Ralons anuncia querella contra la mesa de contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Se veía venir desde que el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, de Podemos, mostró públicamente su animadversión personal contra el Grupo Ralons, del que depende Seguridad Integral Canaria, bajo la presidencia de Miguel Ángel Ramírez. Y la bomba ha estallado ante el primer concurso de su órbita que ha adjudicado el tripartido (PSOE, Podemos y Nueva Canarias), el del servicio de atención domiciliaria. El Grupo Ralons, actual adjudicatario, ha anunciado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran que interpondrá una querella por prevaricación contra su mesa de contratación por considerar que se han vulnerado las bases del concurso en lo relativo a ofertas temerarias.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria, efectivamente, adjudicó este viernes de puente del Pino al Grupo Clece el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes y ancianos que no puedan valerse por sí solos. El contrato, con una duración de dos años prorrogables a otros dos, tiene un importe de 17,2 millones de euros, es decir, 34,4. No fue la oferta más económica, según fuentes oficiales (la de Ralons era de medio millón menos por año), pero Clece compensó esa desventaja con una mejora de 100.000 horas (en dos años) de servicios extra como limpiezas de choque y atención podológica. Y es en esta mejora de 100.000 horas donde se ha producido el conflicto por superar la media de las otras nueve ofertas y entrando sobradamente en oferta temeraria.
Ralons advirtió desde junio pasado a la mesa de contratación del Ayuntamiento de la existencia de esa oferta temeraria, pero su escrito no ha recibido respuesta, según indicó a este periódico la dirección de Comunicación del grupo. Por eso este mismo viernes sus letrados pidieron al secretario del órgano de contratación certificación de los miembros de la mesa y del voto emitido por cada uno de ellos para proceder a la interposición de una querella por prevaricación (adoptar una resolución injusta a sabiendas).
Curiosamente, este viernes no se presentó a esa mesa de contratación el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, a pesar de formar parte de ella. El único cargo político que puede ser destinatario de esa querella es el concejal socialista Aridany Romero, responsable de Contratación.
El Grupo Ralons viene prestando este servicio de ayuda a domicilio desde hace cuatro años “sin ningún tipo de conflicto laboral y cumpliendo escrupulosamente con el convenio colectivo del sector”, según fuentes oficiales de la empresa. Y “para colocarnos en una situación límite, el Ayuntamiento lleva desde marzo sin pagar ni un euro por los servicios”, añadieron. La deuda del consistorio con Ralons ya alcanza los 4,5 millones de euros, “lo que nos ha obligado a tirar de recursos propios para hacer frente a las nóminas del personal que presta ese servicio”, más de 450 personas.
Ralons también ha anunciado que recurrirá esta adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, previo al Contencioso-Administrativo “si fuera necesario”.
