restauración, con carácter excepcional, el Gobierno de Canarias (…) podrá autorizar los actos de transformación o usos del suelo cuando tengan por objeto actuaciones de generación de actividades que redunden en beneficio del interés general”.

Por si quedara alguna duda de la maniobra y para generar aún más confusión y crujir de dientes, este pasado viernes ya salió públicamente Carlos Alonso proclamando que en Tenerife hay escasez de áridos y que hay que ordenar su extracción. Parece pedírselo a instancias superiores, es decir, a la Comunidad Autónoma, caminando justo en la dirección contraria a lo que se nos viene encima con la Ley del Suelo, que deja en manos de las Corporaciones locales (sin control legal ninguno) todas las tareas de ordenación y planeamiento. Salvo, claro está, que cualquiera de ellas suponga desembolso económico para los empresarios del régimen de ATI, en cuyo caso tenemos que pagar todos los canarios. Por fortuna, Coalición Canaria está en minoría en el Parlamento de Canarias.

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