Todos lo protegieron y Alba se creció

En algunos círculos cercanos al magistrado Salvador Alba se da por hecho que prepara un cambio en su vida. Que su febril paso por la Judicatura toca a su fin y que tendrá que dedicarse a la actividad privada del Derecho probablemente el resto de sus días. Salvador Alba llevaba demasiado tiempo desenvolviéndose en el filo de la navaja y la actitud de los que conocían sus desafueros le hizo más fuerte. Le dejaron pasar tantas y tantas trapisondas que ahora son incapaces de denunciar su comportamiento ante los órganos competentes.

Digamos, para que nos entendamos todos, que si Salvador Alba se condujo a lo largo de su vida profesional como todos sabemos que lo hizo fue siempre gracias a la complicidad por acción u omisión de los compañeros magistrados que lo veían actuar así.

De otro modo no se comprende que todavía a estas alturas, casi un año después de que fuera descubierto amañando pruebas en un proceso penal, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni la Audiencia Provincial de Las Palmas hayan movido ni un dedo para apartarlo de la vida judicial cotidiana. Muy al contrario, entre todos esos órganos y las personas que los dirigen, han permitido que Salvador Alba se haya movido con absoluta libertad en el fango en el que es la sirenita: el de la corrupción de alto copete.

Y no les hablo ahora de la escandalosa absolución de la diputada del PP Águeda Montelongo, una de las protegidas de José Manuel Soria, que se sentó ante un tribunal en el que estaba Alba para defenderse de varios delitos derivados del pago con dinero público de viajes y cuchipandas de dirigentes del PP a la isla de Fuerteventura.

Más cercanos en el tiempo son los escarceos clamorosos del magistrado Salvador Alba con los empresarios presuntamente corruptos de la isla de Lanzarote, verbigracia Juan Francisco Rosa y Luis Lleó.

Al primero, como ustedes recordarán, trató de reabrirle la bodega Stratvs mediante un auto chiripitifláutico con el que se contradecía a sí mismo y contradecía a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de la que aún hoy forma parte, pese a haber grabado a traición a sus compañeros hablando de putas y mafiosos como si estuvieran en la barra de un bar de baja estofa.

La descarada protección que Alba desplegó hacia los negocios de Juan Francisco Rosa le llevaron a atender una exigencia del abogado del empresario para que el magistrado ordenara ipso facto a la Guardia Civil que retirara los precintos de la famosa bodega, lo que ya era el culmen de un -presunto- mamoneo que sus propios compañeros lograron parar in extremis.

Tampoco ese comportamiento escandaloso animó a ningún órgano de gobierno de los jueces de Canarias ni de España a promover una suspensión cautelar de las funciones de este magistrado tan sandunguero. Es más, a lo largo de este tiempo se registraron algunos episodios más bien lamentables, como aquel de la Sala de Gobierno del TSJC, reunida para la ocasión, que no adoptó ninguna resolución por falta de quórum, provocada esta por la ausencia de siete de sus miembros, cada cual con su grado pertinente o impertinente de justificación.

Desde las alturas se continuaba protegiendo a Alba, y desde las alturas se permitió que se hiciera cargo de presidir el juicio con jurado del caso Unión, a celebrar vaya usted a saber cuándo. Ese encargo, sin embargo, llevaba aparejada la resolución de las cuestiones previas, piedra angular del futuro juicio, porque entre ellas se incluía la petición de Luis Lleó de anular todas las grabaciones que dieron lugar primero a la denuncia de la Guardia Civil y luego al fortalecimiento de una investigación que hizo aflorar una sucia trama de corrupción en Lanzarote.

Lo escribí en febrero pasado, y perdonen que me cite. Y si este periodista lo intuía, ¿qué estaban intuyendo los compañeros de carrera de Salvador Alba?

“Luis LLeó sabe que es más que probable que el juicio con jurado por el caso Unión no lo pueda presidir Salvador Alba. Qué más da. Lo decisivo es lo que haga ahora” (Top Secret, 3 de febrero de 2017).

A Lleó no le podía venir mejor para anular las grabaciones que lo incriminan que un magistrado que anda metido en la misma tarea para anular la que a él le compromete gravemente. Dada la prohibición que tienen los jueces para asesorar o ser asesorados por terceros, debemos entender que esta voluminosa resolución no tiene nada que ver con el abogado de Alba, que lo es a su vez de Soria, Nicolás González-Cuéllar, pero es legítimo que sospechemos algo por el olor, el sabor y el color que desprende. Porque Alba acaba de firmar el auto que incluye referencias concretas a autos también muy concretos de operaciones por corrupción en las que intervino su abogado González-Cuéllar, como el caso Malaya, por poner solo un ejemplo.

Es justo el auto que le gustaría que le pusiera a él la magistrada Margarita Varona, que le investiga por la comisión de media docena de delitos presunta y profusamente cometidos mientras conspiraba contra la también magistrada Victoria Rosell por encargo de la superioridad y con conocimiento de la superioridad. De nuevo con la bendición de la superioridad. Todo ello resumido en una suculenta grabación que le hizo Miguel Ángel Ramírez y que el audaz magistrado insiste en anular por tierra, mar y aire. Y con los mismos argumentos: hay manipulación y a mí se me vulneraron derechos. Solo que en el caso de las grabaciones de Unión, ninguno de los dos interlocutores impugnó durante el proceso ni una sola de las grabaciones de las que fueron objeto. Un matiz que a Alba no le ha impedido meter un tocho para anularlas.

Tras sus autos a favor de los intereses de Rosa y Lleó salta ahora la noticia de que el consulado de Rusia lo quiere como testigo para recusar a otro magistrado de la Audiencia Provincial que ha venido rechazando sistemáticamente la libertad de la familia Kokorev, en prisión en Gran Canaria por presuntamente blanquear el dinero de los negocios oscuros del dictador Obiang.

Sus días como servidor público se agotan y se entremezclan sin decoro con los del ejercicio libre de la abogacía que se le avecinan. Se lo están permitiendo las autoridades judiciales y no se atreven a explicar por qué.