Políticas sociales y cambio climático, los grandes protagonistas de los presupuestos canarios para 2020

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 tendrán un marcado carácter ambientalista y social, con un importante esfuerzo en la construcción viviendas sociales, incremento de las prestaciones sociales y mayor gasto en personal en Educación y Sanidad. Aunque crecerá respecto a 2019 en 212 millones de euros, los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno en materia de reducción de jornada educativa y derechos laborales en Sanidad, reducen el incremento real a tan solo dos millones. Entonces, ¿cómo piensa acometer el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres el reto de invertir más en políticas sociales y lucha contra el cambio climático? “Reorientando prioridades”, contesta el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, uno de los tres cerebros que ha redactado el proyecto de ley que ahora se empieza a tramitar. Los otros dos son Fermín Delgado (Hacienda) y Alejandro Rodríguez (Administraciones Públicas).

Los presupuestos, que alcanzan los 8.067 millones de euros, parecen listos para ser enviados a su tramitación parlamentaria, pero una negociación abierta con las corporaciones locales canarias (cabildos y ayuntamientos) lo impide de momento. Se trataría de resolver la petición del Gobierno de rebajar solo en 2020 el porcentaje a transferir al Bloque Canario de Financiación Municipal sin que eso suponga pérdida de recursos con respecto al año 19. En total, unos 25 millones de euros que habrían de corresponderles gracias al incremento que experimentará el presupuesto autonómico pero que en realidad es un incremento que se reduce a apenas dos millones de euros. “Apostamos por lo local y por lo municipal en este Gobierno, y si las corporaciones ceden, pueden salir ganando los ciudadanos a través de otros elementos de colaboración entre las instituciones”, asegura Olivera.

El capítulo 1 (gastos de personal) del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 se verá notablemente incrementado con los 209 millones necesarios para hacer frente a la ampliación de jornada educativa y el reconocimiento de sexenios, lo que ha derivado en un incremento de personal en Educación que también se apreciará en el Servicio Canario de la Salud. Un compromiso del Gobierno de Clavijo que se debe aplicar de sopetón en las primeras cuentas del cuatripartito. De ese modo, todo hay que decirlo, el presupuesto educativo canario se acerca ya al 4% (se sitúa ya en el 3,9), un poco lejos aún del compromiso legal de alcanzar el 5% del PIB en 2022.

Ese esfuerzo en personal reduce a poco más de dos millones de euros el incremento real de las cuentas, que los redactores del presupuesto han conseguido elevar a 110 gracias a lo que llaman “reorientación de prioridades”, es decir, a mover partidas de unos capítulos a otros para dar cobertura a las directrices políticas que apuntan a reforzar los recursos sociales y la lucha contra el cambio climático.

El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), uno de los tótem del Gobierno de Clavijo, será retocado en unos 80 millones de euros para conseguir esos propósitos.

“Todo lo que estamos tratando de reorientar queremos ponerlo en Sanidad, en Educación, en políticas sociales, en construcción de viviendas sociales, incremento de la prestación canaria de inserción (PCI), dependencia y transición ecológica”, explica el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera.

Uno de los principales propósitos es que el gasto educativo siga acercándose al objetivo 5% del PIB cuanto antes, “aunque si el PIB mejora mucho, en vez de acercarte puede que te alejes, pero lo que tenemos claro es lo que hay que hacer: que el gasto educativo crezca más que el conjunto de gastos del presupuesto para ir ganando cada vez mayor terreno”.

¿Qué medidas incluyen estos presupuestos para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre la economía canaria por el Brexit, las tensiones comerciales internacionales, parón en Alemania y nuestras propias debilidades?

“Lo más importante es que ante la ralentización que se avecina tratemos de hacer un presupuesto que aproveche todo el margen que tenemos disponible. Pero, sobre todo, como cambio más de fondo, romper con la filosofía anterior que era la de centrarse en los recursos a invertir y que fuera la economía la que tirara de lo social y de lo ambiental. Eso ha sido un fracaso en Canarias desde hace muchísimo años, por eso lo que queremos es atacar y dar impulso reforzando lo ambiental y lo social porque eso va a tirar de la economía. Este es el cambio de paradigma que se está dando en todo el mundo. Son tres patas: la ambiental, la económica y la social. Si solo tratas o solo impulsas una de ellas, la económica, por mucho que te empeñes, las otras dos ejercen de lastre y, por mucho esfuerzo que hagas, se convierten en freno del esfuerzo compartido por todas ellas. Tenemos que hacer un esfuerzo compartido en los tres ámbitos y sacar a la región de los indicadores estos tan negativos que tenemos, porque si las clases con menos recursos tienen más para poder consumir, dan impulso a la economía, más que si solo están en manos de los que más tienen, que al fin y al cabo van al ahorro. Esto puede suponer un revulsivo para muchos de los sectores económicos, generar empleo en el reciclaje, el sector del turismo puede beneficiarse de un apoyo más con los movimientos internacionales que están generando concienciación climática...

