Los primeros meses de Zapata (PP) como consejero canario de Transición Ecológica vaticinan retrasos en la lucha climática

La lucha en Canarias contra el calentamiento global podría dilatarse un poco más en el tiempo. Los primeros pasos de Mariano Zapata (Partido Popular) como consejero de Transición Ecológica en el Gobierno regional de CC-PP, que esta semana ha cumplido 90 días en el cargo, han estado marcados por episodios y declaraciones que prevén retrasos en las políticas de mitigación de los gases que provocan el efecto invernadero, con la intención primordial, según el dirigente popular, de “bajar a la tierra” la actual normativa de Cambio Climático en las Islas, “acompañar al tejido empresarial”, como ha hecho al indicar que va a “intentar buscar soluciones” para que el polémico proyecto turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), salga adelante, o al pedir “plazos más realistas” en la carrera climática contrarreloj, justo ahora cuando el aumento de las temperaturas está demostrando su poder más destructor.

Ha habido dos capítulos realmente importantes en este inicio de Zapata. Uno de ellos versa sobre las intenciones del expresidente del Cabildo de La Palma de reformar la Ley canaria de Cambio Climático, aprobada a finales del año pasado y vista como una de las más ambiciosas de todo el Estado al proyectar la descarbonización de las Islas para el año 2040, una década antes de lo marcado por el Gobierno nacional y la Unión Europea (UE). El consejero popular ha asegurado que quiere hacer reformas “políticas” de esta normativa, que el PP llegó a amenazar con derogar en caso de llegar al Ejecutivo regional.

Zapata ha dado a entender que la futura reglamentación en este sentido ocupará menos páginas que la actual (tiene 93 artículos), justificándose en “estructuras sobredimensionadas” que no ha terminado de explicar. Ha dicho que quiere unificar dos estrategias climáticas, la de Acción Climática y la de Transición Justa, sin que esta última tan siquiera haya salido a exposición pública. También ha indicado que en la próxima norma “van a prevalecer todos los intereses, el medioambiental sobre todas las cosas, pero también el empresarial”, en un intento por “acompañar al tejido empresarial” de las Islas, que precisamente no es el que más disposición ha mostrado para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), sobre todo el del sector turístico.

El consejero de Transición Ecológica no ha tardado en pedir “plazos más realistas” en la carrera contra el calentamiento global, haciendo referencia a los planes de la UE y de España y reconociendo que “llegamos tarde” para la meta de 2040. Las pretensiones de Zapata, miembro del único partido que votó en contra de la ley canaria de Cambio Climático y que ahora pide el apoyo de toda la Cámara autonómica para efectuar modificaciones, han aterrizado en un momento clave para acometer medidas ambientales. El último mensaje del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, era bastante claro al respecto: “Hemos abierto las puertas del infierno”. Esta semana, Canarias ha experimentado una ola de calor inédita en un mes de octubre que ha cerrado a cal y canto los colegios, algo que no había ocurrido hasta ahora.

“Si todas esas modificaciones que quiere hacer para rebajar la carga burocrática cuentan con las garantías medioambientales, nos tendrá a su lado. Pero para rebajar las metas y los objetivos climáticos, ahí no nos va a encontrar”, le espetó a Zapata en el Parlamento autonómico la diputada socialista Alicia Vanoostende. “Cuando quiere decir [que quiere una ley] más realista, ¿a qué se refiere? ¿A favor de la patronal de construcción? ¿O más realista en la mitigación de los efectos del cambio climático?”, agregó Yone Caraballo, diputado de Nueva Canarias. Curiosamente, la diputada popular Raquel Noemí Díaz ha defendido medidas de la consejería amparándose en artículos de opinión del presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO).

Por otro lado, el segundo episodio más relevante de los primeros meses de Zapata ha llegado esta semana, con la aprobación de la declaración de emergencia energética en las Islas, una decisión que han apoyado todas las fuerzas políticas, también expertos consultados por este periódico, pero que levanta algunas dudas y que, incluso, el propio consejero popular no pudo asegurar que habría impulsado igualmente en caso de no haberse producido el cero energético registrado en la isla de La Gomera este verano.

Zapata ha nombrado la declaración como la “hoja de ruta” de la solución al problema energético canario, un territorio donde la mitad de los grupos eléctricos de las centrales térmicas supera su vida útil y no es previsible renovar de forma integral los mismos hasta la celebración de un concurso público, hecho casi imposible desde la aprobación de una nueva normativa impulsada en 2013 por el exministro canario de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP).

Pero en ese texto, de los 14 acuerdos detallados, cinco comienzan con el verbo “instar”, dos con “encomendar” y uno con “solicitar”. La parte más relevante, la que proyecta cómo van a ser las medidas temporales necesarias para evitar nuevos ceros energéticos en la Comunidad Autónoma, apenas precisa que la energía a instalar será “flexible, gestionable y con mínimos técnicos cercanos a cero, facilitando, a su vez, la mayor integración de (…) renovables”. Sin embargo, serán las empresas las que ofrezcan soluciones. Y el Gobierno canario quien decida qué es lo mejor. Zapata no ha cerrado la puerta a instalar el gas como combustible, criticado por expertos y colectivos ecologistas por el elevado impacto de las moléculas de metano, capaz de atrapar mucho más calor que el CO2. El PP ya dijo en campaña electoral que quería desarrollarlo en el Archipiélago “como una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles”.

“No entiendo por qué no se ha implementado el gas, principalmente en las dos islas capitalinas”, dijo Zapata esta semana en el Parlamento. “Supone una reducción de la huella de carbono, menor contaminación y menos costes”.

Entre la emergencia energética y el propósito de hacer “más realista” la ley de Cambio Climático en Canarias, Zapata también ocupó portadas de periódico tras realizar unas declaraciones sobre el polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), expedientado hasta en tres ocasiones por vulnerar la normativa medioambiental y patrimonial. El expresidente de La Palma anunció que la promotora de la iniciativa contaba a partir de ahora con nuevos plazos para presentar la documentación requerida, pero en esa explicación dijo que debía estudiarse la posibilidad de traslocar especies protegidas, en este caso, la viborina triste, como solución para reactivar las obras, paralizadas desde noviembre del año pasado.

Además, en la Radio Televisión Canaria (RTVC), el consejero dijo que el Gobierno autonómico anterior, conformado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), “preguntaba y solicitaba información sobre esa posibilidad de traslado en el expediente”, pero es en la misma resolución que solicita la paralización de las obras, firmada por la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, la que remarca que “no es posible autorizar ninguna actuación que conlleve el arranque, corta, traslado [de la planta]”, de ahí la suspensión temporal del plan, refrendada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Por último, la Consejería de Transición Ecológica ha anunciado un cambio en la estructura de gestión de las unidades encargadas de coordinar y ejecutar los fondos europeos de recuperación Next Generation. Zapata ha dicho que es necesaria una “gestión más eficaz y ágil” de dichas partidas, valoradas en casi 500 millones de euros. No obstante, el Tribunal de Cuentas destacó en un informe reciente el papel de las oficinas verdes canarias, encargadas en ofrecer información sobre actuaciones vinculadas a la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Y de acuerdo con la última actualización de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de los 700 millones de euros en programas, más de la mitad corresponde a la consejería que ahora gestiona el líder popular.