Clavijo vuelve al victimismo tras los errores de fondo y forma en el protocolo de atención a menores migrantes

Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ha reaccionado a la respuesta de la Fiscalía al protocolo de atención a los menores migrantes aprobado por Canarias la semana pasada afirmando que el Gobierno central “ataca” y “amenaza” a las Islas en lugar de ayudarlas. Se refiere el presidente regional al informe del Ministerio de Infancia y al análisis hecho desde la Fiscalía: ambos concluyen que el texto canario pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, y, además, comete fallos de bulto en su forma. Por un lado, explica la Fiscalía, incluye requisitos para poder atender a los menores que no están recogidos en la Ley de Extranjería ni del Menor; por otro, el Gobierno canario elude hacerse cargo de la atención urgente a los menores, una competencia recogida en el propio Estatuto de Autonomía del Archipiélago y a la que si se quisiera renunciar implicaría reformar el propio estatuto en el Parlamento canario.

La Fiscalía también señala que el documento envía la responsabilidad de la atención a estos menores al Estado, cuando Canarias, ni ninguna otra comunidad, tiene potestad para dictaminar competencias estatales. Son errores de forma y de fondo sobre los que ha alertado la Fiscalía en un contundente documento publicado el pasado viernes, y que Clavijo ha interpretado como un ataque y una amenaza, ya que, de aplicarse el protocolo, el Gobierno canario podría incurrir en un delito de abandono.

Pese a los errores señalados por la Fiscalía, el presidente canario insiste: “Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias”. Las garantías a las que se refiere Clavijo son una serie de requisitos que pretende exigir que el Estado cumpla antes de que se entregue un menor a los recursos de la comunidad autónoma. Estos requisitos son: identificarlo correctamente, entrevistarlo para conocer si es candidato a refugio o asilo, y tramitar un expediente individual. Sin embargo, la Fiscalía rechaza que se aumente la burocracia precisamente en un momento calificado de “urgencia”, como es aquel en el que el menor acaba de desembarcar de una patera o cayuco en las Islas. Pretende el nuevo protocolo que, tras una travesía de varios días en condiciones extremas se someta a los menores que llegan sin acompañamiento de ningún adulto (y que en algunos casos están en estado de shock) a la realización de entrevistas y diversos trámites antes de prestarle la acogida. “Es claro que un menor que acaba de llegar a tierra después de un viaje en el que ha puesto en peligro su vida no está en disposición de ser oído con garantías, ni mucho menos, como parece apuntar el protocolo, que este manifieste que tiene un familiar o un allegado en algún lugar distinto de Canarias y que, por lo tanto, en ese sentido se debiera de actuar, pues ello implicaría un claro riesgo para el menor”, sentencia la Fiscalía.

Y cuestiona que el Gobierno de Canarias pretenda exigir trámites burocráticos ante situaciones que son “de urgencia”, entre otras cosas, añade, porque la Ley del Menor dice que “cuando la urgencia del caso lo requiera (...) la actuación de los servicios sociales será inmediata”.

La competencia es de la comunidad autónoma

Clavijo, en sus declaraciones de este domingo, ha repetido que el posicionamiento del archipiélago es atender a estos jóvenes y pedir ayudar al Gobierno de España “porque no podemos más”. Según su descripción, Canarias no tiene “capacidad” para atender a más menores y “las condiciones de hacinamiento no nos están permitiendo garantizar la seguridad del menor”. Por ello, dice, “lo que le estamos pidiendo al Gobierno (porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, fronteras y salvamento marítimo las tiene Estado) es que nos ayude”. Sin embargo, como le recordó la Fiscalía el viernes, las competencias sobre la atención a los menores, tanto si son extranjeros como si no, son de la comunidad autónoma. Es más, recalcó que tratar a los menores en desamparo extranjeros de una forma diferente que a los españoles que padecen su misma situación supone “claramente” una “discriminación por razón de origen” que la Constitución Española y la Convención sobre los Derechos del Niño no permiten.

Tal y como expuso en su escrito del pasado viernes la fiscal superior de Canarias, María Farnés, la atención a estos menores (españoles o extranjeros) “nunca será competencia de la Administración General del Estado”, “salvo modificación del correspondiente Estatuto de Autonomía”, porque la tutela de los menores en desamparo recae en todos los casos sobre la comunidad donde se encuentren.

Canarias, una “víctima”

Continuando con su argumentación, Clavijo ha afirmado este domingo no entender que “después de tantos meses sin que nos sentásemos en una mesa para resolver el problema, el Gobierno de España, de repente, ataque a Canarias”. Aunque de estas palabras se deduzca que a Clavijo le ha cogido por sorpresa la respuesta de la Fiscalía, lo cierto es que esta se produjo 24 horas después de que el protocolo fuera publicado en el Boletín Oficial de Canarias, y solo tres días después de la firma de un acuerdo con el PP de Núñez Feijóo sobre el “descontrol migratorio” del Gobierno central; un acuerdo rubricado por Clavijo que, entre otras cuestiones ajenas a las Islas, pide intensificar la vigilancia en los aeropuertos de Barajas y El Prat.

“Canarias es la víctima, las víctimas son los menores y Canarias, y el Gobierno tiene que entender que debe asumir sus responsabilidades y, en una crisis humanitaria como la que estamos, ayudar a Canarias, no atacar a Canarias”, ha repetido, antes de defender de nuevo que el protocolo está orientado a “garantizar que los derechos del menor sean respetados”, algo que la Fiscalía y el Ministerio ponen en duda.

“Y que después de tantos meses sin noticias ni respuestas del Gobierno de repente se reúnan cuatro ministros y planteen llevar al Tribunal Constitucional para atacar a Canarias... de verdad no lo alcanzo a entender cuando llevamos tantos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado”, insistió, apenas una semana después de que el Ministerio de Defensa haya cedido dos espacios para alojar a estos menores y de que desde Coalición Canaria se haya afirmado en más de una ocasión que “no es una cuestión de espacios”.

Clavijo asegura que lo que se pide es que el menor extranjero se entregue a la comunidad autónoma reseñado, inscrito el registro de los menores y con una foto para poder reconocerlo “porque si te dan un listado con nombres escritos a mano... ¿cómo reconoces que ese es el menor?”. Sobre estos trámites que el Gobierno canario pretende que se hagan en un primer momento, la Fiscalía recuerda que “no existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar”. Y además, concluye que, sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales“.

Canarias no ha aumentado sus recursos pese a tener previsto el incremento en las llegadas

Clavijo ha utilizado la palabra “hacinados” para describir el estado en el que su Gobierno tiene a estos niños y niñas porque los recursos están “totalmente sobrepasados”. Y eso pese a que, como él mismo ha recordado este domingo, la comunidad autónoma lleva casi un año advirtiendo de las previsiones de aumento de la llegada migrantes en pateras o cayucos. Más allá de instalar carpas en los muelles de La Restinga (El Hierro) y Arrecife (Lanzarote) para estos niños, en estos 12 meses no se han habilitado nuevos espacios para la acogida (al contrario, se cerró un centro en Lanzarote), mientras que el refuerzo del personal para la atención se aprobó hace menos de una semana.

Tampoco ha criticado Clavijo el tiempo perdido después de que el PP rechazara en julio la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para una distribución de los menores entre todas las comunidades.

Con todo, Clavijo culpa al Gobierno central de la situación y defiende este protocolo, muy cuestionado y plagado de errores, tal y como señalan tanto la Fiscalía como el Ministerio, y como ha denunciado ya al menos una ONG.