Las pugnas entre ministerios perpetúan la 'cárcel' de migrantes de Canarias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha topado este viernes con uno de los resultados de su gestión migratoria en Canarias. Un campamento de emergencia levantado sobre el muelle de Arguineguín con doce carpas y baños químicos, conocido también como el muelle de la vergüenza. Sobre el suelo, al menos 500 personas hacinadas. Una cifra que cambia a diario ante la llegada continua de embarcaciones a Gran Canaria y el también asiduo traslado de personas a complejos turísticos vacíos para su acogida. Una semana antes, en un rincón sobre el asfalto, Grande-Marlaska se habría encontrado con Hamza (nombre ficticio). Un menor que pasó nueve días perdido en Arguineguín después de haber visto morir a dieciséis personas en su patera. La Policía había registrado su llegada y su derivación a un centro, pero no estaba en ningún recurso de acogida para niños extranjeros no acompañados. Según fuentes sanitarias, el propio joven aseguró haber pasado dos días en un hospital y luego volvió a ser enviado al puerto. “Estaba físicamente agotado y con la mente en otra parte”, cuentan los pediatras que lo atendieron. 

A 70 kilómetros, en el Puerto de Las Palmas, otra consecuencia de la estrategia española frente a los flujos migratorios: una nave sin duchas que alberga hasta el momento a 59 migrantes subsaharianos para su filiación por parte de la Policía Nacional. La escasez de espacios habilitados y los acuerdos tardíos entre los Ministerios han forzado a los migrantes a pasar días y, en ocasiones semanas, en espacios precarios como la nave de la vergüenza o terreros de lucha canaria. Desde que se reactivara en noviembre de 2019 esta ruta migratoria, las respuestas desde el Gobierno central se han hecho de rogar. La supresión de la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios ha agravado la descoordinación entre los Ministerios responsables, y la falta de colaboración por parte de algunas administraciones locales ha bloqueado posibles soluciones. 

Las competencias en materia migratoria están distribuidas entre distintos departamentos del Gobierno de España y, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, del Ejecutivo regional. Este reparto hace difícil saber a quién deben exigirse responsabilidades ante los fallos y consecuencias de la gestión de los flujos migratorios en Canarias, una región que en los últimos meses ha sido bautizada como “islas cárcel”. Según publicó El Confidencial, fuentes internas de las administraciones responsables han admitido la “descoordinación y las discrepancias” entre ellas para gestionar la crisis migratoria en Canarias. 

La estrategia de Interior 

El Ministerio del Interior ha apostado por la expulsión, retomando las deportaciones a Mauritania y a Marruecos. Fuentes especializadas han advertido de que este 10 de noviembre un vuelo de deportación llegará a Nuadibú desde Gran Canaria, después de nueve meses con las conexiones paralizadas por el cierre de fronteras para contener la COVID-19. Esta última semana, además, se ha agilizado la derivación de migrantes a la Península. Un vuelo con 40 personas partió este miércoles desde Gran Canaria hacia Madrid. Algunos migrantes consultados por este periódico han afirmado que han sido transportados a la capital y también a Sevilla. Por su parte, el sindicato de agentes de la Policía Nacional Jupol ha asegurado que, en los días previos a la visita de Grande-Marlaska y de la comisaria europea Ylva Johansson, se han organizado hasta media decena de vuelos diarios hacia Madrid y Barcelona de manera “apresurada” para “quitarlos de en medio”. El ministro ha negado que el Gobierno de España “funcione así” y asegura que las decisiones que se toman son “premeditadas”. 

Desbloquear el proyecto migratorio de las personas que sobreviven a la ruta canaria ha sido una de las reivindicaciones de organizaciones especializadas e incluso de miembros del Gobierno regional. En 2020, salvo durante el confinamiento, las derivaciones se han dado de manera intermitente. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ofrece datos de estos movimientos, descritos por el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, como causantes de un “efecto llamada”. El área que dirige Grande-Marlaska tampoco notifica las expulsiones. 