¿Son esos los elementos diferenciales respecto a anteriores presupuestos?

Son elementos que están todos muy interrelacionados, porque apostar solo por meter inversión en infraestructuras no ha funcionado. La gran apuesta económica va a estar más en I+D+i e internacionalización, por supuesto, seguir trabajando en esta línea muy interesante para la economía canaria; este gobierno está muy mentalizado en que Canarias es un lugar muy bueno para hacer negocios; el potencial más evidente a corto plazo es la captación de inversiones.

Hablemos de impuestos. Ya han comenzado las críticas a la subida del tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a 90.000 euros anuales y por la recuperación del medio punto rebajado en 2019 en el IGIC.

Todas las medidas no están decididas aún del todo. Esto es un puzzle que tiene muchas piezas y todo dependerá de la negociación con las Corporaciones locales canarias. Veremos si es necesario utilizar más unas medidas que otras. Lógicamente, el procedimiento fue así: nos hemos encontrado con un presupuesto con una mochila importante, los 209 millones de la mochila de capítulo 1, de los que 130 son de la reducción de jornada y la introducción de los sexenios en el sector educativo. Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero lo tenemos que asimilar en un solo ejercicio presupuestario.

¿Eso obliga a tocar los impuestos?

No queríamos renunciar a la agenda social, eso lo teníamos claro. Primero miramos fórmulas de reasignación de gastos para sacar mejor partido; después, la regla de gasto, que nos permite decrecimiento nuevo del gasto durante el ejercicio, y finalmente, para poder atender y aplicar la agenda social, no queda más remedio que hacer algunos cambios en algunos impuestos. Hemos tratado de revertir los disparates del último ejercicio, el medio punto del IGIC, la telefonía móvil, y queremos darle más progresividad al sistema y que pague más el que más tiene. Y probablemente daremos más progresividad al IRPF, con dos tramos, de 90.000 a 120.000 euros y el otro a partir de 120.000 euros.

Pero sí está cerrado volver al tipo medio del IGIC al 7%.

Sí, eso está cerrado ya. Otra de las cuestiones es tocar el IGIC incrementado, el tipo más alto del todo, el del 13,5 pasarlo al 15%, el que afecta las joyas, los abrigos de pieles, los coches de gama alta, los barcos, los aviones, las motas de agua y las películas X, por ejemplo. El que está más a la espera de los que se han planteado es subir del 0 al 3% en la factura de la energía, y en una buena negociación con las corporaciones locales, esa subida la podríamos esquivar.

Canarias retoma el impuesto de sucesiones. Eso también traerá polémica.

Se mantiene la bonificación del 99,9% a las personas obligadas a pagar una cuota de 35.000 euros o menos, eso es más o menos una herencia de 300.000 euros por heredero. Luego irá creciendo por tramos de 30.000 euros de cuota, hasta los 65.000, que estarán bonificadas al 90%. De 65.000 a 90.000, estará exento el 80%, y así irá subiendo hasta el que tenga que pagar una cuota de 305.000 euros en adelante, que no tendrá ningún tipo de bonificación. Lo equivalente a que cada heredero reciba de herencia más de tres millones de euros.

¿Está descartada definitivamente la tasa turística?

En principio no está planteada para este presupuesto. Caería en un momento delicado para el sector turístico y hay que tener mucho tiento en estas cuestiones. En cualquier caso, no se trata de impuestos con ánimo recaudatorio, sino con el ánimo de corregir ciertos comportamientos, como el de gravar las bebidas azucaradas, que no se ha descartado del todo. Pero estamos hablando de impuestos medioambientales o relacionados con la salud, que no tendrían gran impacto recaudatorio sino el objetivo de castigar algunas conductas que son malas para el medio ambiente o para la salud.