Un Juzgado admite una demanda contra Boeing por 56 millones de dólares
Un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una demanda en la que se reclaman 56 millones de dólares (41,5 millones de euros) contra Boeing, fabricante del avión de Spanair que se estrelló en Madrid el 20 de agosto de 2008 y en el que fallecieron 154 personas.
Diez familiares de siete de los fallecidos en el accidente de ese vuelo de Spanair a Gran Canaria exigen en su demanda a Boeing esta indemnización por la fabricación y comercialización de un “producto defectuoso” y que el daño que se fije sea conforme a la legislación estadounidense, según informan en un comunicado remitido este sábado a Efe.
En una resolución fechada el 2 de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital grancanaria considera que la demanda reúne todos los requisitos y se declara competente para resolverla, por lo que ha dado traslado a la parte demandada para su contestación y celebración del juicio, algo que permitirá ahondar “por primera vez” en las causas que originaron el siniestro, según el abogado que representa a estas familias, Iván de Miguel.
El letrado sostiene que, con los informes y documentos, así como con la declaración de los peritos, se podrá atestiguar “que no solamente Boeing conocía los defectos que tenía el diseño del avión en materia de seguridad, sino además que el accidente podría reproducirse porque dichos defectos no se han corregido”.
Las familiares de estos fallecidos consideran “una victoria moral” la admisión a trámite de la demanda, ya que supone una oportunidad de mostrar y hacer valer lo que vienen defendiendo desde el primer momento, que independientemente del fallo que pudieran haber cometido los pilotos, el propio avión “traicionó a ambos no avisándoles del error que estaban cometiendo”, lo que hubiera evitado el accidente.
Hasta lograr la admisión de esta demanda, este grupo de familiares ha tenido que peregrinar desde el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, a Estados Unidos y nuevamente a España, donde se ha admitido a trámite su reclamación y serán oídos en un juicio.
De Miguel ha insistido en que “es la primera vez que tendrán la oportunidad de que un juzgado analice en profundidad las causas reales del siniestro, tras el ”baile de juzgados en los que se ha estado en los alrededores del por qué“ y el ”carpetazo“ dado por el Juzgado de Instrucción de Madrid a la causa penal.
Estas familias están además pendientes de que se celebre la audiencia previa por otra reclamación en la que exigen a Mapfre, como aseguradora de Spanair, nueve millones de euros y que deberá resolver el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha señalado para sentencia, sin celebrar juicio, otros casos por entender que la cuestión a resolver es solo jurídica.
No obstante, tras haber solicitado Mapfre que se unifiquen todas las demandas en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, donde se presentó la primera, el titular de lo Mercantil 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado en suspenso la emisión de su sentencia hasta que se resuelva si procede esa acumulación.
En un comunicado, estas familias califican de “absurdas” las cantidades que les ofrece Mapfre, inferiores a los 60.000 euros por fallecido, y se quejan de que su oferta se condicione a firmar un documento en el que “no solamente liberan de responsabilidad a la entidad aseguradora, sino a terceras entidades, incluyendo organismos oficiales, y haciendo cesión de su derecho a percibir una indemnización a favor de Mapfre”.
