Un mapa de riesgo en Santa Cruz de Tenerife revela que el 16,5% de la ciudad está amenazada ante una inundación
La DANA que provocó la muerte de más de 200 personas en Valencia ha vuelto a recordar al mundo que las inundaciones son el desastre natural que más fallecimientos causa. La expansión urbana y el crecimiento de la población han convertido a las ciudades en espacios peligrosos en caso de producirse un chaparrón repentino, sobre todo por la planificación urbanística a espaldas de los riesgos. Pero no todas las zonas presentan la misma amenaza. Algunas más que otras, especialmente aquellas con una orografía particular.
Analizar qué localizaciones de una ciudad concreta están más expuestas ante una inundación es lo que ha hecho la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna (ULL) con Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña es el municipio canario más afectado por este tipo de catástrofes. Solo este siglo ha sufrido tres episodios: en 2002, en el que murieron ocho personas, en 2010 y en 2014. Además, tres de las ocho áreas con riesgo potencial significativo de inundación en la isla están ubicados en su capital, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La investigación fue publicada en la revista Progress in Disaster Science pocas semanas antes de la DANA mortal que afectó a la Península Ibérica. Los autores utilizaron una metodología novedosa en la que, aparte del método tradicional para localizar zonas inundables, emplearon técnicas que permiten considerar la mala gestión del alcantarillado o la ocupación de cauces antiguos, entre otras cosas, para precisar el daño en emplazamientos urbanos.
“Combinamos estas dos cuestiones: los problemas que se pueden producir en los barrancos por desbordamiento del cauce, con los que ya se han detectado en zonas urbanas”, resume Nerea Martín-Raya, investigadora de la cátedra mencionada de la ULL y graduada en Geografía y Ordenación del Territorio.
Los resultados sugieren que el 16,5% de Santa Cruz de Tenerife, sin tener en cuenta las zonas más rurales, como la que ocupa mayoritariamente el distrito de Anaga, está en riesgo por inundación repentina. Ese porcentaje equivale a más de 1.400 hectáreas de terreno. De ese total, el 19% se corresponde con una peligrosidad moderada-alta, el 22,3% con una peligrosidad baja y el 57% con una muy baja.
En palabras de Martín-Raya, las zonas anexas a los barrancos son las más peligrosas, pero también existen otras más alejadas de los cauces, como la población de El Chorrillo, cerca de Añaza, muy amenazada en caso de inundación. Otras localidades del sureste de la capital, ubicadas junto a los barrancos de Ofra, Santos, Tahodio y Bufadero, también están expuestas.
Los investigadores pudieron concretar estas ubicaciones gracias a un análisis pormenorizado de los puntos calientes y zonas de impacto ante lluvias torrenciales que contempla el propio Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife. De acuerdo con ese análisis, existen 1.023 enclaves problemáticos en este sentido: 639 tienen que ver con la falta o insuficiencia de capacidad de drenaje; 208 con la incorporación de sedimentos; 96 con la obstrucción de la red de drenaje y 80 por peligro por desbordamiento.
El estudio simuló un evento de precipitación que descargó un total de 280 litros de agua por metro cuadrado, superior al registrado en la catástrofe de 2002 (232 mm en dos horas y media), para validar el mapa de riesgo de zonas inundables. Los resultados demuestran que, en una red de drenaje urbano, los principales cursos de agua (como los barrancos) y los que han desaparecido debido a la urbanización son las principales localizaciones susceptibles de inundación y en las que más se debe hacer hincapié con actuaciones de reducción del riesgo.
Martín-Raya cree que desde las riadas de hace más de dos décadas en Tenerife y la tormenta tropical Delta se han tomado medidas de redimensionamiento de las infraestructuras y mejoras en el sistema de protección, pero considera que “todavía habría cosas que mejorar”, sobre todo en lo que respecta a normativa que obligue a suspender actividades económicas no esenciales en caso de alerta por inundación y preparar a la población para que sepa cómo reaccionar ante ello.
“Habría que centrar la prevención en formación y educación, tanto a la población como a los actores implicados, ya sea protección civil, administración pública, servicios de emergencia… todo”, resume la experta.
La publicación de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la ULL precisa que las inundaciones por lluvias torrenciales “seguirán aumentando en intensidad y magnitud en el actual contexto de cambio climático”. Martín-Raya agrega que los “acumulados de precipitación” serán cada vez mayores dejando registros inéditos, como el visto en la Comunidad Valencia, donde se contabilizaron máximas de 460 litros por metro cuadrado el pasado 29 de octubre.
Otros estudios en Canarias han concluido que, mientras las precipitaciones anuales han disminuido, las concentraciones diarias han mostrado una tendencia ascendente en los últimos años, “lo que es una cuestión importante a tener en cuenta debido a las graves inundaciones y otros procesos geomorfológicos”.
Más allá de la variable climática, el factor “más importante” que advierte del riesgo por inundaciones repentinas en las ciudades es el aumento de la exposición y la vulnerabilidad, destaca la investigación, que de hecho sostiene que “existe una fuerte correlación entre la expansión urbana y el aumento” de esta amenaza, en especial por la incapacidad de las ciudades de absorber el agua y la disminución de la infiltración natural.
En Santa Cruz de Tenerife, apunta Martín-Raya, el crecimiento urbanístico de las décadas de los 60 y 70 “se desarrolló bajo un contexto de prácticamente nula planificación territorial” y la trama urbana se expandió masivamente “sin tener en cuenta el riesgo”. El estudio que ahora firma junto con otros colegas ha constatado que esa planificación “deficiente” ha provocado la aparición de asentamientos en espacios peligrosos no solo por la mera ocupación de zonas inundables, sino también por “la disminución del umbral de escorrentía debido al sellado del suelo”.
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