El Gobierno canario defiende la amnistía fiscal como “la única vía” para evitar “la quiebra” de las sociedades de estiba
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha defendido este martes en el Parlamento regional la condonación de una deuda tributaria de 13,4 millones de euros a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) a través de los presupuestos autonómicos para el próximo año como “la única vía” para impedir “la quiebra insalvable” de estas empresas y los “embargos de nóminas” que afectarían, ha dicho, a más de 800 familias.
“Se trata de un procedimiento excepcional”, ha reconocido la titular de Hacienda, que ha facilitado por primera vez de forma oficial la cifra a la que asciende la inédita amnistía fiscal a las SAGEP. El Ejecutivo ocultó la cantidad en la disposición adicional de las cuentas que contiene la condonación, la número 43, a pesar de que la Ley General Tributaria obliga a cuantificarla, y también negó el dato a este periódico alegando que se trataba de “información reservada”.
En respuesta a una pregunta formulada en la Cámara por Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC), Dávila ha insistido en que la decisión se sustenta en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en mayo de 2017, una resolución que extiende la exención en el pago de impuestos sobre el valor añadido (IGIC en el caso de Canarias) a los servicios subcontratados en las operaciones de carga y descarga de buques afectos a la navegación marítima internacional (las SAGEP ceden trabajadores a las empresas de estiba).
El Gobierno ha decidido perdonar la deuda tributaria a las sociedades de estiba independientemente de la firmeza de las actas de inspección levantadas por los técnicos de la Agencia Tributaria Canaria, que no han ocultado su malestar al sentirse desacreditados. La consejera de Hacienda ha justificado la medida aludiendo al “importante perjuicio” que ocasionaba esa deuda a la estiba, “una infraestructura estratégica” para las Islas. “No podían asumirla y hubieran acabado ganando en los tribunales”, ha anticipado Dávila.
La comparecencia de este martes de la consejera de Hacienda ha introducido, por tanto, nuevos matices al discurso que había mantenido hasta la fecha el Gobierno, que se había limitado a justificar la amnistía por el perjuicio económico que acarrearía a las arcas públicas un proceso judicial que, en su opinión, estaba abocado al fracaso por la resolución adoptada por el TJUE.
“Un mal precedente”
Román Rodríguez, por su parte, ha calificado de “chapuza” la política fiscal del Ejecutivo regional. “La vía de la condonación no es nunca un buen camino”, ha advertido el portavoz nacionalista, que cree que el conflicto debió resolverse por la vía administrativa o por la vía judicial, ya que existen consultas vinculantes y antecedentes en los juzgados.
Para el diputado de NC, esta amnistía constituye “un mal precedente” que, además, “no resuelve los problemas” de las sociedades de estiba, “que no tienen un duro, no tienen patrimonio”. Rodríguez ha recordado que esta condonación tiene una carga fiscal, ya que las empresas deberán declarar esas cantidades como beneficio y, por lo tanto, tributarlas en la liquidación del próximo año del Impuesto de Sociedades. Ha asegurado, además, que el reconocimiento de la deuda les obliga a depositar los 13,4 millones de euros para después devolvérselos, algo que ha negado la consejera de Hacienda.
