La importación asfixia al campo en Canarias: el laberinto del sector primario en medio de la crisis sanitaria

Como cada día, Heraclio del Castillo ordeña a sus vacas para producir 1.400 litros de leche, 2.000 menos a los que acostumbraba antes de la crisis sanitaria, porque solo puede colocar en el mercado 6.000 a la semana, el resto lo tira. “Maldito el día en el que decidí ser ganadero”, confiesa, tras 20 años dedicado a un sector que el Gobierno de España ha considerado como esencial. En una explotación ubicada en Fasnia (Tenerife), tiene más de 500 cabezas “que comen cinco euros diarios” y, como la situación siga así 15 días más “vendrá la ruina” porque se le agotará, asegura, la comida almacenada.

No puede recurrir a la venta a domicilio, porque la leche debe ser tratada para poder venderse, y el poco producto que tiene salida es porque se lo compra la Cooperativa de La Candelaria. Su situación ya era crítica desde hace años en una Isla en la que muy pocos se dedican a la ganadería. “Quedamos unos ocho o nueve”, debido “sobre todo a la importación de leche en polvo”, dice Heraclio del Castillo, pero ahora se ha sumado el cierre de sus canales de venta habituales por la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Para tratar de paliar su situación, dice que ha tocado en la puerta de Gestión Medio Rural -empresa pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias- pero no ha obtenido respuesta.

Para mitigar la crisis, Agricultura ha activado un plan de acciones para proteger la actividad del sector primario y, entre ellas, el 21 de marzo se habilitó una dirección de correo electrónico a través de GMR para que los productores “transmitan cuál es su problema”, explica Pablo Zurita, gerente de la empresa pública y, si exponen sus dificultades para comercializar sus productos, tratan de colocarlos en canales de distribución, ya sea supermercados o donaciones. Esta medida, según anunció la consejería en un comunicado, se completaría con la reducción del periodo de pago a todos los proveedores una vez se consiguiera la venta.

Sin embargo, en el sector han surgido muchas dudas sobre la capacidad de GMR para llevar a cabo esta tarea con productos frescos que deben ser tratados, seleccionados y empaquetados hasta llegar al canal de venta correspondiente, sobre todo en islas no capitalinas, donde la empresa pública apenas dispone de logística. Un trabajador de la entidad, que prefiere mantenerse en el anonimato, sostiene que tuvo conocimiento de esta iniciativa cuando fue publicada en medios de comunicación y aún no ha recibido ninguna circular en la que se le indique cómo debe proceder.

Cuando se enteró de esta vía para comercializar sus productos, Concepción González -agricultora con 27 años de experiencia en el sector y dedicada al cultivo hortofruticola en dos hectáreas ubicadas en La Palma- le confesaron en GMR que no tenían ninguna orden para recoger productos y la derivaron a la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Isla de La Palma (Sodepal), empresa pública del Cabildo que realiza actividades similares a GMR.

“Allí me dijeron que solo recogían lo que considerasen, pero lo que compraban, lo hacían a un precio muy por debajo de los costes de producción; por ejemplo, por las fresas pagaban entre 1,55 y 2,15 el kilo, cuando en un mercadillo vendes a seis euros como mínimo. No nos soluciona nada”, dice González.

A la venta a domicilio, a la que los agricultores o ganaderos con capacidad de distribución y una producción pequeña podían recurrir, se ha sumado en los últimos días la apertura de mercadillos en las Islas después de reiteradas peticiones del sector; de hecho, en Tenerife y La Palma están prácticamente todos en funcionamiento. También hay iniciativas ciudadanas, con páginas web o aplicaciones, o del propio Cabildo de Gran Canaria, para facilitar la adquisición de productos de la tierra.

Pero no todos pueden vender en mercadillos ni recurrir al puerta por puerta. Camilo Álvarez, con una producción de 200.000 kilos de sandías y melones al sur de Gran Canaria, ha decidido que donará los alimentos a personal sanitario gracias a conocidos que le ayudarán en la distribución, ya que GMR le ha dicho “que está a la espera de que le contesten para poder vender”, pero “la fruta no espera, madura y se pudre”.

Pablo Zurita explica que GMR sí cuenta con capacidad de almacenamiento de productos hortofrutícolas en Gran Canaria o Tenerife, donde “se recibe el producto, se manipula, se selecciona, se empaqueta y se montan los pedidos que van a la cadena de distribución”, pero en el caso de la leche, actúa “como intermediario”, para buscar “cómo pasteurizarla y colocarla en el mercado”, al tiempo que asegura que se ha logrado vender en supermercados leche fresca de unas granjas de ganado vacuno, que vuelva el queso fresco a alguna superficie o se han colocado piñas de El Hierro en La Laguna (Tenerife).

Zurita reconoce que “puede haber casos de personas que se han visto desatendidas” y pide disculpas por ello, pero afirma que tratarán de solventarlo. También aclara que la empresa no compra todo y luego lo vende, “no sería operativo”; sino que solo adquiere aquello que se pueda distribuir y reclama a los productores que suministren “lo que va haciendo falta”, pues “la capacidad de distribución es la que es”.

Para ello, opina que es fundamental que los ciudadanos demanden productos locales. “Desde Agricultura se ha llevado a cabo una campaña muy potente para fomentar el consumo porque, si se consigue que el ciudadano entienda que llevándose a su casa un queso ayuda a que el ganadero mantenga sus animales, empezaremos a hacer girar la rueda”, manifiesta Zurita.

Pero para los agricultores o ganaderos, como Concepción González o Heraclio del Castillo, el problema no se focaliza tanto en lo que demanda el consumidor, sino en lo que se le ofrece. En este sentido, critican las subvenciones que reciben los productos de importación a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que en teoría sirve para garantizar el suministro de productos esenciales a las regiones ultraperiféricas, paliando los costes adicionales derivados de esa condición, pero hay alimentos, como el tomate, que se compran fuera de las Islas a pesar de la producción local existente.

Al respecto, Zurita dice que es consciente de que el sector reclama a GMR que debería hacer más de lo que hace, pero la empresa pública tiene la tarea “de vender productos, de buscar canales alternativos” y para ayudar a paliar las pérdidas a los productores que no consigan comercializar sus alimentos “estamos pendiente de lo que vaya sacando el Ministerio de Agricultura, pero aún no hay nada concreto”. Por ahora, “es con la realidad con la que tenemos que trabajar”, al tiempo que reconoce que “no hay un manual de instrucciones para afrontar una crisis de este tipo”.

El gerente de la empresa pública cree que en las próximas semanas “habrá importadores que no se atrevan a traer productos a Canarias porque no tienen asegurada su venta” y, mientras tanto, “los agricultores y ganaderos de las Islas seguirán produciendo”. Así, vaticina que “es probable que el propio mercado se vaya ajustando” y pide “un poco de paciencia”. Si esto sucede, “habrá menos competencia y ahí se dará una oportunidad para el producto local”.