La Operación

La Operación comenzó en 2015. Acababa de llegar Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno tras un proceso interno en Coalición Canaria en el que no faltaron las trampas y los navajazos, convenientemente tapados por vencedores y vencidos a mayor gloria de la causa.

Clavijo sabía a quién le debía su meteórico ascenso en la política isleña, tanto dentro como fuera de su partido. Me lo explicó sin ningún tipo de complejos un día que le pedí audiencia escandalizado por las informaciones que me llegaban de que pretendía acabar con Canarias Ahora por el muy siempre previsible, expeditivo y recurrente sistema de suspender cualquier inversión en publicidad institucional.

Lo llamé por teléfono y le pedí cita. Era viernes y me citó de inmediato para el día siguiente, a las dos de la tarde, en Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. Apenas quedaba alguien en el edificio y en el área donde estaba su despacho ya no había ni secretarias.

La conversación transcurrió de modo informal, con bromas por ambas partes, hasta que le pregunté abiertamente por qué había dado órdenes de que se suspendiera la inversión publicitaria a Canarias Ahora. “Tú ya mamaste todo lo que tenías que mamar con Paulino [Rivero, su antecesor], ahora le toca mamar a los que me han aupado hasta aquí”.

Para evitar una demanda judicial por nuestra parte, sus servicios de prensa y propaganda, a cuyo frente puso a un decepcionante publicista y artista plástico de nombre José Luis Méndez, la inversión no se redujo exactamente a cero, sino a exiguas cantidades que le permitieran al Gobierno, llegado el caso, responder que no hubo nunca persecución al medio.

En el año 2018 incluso llegó a colaborar con 6.000 euros en la primera edición del Foro de Periodismo de Canarias Ahora, y cuando llamé a Clavijo para invitarle como presidente del Gobierno a la cena con los principales ponentes y otros patrocinadores me preguntó si yo estaba loco. “¿Qué iban a decir los medios que me apoyan si me ven cenando contigo?”

Los medios que apoyaron a Fernando Clavijo para catapultarlo a la presidencia del Gobierno fueron los dos periódicos de Editorial Prensa Ibérica en Canarias (La Provincia y entonces La Opinión de Tenerife, ahora sustituido por El Día) y la Cadena Ser en Canarias, además de otras emisoras y medios de menor cuantía que enseguida empezaron a recibir la justa contraprestación del erario público por su entrega.

Hace unos días, el actual presidente del Cabildo de Tenerife me relataba cómo en una conversación informal con uno de los gerentes de esos grupos mediáticos se quejaba de que lo que ahora invierte en un mes esa Corporación equivale a lo que invertía en un día bajo la presidencia Carlos Alonso, de Coalición Canaria, del núcleo duro de Clavijo.

Y así en todas las instituciones gobernadas por ese partido.

De este modo es absolutamente comprensible que esos medios informativos estén redoblando sus esfuerzos mediáticos y también políticos para que Coalición Canaria regrese al poder, bajo la modalidad que sea. Y en esa presión cuentan con un nutrido grupo de empresarios de ambas provincias, desesperados por el regreso de la mamandurria más indecente a las relaciones entre instituciones y empresas.

En esa estrategia volvemos a molestar algunos medios informativos, básicamente Canarias7, el Diario de Avisos y Canarias Ahora. Somos los que desafinamos en ese coro de nostálgicos de las casi tres décadas de caribeñismo del Atlántico Medio.

Para acabar con esos tres medios o por lo menos dañarles severamente, existe desde 2015 la Operación, que no es otra cosa que apartar a los dos primeros, Canarias7 y Diario de Avisos, de cualquier tipo de financiación con procedencia pública. Y una de esas fuentes de financiación son sus contratos con el ente público Radio Televisión Canaria.

El periodista Francisco Pomares, que ahora se muestra abiertamente como brazo ejecutor de Coalición Canaria para tal Operación, ya la había puesto en marcha en 2015, y a varias personas con influencia para intervenir se la comentó abiertamente, entre ellas a integrantes del Consejo Rector de RTVC.

Ya que CC no gobierna y no tiene los mecanismos para manipular concursos u otorgar contratos cuando le fallan los concursos, quiere meter al ejecutor de la Operación dentro del ente público. De ahí el empeño por colocar a Pomares en la junta de control, lo que posiblemente se materialice esta semana en el Parlamento regional en un nuevo episodio vergonzoso de la política bananera nuestra por el que un jefe de los servicios jurídicos de la Cámara, Salvador Iglesias, ex cargo público de Coalición Canaria, impone que no se pueda votar la lista de candidatos y candidatas por separado por el riesgo cierto de que Pomares pueda quedar fuera.

La cosa puede acabar en el Constitucional. Y en el juzgado de guardia. Pero para cuando lleguen sus resoluciones, el estropicio ya se habrá consumado.