Canarias recurre a los campamentos temporales de acogida para afrontar un nuevo repunte de llegadas de migrantes

No se sabe nada de 2.000 personas que emprendieron la ruta canaria en patera este año desde el continente africano. De otras 500 se sabe que han muerto en el camino, y más de 10.000 han logrado sobrevivir a la travesía que se perpetúa como la más peligrosa de acceso a Europa. Dentro de tres semanas se cumplirá un año del trimestre que dejó récord de embarcaciones y personas llegadas a Canarias por vía marítima y se prevé que la intensidad de la ruta continúe, así como los fallecimientos. Esta vez las administraciones descartan una nueva crisis de acogida y pretenden redoblar los esfuerzos en la localización de desaparecidos y fallecidos. 

Fue en noviembre de 2020 cuando la acogida y la primera atención a personas migrantes dejó en la comunidad autónoma estampas “de la vergüenza”. La falta de una red estable de recursos de acogida y la ausencia de espacios fijos en los que practicar la reseña policial empujó a miles de personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas, a pasar semanas en naves portuarias y campamentos precarios como el de Arguineguín. La solución de emergencia que el Estado encontró fue dotar de fines humanitarios a los hoteles y apartamentos cerrados por la pandemia e instalar un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) en un terreno militar. 

Las presiones de algunos grupos políticos y de empresarios para que el Ministerio de Migraciones vaciara los complejos turísticos de migrantes forzaron al Gobierno central a idear el Plan Canarias. En el marco de este proyecto, el departamento de José Luis Escrivá instaló en el Archipiélago seis macrocampamentos de emergencia: dos en Tenerife, tres en Gran Canaria y uno en Fuerteventura. 

Esta red de centros se planteó como una solución temporal. Migraciones aseguró que se harían las obras necesarias para convertir los campamentos en instalaciones estables. Aún así, estos recursos de emergencia siguen estando compuestos por carpas y sus condiciones siguen siendo criticadas por diferentes organizaciones. En febrero de este año, los migrantes acogidos en el antiguo cuartel militar de La Isleta, el regimiento Canarias 50, denunciaron a través de un vídeo que las carpas en las que dormían se inundaron de aguas fecales. En Tenerife, los usuarios criticaron que no había comida suficiente en Las Raíces y que en las duchas solo había agua fría. Tras su visita a Canarias, Amnistía Internacional exigió “medidas urgentes” para garantizar condiciones de vida digna a las personas migrantes en los centros del Plan Canarias y pidió que se velara por su bienestar físico y mental.

A pesar de todo, estos establecimientos son ahora la principal herramienta de las Islas para afrontar un posible repunte. Según los últimos datos recopilados por la Delegación del Gobierno, que datan del 2 de septiembre, 2.098 personas permanecen acogidas en Canarias. De ellas, 899 están repartidas en campamentos del Plan Canarias, cuya ocupación es del 18% al tener en total 7.000 plazas repartidas entre los centros de El Matorral, Las Raíces, Las Canteras, la Nave de Bankia, el CEIP León y el acuartelamiento Canarias 50. 

En lo que va de año, la presión migratoria se ha concentrado en la provincia oriental, con un flujo intenso de llegadas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En el caso de Lanzarote, destaca el alto número de embarcaciones que llegan por sus propios medios a la isla. Lo mismo sucede en La Graciosa, una pequeña isla con poco más de 700 habitantes donde algunas barcazas han tocado tierra firme sin ser vistas por los equipos de rescate. 

Desde el colectivo Caminando Fronteras, fundado por la activista Helena Maleno, añaden que reciben menos alertas desde la ruta de Lanzarote. “Suelen ser personas marroquíes que salen de Agadir, Safi y Sidi Ifni, y sus embarcaciones llegan en mejores condiciones”. 

En esta isla se han habilitado diferentes puntos provisionales para ofrecer la primera asistencia a las personas migrantes, como pabellones deportivos o naves industriales. El Ministerio del Interior ha adelantado a esta redacción que está realizando “gestiones” para buscar las ubicaciones más idóneas donde instalar un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). 

Más lanchas neumáticas en el mar

Algunas de las diferencias entre las llegadas de 2020 y las de 2021 es el aumento de lanchas neumáticas en las que viajan las personas migrantes. Muchos de los naufragios son protagonizados por personas que viajan en este tipo de embarcación. El colectivo Caminando Fronteras ya advirtió en julio de que la precariedad de este tipo de barcazas se suma a la “nula experiencia de navegación” de quienes van a bordo. Ambas circunstancias favorecen que las personas “pierdan fácilmente el trayecto”.

El incremento de neumáticas se ha identificado en especial en las salidas de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Muchas de las alertas que Caminando Fronteras recibe desde este tipo de embarcaciones terminan en tragedia. 

Reparar errores 

Pese a la peligrosidad de la ruta canaria y la sucesión de muertes, una de las tareas pendientes es la de identificar a personas fallecidas y localizar a desaparecidos. La ONU ya pidió a España en junio de este año “protocolos claros” para la búsqueda, investigación e identificación de personas migrantes desaparecidas en su trayecto migratorio. Este año, Cruz Roja ha asegurado que redoblará sus esfuerzos para restablecer el contacto entre personas migrantes llegadas a Canarias y sus familias. 

Durante la crisis migratoria de 2020, decenas de familiares se desplazaron a las Islas para intentar localizar a sus seres queridos entre las miles de personas que sobrevivían al océano, ante la falta de un número de teléfono u otras vías de contacto. Entre ellos estaba Tarek, un joven que aterrizó en Gran Canaria desde Dinamarca para encontrar a su hermano en el muelle de Arguineguín. No sabía si Yassine estaba allí, tampoco si estaba vivo o muerto. Cuatro horas después pudo decirle a su madre, que esperaba impaciente en Marruecos, que lo había encontrado. Llevaba dos semanas en el puerto, retenido por la Policía Nacional y superando el máximo de 72 horas bajo custodia policial marcado por la ley.

Para evitar que se repita el desbordamiento que vivió este puerto del sur de Gran Canaria el año pasado, así como las carencias en la asistencia jurídica y los errores en la filiación de los migrantes, Cruz Roja trabaja en la instalación de módulos en el muelle. El propósito es “que el personal pueda mejorar la atención humanitaria”. 

También el Colegio de Abogados de Las Palmas ha publicado una guía para no reproducir los errores de Arguineguín. El documento destaca que todas las personas tienen derecho a una entrevista individual y reservada y subraya que los letrados no pueden firmar una orden de devolución sin haber hablado antes con la persona afectada. En 2020, España ordenó la expulsión de personas que no habían tenido una sola entrevista con un abogado. En otros casos, personas que podían solicitar protección internacional por su orientación sexual tardaron meses en hacerlo por no tener acceso a una entrevista en solitario y por miedo a sufrir consecuencias por parte de sus compatriotas.