Interior, en su apuesta por reforzar la vigilancia de las fronteras, ha pedido ayuda a Frontex (Agencia Europea de Guardia de Fronteras y de Costas). La Agencia ha enviado a Gran Canaria a siete agentes para “ayudar” a la Policía a “controlar los flujos de inmigración ilegal y los crímenes transfronterizos”, así como a identificar nacionales de terceros países. Esta llamada de auxilio recuerda a la denominada crisis de los cayucos de 2006. Ese año Frontex invirtió 3,2 millones de euros en el operativo HERA. Medios marítimos y aéreos patrullaban el litoral africano, mientras que un sistema de satélites controlaba el Atlántico. El objetivo: disuadir a los migrantes de emprender esta ruta. El propósito se consiguió, y las Islas pasaron de recibir a 31.678 personas en 2006 a alojar a 196 en 2010. 

Presión en la acogida

Antes de la pandemia, solo pasaban a espacios habilitados para la acogida humanitaria “personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, la estrategia de retener a migrantes en el Archipiélago impulsada por Interior y el cierre de los CIE por la imposibilidad de expulsarlos a los países de origen han aumentado la presión sobre el Ministerio de Migraciones. La Secretaría de Estado de Migraciones, liderada por Hanna Jalloul, se ha visto obligada a buscar nuevos espacios de acogida. 

En algunas ocasiones, sus propuestas se han encontrado con la negativa de los ayuntamientos. Es el caso de la paralización del Centro Temporal de Acogida para migrantes levantado por Cruz Roja en Arinaga y que preveía ofrecer 900 plazas. El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, asegura haberse enterado por la prensa tanto del comienzo como del fin de las obras y se mostró en contra de que se ubicara allí el espacio por no cumplir con las condiciones de habitabilidad. “La obtención de permisos para habilitar en este solar un espacio de acogida es compleja porque se trata de una parcela en la que está prohibido el uso residencial”. 

En Tunte, núcleo de uno de los municipios más turísticos de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, los migrantes se encontraron con barricadas organizadas por los vecinos y apoyadas por la alcaldesa, Concepción Narváez, que aseguró que alojar migrantes en un destino turístico “no era lo más acertado”. 

Espacios de Defensa, vacíos 

La incesante llegada de embarcaciones encontró a las Islas sin una red estable de instalaciones, 26 años después de la llegada de la primera patera a Fuerteventura. Mientras cientos de migrantes se agolpan en Arguineguín, el Ministerio de Defensa conserva espacios que llevan años en desuso. Ha sido este mes de noviembre cuando el departamento de Margarita Robles ha cedido cuatro espacios en Canarias para albergar personas llegadas por vía marítima a las Islas: los cuarteles de Las Canteras, en La Laguna (Tenerife); El Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura); la antigua sede del Regimiento de Infantería Canarias 50, en La Isleta (Gran Canaria), y el antiguo Polvorín de Barranco Seco, en Gran Canaria. 

Interior ha confirmado a esta redacción que este último establecimiento se utilizará para poder hacer la reseña policial, desmantelando así el campamento de emergencia de Arguineguín, pero desconoce si va a dar cobertura a otras áreas competenciales. Por su parte, el “pleno dominio” de las instalaciones del Canarias 50 corresponderá al Ministerio de Migraciones para “su uso inmediato, sin compensación alguna, para ayudar a paliar las necesidades sobrevenidas en materia de inmigración”.

Familias separadas

El último ejemplo de confrontación entre autoridades se produjo en Gran Canaria y Fuerteventura, donde la Fiscalía de Las Palmas ordenó la separación de al menos once familias llegadas por mar a la espera de las pruebas de ADN que confirmaran su parentesco. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esta práctica no se aplica. Según Interior, en España solo se debe proceder de esta forma en los casos puntuales en los que existan dudas sobre una alegada relación entre un menor y otra persona. Mientras tanto, el menor permanece a cargo de los servicios de acogida. La denuncia social condujo al fiscal superior de Canarias, Luis del Río, a emitir una instrucción que prohibía estas separaciones, autorizadas solo en los casos en los que circunstancias externas revelen su necesidad.