‘18 lovas’ y unos cuantos lobos

Una persona cuyo criterio respeto me mandó el jueves pasado por WhatsApp un vídeo de 13Tv añadiéndole un par de mensajes muy sugerentes: “¿Qué me dices de esto? / Salvar al soldado Ryan, ésa es la consigna”. El vídeo era la aparición en esa cadena ultra de un periodista, Juan Luis Galiacho, comentando el sumario judicial en el que se investiga una supuesta red de captación de mujeres jóvenes para la explotación sexual, el llamado caso 18 Lovas. El fragmento que me llegó (luego otras personas me hicieron llegar el mismo) era exclusivamente el referido al momento en el que el periodista mencionaba la aparición en el sumario del empresario canario Eustasio López. Las redes sociales estaban llegando ya a las condenas finales: el empresario estaba encartado en el procedimiento y los medios de comunicación guardábamos silencio por dinero, como insinuaba mi comunicante. Ni una cosa ni la otra, pero vayamos por partes.

El escándalo saltó en noviembre de 2016, cuando se supo que la Policía había detenido en Gran Canaria a varios hombres relacionados con una red que presuntamente prostituía a chicas, al parecer algunas de ellas menores de edad, bajo la pantalla de una agencia de azafatas de nombre 18 lovas. La noticia ocupó unos días los titulares más destacados de los periódicos que lograron hacerse con el sumario, abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a esas informaciones pudimos saber que había seis hombres detenidos, entre ellos uno que captaba a estas jóvenes en diversos ambientes, incluso en algunos centros de acogida de menores dependientes de las instituciones públicas canarias. Su grado de vulnerabilidad social y económica era, en algunos casos, la palanca de la que se servía el presunto proxeneta para incorporarlas a su red. Los detalles conocidos son desgarradores porque evidencian un desprecio brutal de los detenidos por las mujeres y un aprovechamiento despreciable de sus circunstancias personales para atraerlas a ese submundo de la explotación sexual. Pero insisto: todo eso ya se conoció y se divulgó en el mes de noviembre pasado.

El principal encartado (hay media docena de imputados) ofrecía presuntamente estas chicas a clientes de cierto poder adquisitivo, y lo hacía mostrándolas a través de una página en Internet camufladas de azafatas o también organizando fiestas en locales discretos o casas particulares.

La noticia permaneció abriendo portadas e informativos el tiempo que tardaron los periodistas que poseían la información en destripar todo lo que hasta entonces daba de sí el sumario.

No hubo una reacción social especialmente clamorosa en torno a este escándalo de presunta prostitución de menores, ni por supuesto ni un solo medio informativo nacional se hizo eco de modo destacado de las detenciones y de la manera de operar del presunto proxeneta y sus presuntos cómplices. Las redes sociales no estallaron en un ataque colectivo de indignación ante la constatación, por ejemplo, de que niñas acogidas por la Comunidad Autónoma pudieran haber sido víctimas de aquella banda de desalmados sin que ningún responsable se enterara y pusiera los hechos en conocimiento de la justicia.

Desde aquellos primeros momentos en que se conoció la instrucción comenzaron a circular nombres de personas que pudieran haber sido clientes de esta red de prostitución, nombres que aparecían en el sumario citados por la Policía al haber intervenido los teléfonos de los que luego resultaron detenidos como presuntos responsables de la organización delictiva. Nombres de empresarios de todo tipo y condición, de un político, de algún abogado muy conocido, de algún deportista… que los medios de comunicación reservamos ante el hecho evidente de que su aparición en las investigaciones podía ser solo circunstancial, a la espera de que las pesquisas avanzaran y afloraran (o no) nuevas implicaciones.

Es responsabilidad de los medios informativos relatar a sus lectores, oyentes o espectadores los hechos relevantes de los que tienen conocimiento, denunciar los abusos del poder, los perjuicios que los poderosos puedan infligir a la comunidad, los sucesos, los delitos, las absoluciones, las historias humanas que puedan tener interés.

Pero también es responsabilidad de los medios informativos contrastar esos hechos y mantener la prudencia debida ante la duda que pueda generar una información que llega a las redacciones de la mano de personas interesadas en dañar a un oponente político o a un competidor empresarial.

Creo que este periódico ha demostrado sobradamente a sus lectores que no se deja comprar ni amedrentar por el poder, aun en circunstancias muy difíciles para su supervivencia.

Eustasio López aparece mencionado en este sumario del caso 18 Lovas por haber mantenido una única conversación telefónica en octubre pasado con uno de los que luego resultó detenido por la Policía. La página del oficio policial que recoge un extracto de esa conversación circula fulgurante estos días por las redes sociales. No está imputado ni ha sido llamado a declarar de momento ni como testigo ni como investigado, pero después de que 13Tv lo divulgara, ya ha corrido como la pólvora una acusación formal contra los medios informativos canarios por no haber hecho mención a ese empresario, que de acuerdo a la teoría de la postverdad que tanto éxito le ha dado a Donal Trump, ya ha sido condenado anticipadamente por decisión popular.

Lo que sí está probado

¿Qué ha pasado entre noviembre de 2016, cuando se judicializa la investigación policial, y febrero de 2017, cuando se filtra urbi et orbi esa aparición de López en el sumario? ¿Ha cambiado desde entonces al día de hoy su situación procesal o esa campaña en las redes pretende precisamente eso? ¿Hay alguien (persona física o jurídica) interesado o interesada en que este empresario canario sufra las consecuencias de un sumario penal?

Analicemos lo que sí está confirmado que ha ocurrido desde noviembre hasta la fecha de hoy.

Todo esto no está corriendo por las redes, pero lo sabemos (al menos en este periódico), como sabemos otras muchas cosas sometidas en estos momentos al obligado contraste. Tampoco corre por las redes la rectificación que 13Tv emitió la noche del jueves reconociendo que el nombre de ese mismo empresario “no debió haberse pronunciado” porque no está de momento ni investigado ni llamado a declarar por el juez que instruye la causa. Las acusaciones de Galiacho no están ni siquiera en la web de la cadena, pero alguien tuvo tiempo para grabar ese programa de tan escasa audiencia y viralizarlas casi de inmediato.

La postura que ha venido manteniendo hasta el momento este periódico (y me consta que otros también) es la de no mencionar a ninguna persona en relación a delito alguno mientras no recaiga contra ella una imputación formal. Sabemos que aparece un abogado llamado Eligio como asesor legal de uno de los implicados. Y nadie puede pretender que señalemos ni ocultemos, sin datos, al Eligio en el que están pensando. Aunque él nos ponga a parir, es una cuestión de ética periodística.

Eustasio López aparece citado en el sumario, es cierto, por tener una conversación telefónica con uno de los detenidos, y el resto de alusiones siempre se produce en boca de terceras personas. De ambas circunstancias no ha debido apreciarse ningún indicio delictivo porque hasta la fecha ni el juez instructor ni la fiscalía han requerido su imputación o su declaración como testigo. Si eso se produjera, la información será ofrecida, no tengan la menor duda, pero con las cautelas con las que hay que tomarse todas las investigaciones penales, especialmente cuando se encuentran en fase preliminar y se desconocen en profundidad los hechos.

Mientras se desarrolla la investigación, que el juez y la fiscal actúen como consideren más conveniente, y aclaren, al margen de la cacería interesada desplegada en las redes, lo ocurrido para que las personas que puedan ser halladas responsables de estos delitos los paguen como manda la Ley.