El juez Fiestras eleva al Supremo una causa por corrupción del senador Pedro San Ginés (Coalición Canaria)

El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, del que es titular el juez Ricardo Fiestras, ha elevado al Tribunal Supremo (TS) el caso Minutas. Esta trama investiga al senador de Coalición Canaria (CC) Pedro San Ginés por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. La causa se inició a raíz de dos denuncias del Consorcio del Agua de Lanzarote y de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA), que advirtieron de la contratación irregular de Ignacio Calatayud, abogado y amigo del expresidente del Cabildo insular, y de la apropiación indebida por parte del letrado de un millón y medio de euros de dinero público.

Desde el Tribunal Supremo explican a esta redacción que el 21 de febrero llegó al Alto Tribunal la exposición de motivos por los que el Juzgado de Arrecife considera que el caso debe ser juzgado en el Supremo. El procedimiento será trasladado a la Fiscalía para que haga un informe sobre si hay indicios o no para abrir una causa en el Supremo y, después, cinco magistrados adoptarán la decisión que corresponda.

La investigación se inició en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife en 2021. Las labores realizadas por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil acreditaron que la apropiación por parte del letrado Ignacio Calatayud de las costas pertenecientes a los entes públicos de gestión de agua se llevó a cabo con la complicidad de Pedro San Ginés.

La Benemérita siguió el rastro del dinero hasta concluir en un informe que Calatayud utilizó 624.000 euros de dinero público a pagar dos pisos en el barrio madrileño de Chueca. El documento de la Guardia Civil recoge que esta cantidad fue transferida por la UTE Edam Janubio en 2014 a una sociedad limitada que lleva por nombre el del abogado.

Ignacio Calatayud presentó dos recursos con el objetivo de apartar del caso al juez Jerónimo Alonso, que realizó la instrucción. En su lugar, el abogado consideraba que el juzgado competente era el de Instrucción número 4, del que es titular Ricardo Fiestras. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas resolvió a su favor. El Consejo General del Poder Judicial llegó a solicitar en 2022 al Ministerio del Interior protección para Jerónimo Alonso, que denunció haber recibido amenazas del entorno de las personas investigadas.

Entre las personas investigadas en esta trama no solo están el político y el abogado, sino también Juana Fernández de las Heras, abogada, esposa de Calatayud e hija del abogado Felipe Fernández Camero, condenado recientemente a diez años y tres meses de prisión por el caso Jable.

Aforado ante el Supremo

El caso Minutas llevó a Pedro San Ginés a anunciar que abandonaba ''la primera línea política'' en Lanzarote. El investigado no se presentó como candidato a presidir el Cabildo insular en las elecciones locales de 2023, pero sí concurrió en las listas de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife. En los comicios de mayo salió elegido como concejal, pero renunció a su acta para ser diputado regional del Grupo Nacionalista Canario por la circunscripción de Lanzarote. Una vez en el Parlamento autonómico, su partido lo eligió para ser senador por la Comunidad Autónoma.

San Ginés ha seguido los pasos del actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que fue senador durante la pasada legislatura y disfrutó del consecuente aforamiento mientras se resolvían las causas judiciales pendientes contra él. También lo hizo el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo en 2011, mientras se investigaba el conocido caso Las Teresitas, por el que finalmente Zerolo fue condenado a siete años de prisión.

El caso Minutas no es la única causa relacionada con el expresidente del Cabildo de Lanzarote que llega al TS. El 13 de febrero el Tribunal Supremo decidió abrir una causa contra Pedro San Ginés por presentar una denuncia falsa cuando estaba al frente de la corporación insular. La Fiscalía ha llegado a pedir un año y medio de cárcel por falso testimonio. El senador de CC está acusado de acudir en 2009 a las dependencias policiales de Costa Teguise para denunciar a un empresario por supuestas irregularidades en un proceso público de contratación. Según la Fiscalía, los hechos eran falsos y San Ginés actuó ''con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma“.