La televisión pública canaria como palanca de chantaje

El administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, no ha aprendido la lección de sus antecesores. Uno de ellos, Willy García, se enfrenta a un grave problema penal por presuntamente haber beneficiado a un productor en apuros inyectándole dinero a través de la contratación de programas televisivos de dudosa rentabilidad. Santiago Negrín, que tuvo que salir por la puerta de atrás en 2018, está tirando de todo el santoral para que su gestión de los concursos de informativos y de transporte de la señal no acaben en un juzgado de instrucción con él asumiendo responsabilidades penales de las que no le van a defender los que le dieron aquellas instrucciones tan nefastas.

Naranjo Sintes fue nombrado administrador único de RTVC con unas encomiendas muy concretas del Parlamento de Canarias por un periodo de seis meses que expiró hace ya cinco: evitar que la televisión y la radio públicas se quedaran sin señal y enderezar la deriva auténticamente delictiva que había tomado el ente público para sacar del negocio audiovisual al que Clavijo convirtió en su enemigo público número uno: el periódico Canarias7 y su empresa editora, Informaciones Canarias, S.A., accionista destacada de Videoreport Canarias, concesionaria de los servicios informativos y de la continuidad de la señal de la televisión hasta que Negrín se lo llevó todo por delante.

Naranjo Sintes logró inicialmente evitar la catástrofe haciendo algunas piruetas que traerán consecuencias muy costosas a la comunidad autónoma, como asumir como trabajadores públicos a los más de 200 empleados de Videoreport sin pasar el más mínimo filtro legal.

Pero donde realmente se la está jugando el administrador único de RTVC es en la utilización del presupuesto del ente para la contratación de programas de entretenimiento como palanca de chantaje hacia las empresas editoras de periódicos que participan en productoras de televisión a las que se premia o se castiga en función de cuál esté siendo en cada momento la línea informativa y editorial hacia Coalición Canaria. Y más concretamente hacia Fernando Clavijo, que empieza a demostrar unas actitudes acentuadamente caciquiles que lo retratan como un gobernante peligroso para el progreso democrático de Canarias.

Naranjo Sintes actúa como un auténtico pelele porque ni siquiera le están permitiendo ejercer de recadero: intermediarios que nada tienen que ver ni con el ente que él administra ni con la administración autonómica llevan y traen recados a los editores para que sepan lo que pueden perder en sus cuentas de resultados dependiendo del tamaño de su entrega al poder caciquil de Clavijo.

Que algo así lo hayan hechos antecesores en el cargo ajenos al funcionamiento de las administraciones públicas e ignorantes de los procedimientos de contratación podía tener alguna excusa, pero que lo esté haciendo alguien que ocupó durante más de dos décadas un puesto de consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias es verdaderamente desolador. Es comprensible que quiera mantener el plato de comida caliente que le ha proporcionado CC estos últimos 24 años, pero él debería saber que determinados comportamientos de servidores públicos pueden acarrear graves consecuencias. Y que, a la primera curva, los que se han beneficiado de su laxitud jurídica lo van a dejar solo.